En las últimas horas, se conoció el aplazamiento de la audiencia programada para las 2:30 p.m. de este martes 25 de marzo para la imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros exfuncionarios por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción, en medio del entramado de corrupción que habrían armado en torno al megalote Aguas Vivas y que, bajita la mano, habría generado un detrimento de casi $48.000 millones al Distrito.
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Una de las dos razones que le presentaron al Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías para solicitar reprogramar la audiencia fue la celebración de los grados de maestría de la abogada defensora de Fabio Andrés García, exsecretario general de Quintero y uno de los involucrados en este caso. El otro argumento fue que el defensor del exalcalde indicó que debía preparar la defensa técnica para el caso, porque “apenas había asumido el poder como su defensor (de Quintero)”.
¿Quién es Luis Antonio Hernández Barbosa, abogado defensor de Daniel Quintero?
¿Pero quién es el abogado del exalcade Daniel Quintero que solicitó aplazar la audiencia de imputación por este sonado caso de presunta corrupción en Medellín? Se trata de Luis Antonio Hernández Barbosa, quien ha ejercido múltiples cargos dentro de la rama de justicia colombiana, entre las que se cuentan cargos en la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
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Hernández Barbosa se graduó como abogado de la Universidad Libre de Colombia, es especialista en derecho penal de la Coruniversitaria de Ibagué, es juez de carrera y fue juez de instrucción criminal. Además, tuvo un paso importante por la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como magistrado auxiliar y ante la cual fue también fiscal auxiliar. Asimismo, fue director seccional de Fiscalías de Medellín.
En la Corte Suprema de Justicia, Hernández Barbosa también ocupó hasta hace un año el cargo de magistrado de la Sala de Casación Penal, donde ejerció incluso como presidente de la Sala. Hernández fue asimismo el magistrado que lideró la Sala de Instrucción que tenía la tarea de investigar el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’, en el que se ha dicho que se pagaban millonarias sumas de dinero para direccionar procesos judiciales.
En marzo de 2021, Hernández Barbosa generó polémica por unas declaraciones que dio, cuando aún era parte de la Corte, respecto al caso judicial del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal, lo que para muchos fue considerado como una forma de coacción a los jueces que llevaban el caso en ese entonces, si bien, el exmagistrado negó que así fuera.
Entre tanto, el exmagistrado que ahora defiende al exalcalde Quintero, sobre cuyo gobierno pesan múltiples denuncias por presunta corrupción, ha tenido a su cargo cátedras relacionadas con procedimiento penal y jurisprudencia en diversas universidades del país.
Ahora, se está a la espera de que se entregue la fecha para realizar la aplazada audiencia de imputación, un trámite que debe ser de urgencia, según la jueza que avaló la solicitud de reprogramación. Desde la semana pasada, la Fiscalía tiene lista una imputación contra el exmandatario Quintero y otros de sus exfuncionarios, a los que señala como presuntos responsables de los delitos ya mencionados.
Concretamente, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
Pero además aparecen vinculados al proceso José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y Juan Manuel Villegas Márquez.
Todos son señalados del presunto entramado alrededor del lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y el alto Las Palmas, con el que habrían pretendido hacer tremendo negociazo en la administración de Quintero.
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