En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por la JEP en La Escombrera quedó en evidencia lo que a juicio de las víctimas ha sido una abierta negligencia por parte de la actual Alcaldía de Medellín para reanudar las excavaciones en búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
Nuevamente la discusión volvió a centrarse en el polémico estudio de geotécnica que ordenó la Alcaldía y que tiene retrasado todo el proceso, estudio que las víctimas volvieron a señalarle al magistrado Gustavo Salazar, quien preside este proceso, que fue un embeleco del Distrito y cuya necesidad sigue siendo ampliamente cuestionable.
“La audiencia de seguimiento no debería haber tenido lugar. Y no debería haber tenido lugar porque lo que es increíble es que el poder judicial tenga que estar detrás de las instituciones diciéndoles que cumplan con lo que tiene que cumplir”, dijo el magistrado Gustavo Salazar y le reprochó al alcalde encargado, Óscar Hurtado, que por cuenta de un contrato menor, del informe de geotecnia, el proceso de búsqueda se haya retrasado varios meses. “Necesitamos ponerle una fecha al cierre de ese informe para iniciar la intervención”, replicó el magistrado Salazar.
Hurtado, por su parte, se dedicó en gran parte de su intervención a dar detalles que la víctimas consideraron insulsos, minucias administrativas tras lo cual el magistrado determinó que la fecha para que la Alcaldia entregue ese estudio que permita avanzar finalmente es el 27 de noviembre próximo.
Carlos Bacigalupo, antropólogo de la JEP, dio a conocer que en el último mes identificaron zonas donde se ubicará el campamento del equipo forense que realizará la intervención, las zonas donde se haría la revisión del material excavado, y dos zonas de depósito del material. “Todo esto ha sido confirmado con la empresa El Cóndor. (Esta) tarea la hicimos con autorización de la magistratura para poder usar las áreas más apropiadas en el momento en que inicie la intervención”, añadió el antropólogo forense de la UIA.
El antropólogo le aclaró a las víctimas que el área de intervención se definió de acuerdo con la información que aportaron los exparamilitares en Justicia y Paz, así como información adicional a la que tuvo acceso la JEP.
Pedro Urrego, delegado de Construcciones El Cóndor, señaló en la audiencia que la compañía está dispuesta a facilitar los espacios para el campamento y la disposición de material, de acuerdo con las necesidades del equipo encargado de la intervención y aseguró que El Cóndor tiene voluntad para aportar en la adecuación de vías de acceso y otras obras necesarias para garantizar la intervención en el punto de interés forense donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
Óscar Hurtado tomó la palabra para explicar que la Alcaldía adelantó una articulación entre la Secretaría de No-Violencia y la Secretaría de Infraestructura Física del municipio de Medellín para establecer un cronograma y un presupuesto para llevar a cabo la intervención en la Comuna 13. Pero sobre los problemas de cronograma manifestó que se deben a que algunas de las obras civiles pueden ser ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y las labores de excavación requieren de contratación terceros, razón por la cual se extiende el tiempo de ejecución de la intervención.
Lea también: María Mercedes buscó durante media vida a su hijo hasta que la JEP la ayudó a encontrarlo
El mandatario encargado aseguró a la JEP que en el presupuesto para el próximo año la Alcaldía comprometió cerca de $350 millones para las obras. Aclaró que hay recursos disponibles para ejecutar toda la intervención, que costaría cerca de $4.000 millones.
Pero el magistrado Salazar volvió a reprobar su intervención. “El cronograma se vuelve una agonía. Decir que se inicia en junio del próximo año no puede ser”, dijo el magistrado Gustavo Salazar al alcalde 8e), y agregó que también se deben destinar recursos para la atención integral a las víctimas.
Jurisdicción Especial para la Paz
Luz Yaneth Forero, directora de la UBPD, señaló que la primera fase de intervención forense en La Escombrera y La Arenera podría durar entre 8 y 9 meses y aclaró que en esa primera fase se intervendrá un área priorizada que tiene mayor potencial forense. De acuerdo con los resultados de esa etapa se proyectará la intervención a todo el polígono que protege la JEP con las medidas cautelares. Y ante una nueva excusa de Hurtado sobre la necesidad de contratar la remoción del material removido, Forero le dijo que la UBPD Nosotros asumirá la maquinaria amarilla, “lo que tiene que ver con las excavaciones, con el objetivo de acelerar el proceso de búsqueda”.
Finalmente, el magistrado Gustavo Salazar leyó nuevas órdenes adoptadas por la JEP en el marco de las medidas cautelares de la Comuna 13 y además de reiterarle a Hurtado que tiene que entregar el informe el 27 de noviembre próximo le recordó que en el empalme que se adelanta con el alcalde electo Federico Gutiérrez se tiene que incluir un “informe detallado de esta medida cautelar y de las obligaciones a cargo de la entidad territorial deberá remitir a la sección informe del cumplimiento de esta Orden”, dijo el magistrado.
Las víctimas tienen temor de que la llegada de la nueva alcaldía vuelva a embolatar la búsqueda de sus seres queridos. Temores justificados toda vez que durante la alcaldía de Gutiérrez entre 2016 y 2019 no se movió un dedo por parte de la Alcaldía para cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas.
