Uno de los logros que el exalcalde Daniel Quintero atribuye a su gestión es haber “pacificado a la ciudad”, con base en la reducción del índice de homicidios. Sin embargo, esto se debe a pactos entre las bandas de crimen organizado, que se distribuyeron los negocios y territorios incluso antes de su llegada al poder en 2020.
El Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) indica que en lo corrido de 2023 (con corte al 1 de octubre), se han presentado 277 homicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado iban 287.
Frente a la estadística anual, se tiene que en 2019 hubo 593 homicidios; en 2020, cuando empezó la pandemia de covid-19, fueron 368; en 2021 subieron a 391 y en 2022 bajaron a 358.
En la práctica, la reducción de homicidios comenzó a finales de 2019, cuando las principales estructuras de crimen organizado concretaron un acuerdo de paz clandestino, que redujo sus enfrentamientos en las comunas y todos los municipios del Valle de Aburrá.
De este pacto hicieron parte grupos como “la Terraza”, “los Chatas”, “Caicedo”, “los Pesebreros”, “los Triana”, “Picacho” y “Trianón”, entre otros, en diversas reuniones orquestadas desde las cárceles, según fuentes de las mismas organizaciones.
En abril del presente año, los cabecillas de estos grupos congregados en la mesa de paz con el Gobierno y reunidos en la cárcel de Itagüí, expidieron un comunicado en el que ratificaron que gracias a sus gestiones mermaron los indicadores de homicidios en todo el Valle de Aburrá.
Durante el presente mandato, se redujeron las operaciones contra objetivos de alto valor del crimen organizado, dejando de capturar a los grandes capos que dirigen las cerca de 280 bandas que operan en Medellín. De hecho, según fuentes policiales, ninguna de las estructuras tradicional fue desmantelada.
La floja persecución generó que se afincara la gobernanza que las bandas ejercen en muchos barrios de la ciudad desde hace tres décadas. Tanto así, que la percepción de seguridad de la ciudadanía sigue siendo negativa.
En la más reciente encuesta de percepción de Invamer (agosto de 2023), los entrevistados indicaron que el problema más grave a resolver en la ciudad era la inseguridad, con un 45%, seguido de lejos por el desempleo (14,5%) y la educación (10,3%).
En cuanto a la percepción de la población sobre la seguridad, el 82% estimó que estaba empeorando.
Y es que con la reducción de los asesinatos entre las bandas, aparecieron en escena los crímenes derivados por problemas de mala convivencia. La Alcaldía reconoció que el 57% de los homicidios se deben a temas de intolerancia, según el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo (septiembre 25/23).
El índice de victimización fue tasado en un 40,7%, según Invamer. A la pregunta “¿usted ha sido víctima de alguno o varios de los siguientes delitos en los últimos 12 meses”?, la mayoría de las personas (22,5%) respondió “hurto atraco, cosquilleo raponazo, fraude, engaño, paseo millonario, etc.”.
Sobre ese delito en particular, el Sisc indica que entre el 1 de enero y el 23 de septiembre del presente año se registraron 22.227 hurtos a personas, con un promedio diario de 83,6 casos.
Entre los logros a reconocer, están el incremento en el índice de esclarecimiento de homicidios, que ascendió a 45%, según la Secretaría de Seguridad; y las mejoras en otros indicadores de hurtos, como el del comercio, automotores y residencias.
Sin embargo, estos terminaron opacados por una estrategia general de seguridad que la ciudadanía siempre le cuestionó, como la compra injustificada de cámaras de videovigilancia móvil, que Quintero llamaba “robocops”, y cuyo software no se pudo integrar totalmente con el del sistema de emergencias del 123.
O los llamados “abrazos”, con los que rodearon de vallas policiales el parque de Botero, el Lleras y el bulevar de la 68 en Castilla, que lo único que hicieron fue desplazar los delitos tradicionales a los alrededores.
