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Personería abrió investigación contra de exdirector de la EDU de Quintero por presunta corrupción

Wilder Willer Echavarría, hoy investigado por la Personería, salió de la Alcaldía de Medellín a trabajar en el gobierno nacional del presidente Petro.

  • Wilder Echavarría, exgerente de la EDU, es uno de los investigados por la Personería Distrital de Medellín. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Wilder Echavarría, exgerente de la EDU, es uno de los investigados por la Personería Distrital de Medellín. FOTOS: Tomadas de redes sociales
  • Wilder Echavarría y Jorge Andrés Carrillo. FOTO: Tomada de LinkedIn
    Wilder Echavarría y Jorge Andrés Carrillo. FOTO: Tomada de LinkedIn
02 de diciembre de 2024
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La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, inició Investigación Disciplinaria en contra de Wilder Willer Echavarría Arango, ex gerente de la EDU; Mónica Marcela Vélez, Carlos Mauricio Suárez Mullet y Maria Natalia Pantoja, quienes ostentaban el cargo de supervisores del contrato 3302-39 de 2020, y el señor Juan Fernando Castro Beltrán, quien fungía como interventor del mismo, cuyo objeto era la Construcción de obras preliminares para el centro intergeneracional Moscú, en el municipio de Medellín.

Entérese: Destapan la olla podrida en la EDU: entidad se desangró con contratos chuecos y tiene déficit de $14.000 millones

Hay que recordar que Wilder Willer Echavarría fue el gerente que cambió el manual de contratación de 2021, para aumentar en 1.900% el tope para entregar contratos a dedo por debajo de los $10.000 millones. Tras su salida de la EDU, Quintero puso a Echavarría como vicepresidente de Proyectos e Ingeniería en EPM y, una vez terminado su gobierno, llegó a trabajar como asesor del Ministerio de Minas.

Este contrato se realizó bajo la modalidad de precios unitarios con un valor inicial de $436.179.470 con un plazo inicial de 60 días. Sin embargo, se realizaron dos adiciones por un valor total de $1.106.392.007 (más del doble del valor inicial), que fueron distribuidas en una primera adición por $ 814.276.006 y una segunda por $ 292.116.001, para un valor total de $ 1.542.568.477.

Además, se hicieron cinco ampliaciones en el tiempo: la primera adición de 90 días, la segunda de 30 días, la tercera de 75 días, la cuarta de 19 días y una quinta de 45 días, para una ampliación total de 259 días, motivo por el cual se habría presentado un caso de ineficiencia en el control y poca vigilancia por parte de la de la interventoría al igual que la falta de planeación por parte de funcionarios de la EDU.

Wilder Echavarría y Jorge Andrés Carrillo. FOTO: Tomada de LinkedIn
Wilder Echavarría y Jorge Andrés Carrillo. FOTO: Tomada de LinkedIn

“Una vez adelantada la etapa investigativa, el delegado instructor del proceso con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión que en derecho corresponda, esto es formular pliego de cargos o archivar las diligencias”, agregó la Personería en un comunicado.

La olla podrida que dejaron en la EDU

La administración de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, que llegó este año denunció que recibió la empresa con un déficit para este 2024 cercano a los $14.400 millones compuesto por millonarias facturas de vigilancia, aseo, nómina, entre muchos otros gastos y servicios, que fueron engavetados para que los pagara esta nueva administración.

Una de las primeras medidas que tomó la nueva dirección fue echar para atrás esa modificación en el manual de contratación que permitió que se entregaran miles de millones de pesos en contratos directos con adiciones en tiempo y plata ilimitadas.

Siga leyendo: Contratistas mimados de la EDU en la era Quintero también facturaron con Olmedo López

Según se desprende de varios documentos internos, muchas otras obras, por ejemplo, fueron contratadas sin que ni siquiera se tuvieran subsanados los requisitos para arrancar con los trabajos, como ocurrió con las obras viales de la Avenida 34, que a pesar de ser firmadas en una carrera contra el reloj en diciembre de 2023, no tenían licencia ambiental en regla y tuvieron que ser suspendidas.

Asimismo, otro contrato firmado con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) habría terminado suscribiéndose sin que el presupuesto estuviera garantizado. En la letra menuda, otros contratos han terminado volviéndose una bomba de tiempo en materia legal y financiera.

Uno de los principales escándalos fue el de los arreglos de los colegios públicos de la ciudad, pues pese a que la ciudad financió mantenimientos y reformas en 411 sedes, comprometiendo incluso recursos de vigencias futuras, las mismas tenían un retraso general de por lo menos el 77%. Muchos de esos contratos, según la nueva administración, quedaron con cláusulas que le han dado margen a los constructores para manejar cronogramas vagos y amplios y que han reducido el margen de maniobra de la EDU para hacer reclamos.

Además de estos líos, la entidad descubrió que en medio de la cascada de obras que se adjudicaron en el cuatrienio anterior, muchas ni siquiera se firmaron respetando los márgenes mínimos de rentabilidad de la entidad.

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