Hace algunas semanas se conoció que ya eran por lo menos cuatro exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero los que aterrizaron en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien esa administración le hizo campaña durante las elecciones presidenciales de 2022. Este lunes 8 de abril se supo que Juan Pablo Ramírez, uno de los más cercanos al exalcalde, está en proceso para ser contratado en un puesto del Ministerio de Hacienda.
Según los datos cargados a la plataforma de la Función Pública, Ramírez aspira a quedarse con el cargo de subdirector general de Normalización de Expedientes Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), adscrita al MinHacienda.
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Ramírez es uno de los más cercanos y polémicos alfiles de Quintero. Comenzó como su secretario de Participación, luego pasó a ser secretario de Inclusión Social; renunció en marzo de 2022 para abanderar la campaña de Gustavo Petro en Medellín, y regresó como secretario de Gobierno a la administración distrital, en octubre de ese mismo año.
Después, volvió a renunciar en mayo de 2023 para apoyar las campañas a las elecciones territoriales del 29 de octubre pasado, lo que demostró que la alcaldía pasada fue una puerta giratoria y tuvo un gabinete muy inestable, pues fueron múltiples las renuncias y salidas de funcionarios de primer nivel.
Tras conocerse la noticia, la abogada Gloria Jaramillo recordó en sus redes sociales que, al igual que varios de los otros que han llegado al gobierno de Petro, Ramírez se encuentra inmerso en un proceso penal y disciplinario, como presunto responsable de constreñimiento por la recordada denuncia que hizo en 2021 una exdirectora de la pasada administración en la que asegura que Ramírez les habría pedido dinero a ella y otros funcionarios para apoyar el proyecto político a largo plazo de Daniel Quintero.
El 21 de marzo de 2024, la Personería de Medellín desarchivó la investigación con la que se busca esclarecer si Ramírez, su exsubsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín Correa, y el exsubsecretario de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo Bolívar, tendrían responsabilidad en dicha denuncia, que fue presentada por Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad de Niñez.
Según su relato, que también puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en 2021, siendo directora, fue citada con otros directivos a una reunión en la que les habrían quitado los celulares y a puerta cerrada les hablaron de cómo debían sumarse al proyecto del movimiento Independientes con miras a que Quintero pudiera ser presidente en 2026. Esto era, afiliándose a una cuestionada ONG y aportando sumas de dinero.
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Asimismo, se adelanta una indagación en la Procuraduría, en la que Ramírez es uno de los implicados por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo entre Plaza Mayor y la Secretaría de Participación.
Los otros exfuncionarios
Por su lado, otros exfuncionarios de la pasada administración de Medellín han tocado la puerta del gobierno nacional. Una de ellas es Juliana Colorado, exsecretaria de Medio Ambiente, quien llegó al Departamento de la Prosperidad Social (DPS), desde diciembre de 2022, tras renunciar a su cargo en Medellín para hacerle campaña a Petro.
Wilder Echavarría, exdirector de la EDU y exvicepresidente ejecutivo de Proyectos e Ingeniería de EPM, aterrizó en marzo de este año como asesor del Ministerio de Minas y Energía. Sergio López, exdirector de Planeación de Medellín, también llegó a asesorar el Ministerio de Salud, también en marzo pasado. Y, finalmente, Jhonatan Villada, exvicepresidente de Asuntos Legales de EPM, tocó las puertas de la Aeronáutica Civil para el cargo de director regional.
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Villada, quien cuenta con gran experticia en contratación estatal, fue muy cuestionado porque en menos de dos años escaló vertiginosamente y llegó a un puesto de salario millonario en EPM, empresa que estuvo sumida en múltiples escándalos en la era Quintero.
Por su lado, Echavarría carga con denuncias de una presunta mala gestión en la EDU, donde impulsó polémicos cambios en el manual de contratación, el más sensible el de aumentar el monto para la realización de contratos bajo el modelo de invitación privada de los $454 millones a $9.085 millones, y durante su gerencia dejó pérdidas a la entidad.
Por lo pronto, en Medellín esperan el avance de las múltiples investigaciones que avanzan en la Fiscalía y órganos de control por presunta corrupción en diversas entidades mientras Quintero fue alcalde.
