Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) actualizó los presuntos sobrecostos que se habrían producido en medio del cuestionado contrato firmado por la Corporación Colombia Avanza y la Secretaría de Educación de Medellín, el mismo que terminó dejando bajo prisión domiciliaria a la exjefa de esa última cartera Alexandra Agudelo.
Pese a que el documento se convirtió desde el pasado fin de semana en el nuevo caballito de batalla del exalcade Daniel Quintero para asegurar que no se cometieron inconsistencias, el informe concluyó que sí hubo presuntos sobrecostos en por lo menos tres de los cuatro ítems que desde 2022 son analizados con lupa por los órganos de control.
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El exmandatario cacareó e impulsó la narrativa de que el caso se había cerrado, sin embargo, el documento no constituye una decisión en firme y nada tiene que ver con el proceso penal que adelanta la Fiscalía, en el que ya fueron imputados cuatro delitos y está a las puestas de una acusación formal.
Lo que dice el informe
El documento en cuestión comenzó a circular desde la tarde del pasado domingo 15 de octubre, cuando el medio Minuto30 lo publicó en su sitio web, presentándolo como una prueba de que no hubo corrupción en ese caso. Un día después, el exalcalde Daniel Quintero publicó en sus redes sociales un video mostrando el mismo informe con algunos apartes señalados, también asegurando que el mismo sería una supuesta prueba reina de la inocencia de su exsecretaria Agudelo.
“Nunca hubo sobrecostos en el programa de Buen Comienzo y menos en el contrato de Colombia Avanza”, expresó el exmandatario, en un pronunciamiento en el que mezcló algunos hechos ciertos, con interpretaciones engañosas.
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El documento, que tiene una extensión de 120 páginas y aparece con fecha del 6 de octubre, es un informe de apoyo técnico en el que la CGR cotejó los cálculos realizados en 2022 por la Contraloría de Medellín, en los que se formuló un presunto sobrecosto por $2.333 millones.
Luego de que el pasado 24 de abril la CGR declarara dicho caso como de importancia nacional y decidiera centralizar en Bogotá la investigación, los servidores de ese ente nacional se dieron a la tarea de volver a revisar los soportes del contrato para cotejar esa cifra.
Los $2.333 millones de presuntos sobrecostos calculados por la Contraloría local fueron desagregados en cuatro ítems principales: paquetes alimentarios, por $756 millones; contratación de personal, por $1.326 millones; materiales, por $28 millones; y gastos generales (que agrupa gastos de arriendo, servicios públicos y otros implementos) por $222 millones.
En esos cuatro ítems, en resumen, dichos sobrecostos fueron calculados comparando la estimación inicial que hizo Colombia Avanza en su propuesta con los pagos finalmente desembolsados por la Secretaría de Educación de Medellín.
En su nuevo cálculo, la conclusión a la que apunta ahora la CGR es que se habrían incurrido en presuntos sobrecostos en tres de esos cuatro ítems.
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Si bien, en efecto, en el informe se planteó que no se habrían producido sobrecostos en los paquetes alimentarios, señalando que el valor pagado por los mismos habría estado por debajo de los cálculos presentados en la propuesta precontractual de Colombia Avanza, consideró que sí se habrían producido presuntos sobrecostos en contratación de personal por $160 millones; en materiales y dotación por $24 millones; y en gastos generales por $20 millones.
Proceso sigue abierto
Además de esos presuntos sobrecostos, otra afirmación engañosa en la que incurrió la Alcaldía de Medellín fue la de presentar dicho informe como una absolución.
Según advirtió la CGR al ser consultada sobre el tema, pese a la filtración del informe, el mismo no ha sido publicado oficialmente porque no constituye decisión alguna frente al proceso, ya que el mismo continúa su curso.
Por otra parte, tal como lo han advertido varias de las veedurías que hicieron las denuncias que terminaron en las investigaciones, es que el proceso fiscal adelantado por la Contraloría General avanza de forma independiente al proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en los que ese ente imputó delitos que trascienden los presuntos sobrecostos y que fueron los que tuvieron a la exsecretaria Agudelo bajo detención domiciliaria.
“A todas luces es erróneo el comunicado de la Alcaldía, porque el proceso en la Fiscalía continúa y en la Procuraduría también hay abierta una investigación contra la exsecretaria”, apuntó la vocera de la veeduría Todos Por Medellín, Piedad Patricia Restrepo.
Por el frente penal, cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
Dentro del material probatorio revelado por el ente acusador en el proceso, uno de los elementos de mayor fuerza fueron varios audios de llamadas interceptadas por los investigadores en los que personas que participaron de la ejecución del contrato hablaban de la eliminación de videos de cámaras de seguridad en los que, a su vez, habría quedado el momento en los que se eliminaban facturas y rastros contables del contrato.
