El contrato, en el que también participó Plaza Mayor, fue firmado durante la gestión del hoy concejal de Medellín Juan Carlos Upegui.
La Personería de Medellín abrió una investigación con la que se busca esclarecer la ejecución de un convenio interadministrativo de $1.000 millones firmado entre la Secretaría de la No Violencia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Plaza Mayor en 2021.
Pese a que por ahora el ente se ha reservado detalles del caso, informó que se trata de un convenio identificado como el 937/460009178 y que tenía como objeto el apoyo a una estrategia de construcción de paz territorial, derechos humanos y convivencia.
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De acuerdo a lo informado por el ente, en medio de esas pesquisas se identificarán a los funcionarios que se encargaron de firmar y ejecutar ese contrato, con miras a decidir si se abre un proceso disciplinario en su contra y se formulan cargos.
“Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los sujetos disciplinables se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria o el archivo del proceso”, informó el órgano de control.
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Esta decisión de la Personería aparece tres semanas después de que la nueva directora del Área Metropolitana, Paula Andrea Palacio Salazar, rindiera un informe público en el que denunció por lo menos 13 presuntas irregularidades en ese ente durante el cuatrienio anterior, que habrían sido identificadas en medio del proceso de empalme y una auditoría similar a la emprendida al interior de la Alcaldía de Medellín.
Dentro de esas presuntas irregularidades, Palacio aseveró haber detectado inconsistencias en contratos firmados entre el Área y la Secretaría de la No Violencia, entidad a cargo en el gobierno pasado del hoy concejal Juan Carlos Upegui, cuestionado desde el momento de su nombramiento por ser primo hermano de Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero.
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En el caso del Área, dicho periodo corresponde a la gestión del exdirector Juan David Palacio Cardona.
Según denunció Palacio Salazar en abril pasado, aquellos contratos carecerían de soportes que dieran cuenta de cómo se ejecutaron los recursos. Asimismo, señaló que muchas actividades logísticas comprendidas en el convenio fueron posteriormente tercerizadas.
