En poder de la Fiscalía General de la Nación y los demás órganos de control reposa un nuevo expediente que podría abrir otro frente investigativo sobre el millonario contrato con el que se estructuró el programa Computadores Futuro, una de las iniciativas bandera del exalcalde de Medellín Daniel Quintero durante el cuatrienio pasado.
Aunque desde 2022 la adquisición de dichos equipos ya venía despertando alertas, principalmente por problemas logísticos y múltiples retrasos, una serie de documentos que vieron la luz en medio del proceso de empalme apuntarían a que el contratista que se quedó con la jugosa compra podría haber presentado precios artificialmente bajos en la subasta en la que se adjudicó el contrato y luego impulsó múltiples modificaciones contractuales que terminaron engordando los costos para el Distrito.
Y es que pese a ser adjudicado desde septiembre de 2021, por un valor de $80.000 millones y un plazo inicial de tan solo siete meses, el polémico contrato terminó creciéndose a más de $118.000 millones y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del año pasado, por cuenta de una serie de adiciones y otrosíes que contaron con la bendición de la administración Quintero.
Además de esos cambios, otra de las movidas que han despertado alertas consiste en una luz verde que obtuvo el contratista, directamente desde la Secretaría General de la Alcaldía, para cambiar la marca y la referencia de los portátiles que ofreció antes de quedarse con el contrato, pese a tener especificaciones técnicas diferentes a las pactadas.
Precisamente a estos indicios, que hacen parte de un grupo de nuevas denuncias formuladas por la administración entrante por presunta corrupción en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y proyectos como la recuperación de la Biblioteca España, se refirió el secretario de Gobierno, Nicolás Ríos, instando a los órganos de control a ponerle lupa al tema.
“No hay programa que se salve. Los Computadores Futuros es un tema que también está hoy con presuntas situaciones graves de corrupción en la adjudicación y que también ya están en poder de las autoridades. Hay una modificación en las especificaciones técnicas después de adjudicado el contrato, es abiertamente ilegal”, aseveró el funcionario.
El germen de las dudas
Para comprender en qué consisten los nuevos indicios que salieron a flote hay que remontarse a mediados de 2021, cuando la Alcaldía abrió un proceso para escoger una empresa que se encargara de comprar los Computadores Futuro.
Dicho proceso, identificado como el 0009014217 de 2021, decidieron lanzarlo bajo una modalidad de contratación conocida como subasta inversa, que en resumidas palabras consiste en poner a competir a un grupo de oferentes buscando quién entrega el valor más bajo, esto con miras a hacer más eficiente el gasto de los recursos públicos.
A esa subasta se presentaron cinco empresas, identificadas como Uniples S.A.S., Sumimas S.A.S., Unión Temporal Nexcomputel, Nueva Era Soluciones S.A.S. y Colsof S.A.S.
El 27 de agosto de 2021, la Alcaldía hizo la apertura del sobre económico de los proponentes y el 30 de agosto finalmente realizó la subasta inversa a través de una videoconferencia.
Según quedó plasmado en los documentos del contrato, la oferta más económica fue presentada por Colsof S.A.S., que aseguró estar en capacidad de vender a la Alcaldía cada computador por un valor de $1.087.386. En segunda posición quedó la firma Nueva Era Soluciones S.A.S., que ofertó un valor unitario de $1.098.370.
Aunque siguiendo la lógica de este tipo de concurso el contrato debería haber sido entregado inicialmente a la firma Colsof, luego de la subasta el Distrito le pidió a esa empresa aclarar cómo era posible que estuviera en capacidad de sostener esos valores, al parecer considerando que habría riesgo de que los precios podrían ser artificialmente bajos.
Pese a que esta envió una sustentación de sus precios el 31 de agosto, el comité evaluador la consideró insuficiente. “No se explicaron las razones que sustentan el valor ofrecido, ni se realizó la desagregación por cada ítem”, consideró este comité.
Tras ser sacada del proceso, la firma que ocupaba el segundo lugar, Nueva Era Soluciones, se posicionó como la primera opción de la Alcaldía.
De esta movida se desprende una de las alertas entregadas por la administración de Federico Gutiérrez a los órganos de control, ya que según aparece en los documentos del contrato, la Alcaldía también habría solicitado a Nueva Era Soluciones sustentar los cálculos de sus precios.
Aunque en la resolución de adjudicación, la Secretaría de Suministros y Servicios, entonces bajo el mando de Karen Bibiana Delgado Manjarrés, plasmó haber recibido respuesta el 2 de septiembre y consideró que todo estaba en regla, más de dos años después esa sustentación clave desapareció de los expedientes del contrato.
En medio de las pesquisas que hoy vienen realizándose, dicho documento es crucial, dado que muy poco tiempo después de adjudicado el contrato empezaron los problemas que terminaron elevando el valor del contrato y los plazos.
El 3 de septiembre de 2021, la Secretaría de Suministros y Servicios adjudicó el contrato a Nueva Era Soluciones (NES), por un valor de $80.0000 millones y un valor unitario de $1.098.370.
Cambios a manos llenas
Poco después de la firma del contrato, la compañía escogida, que en su certificado de existencia y representación aparece con su domicilio principal ubicado en el municipio de Cota (Cundinamarca), pasó rápidamente del optimismo a mostrarse angustiada por múltiples problemas logísticos.
A poco menos de dos meses de la adjudicación, según aparece en los informes de supervisión, el 27 de octubre de 2021 el equipo directivo de NES envió una comunicación escrita al equipo supervisor del contrato pidiendo pista para hacer un primer cambio.
Aludiendo a los embates de la pandemia del coronavirus, que para entonces ya completaba más de año y medio, la firma señaló ahora estar preocupada por el riesgo de no conseguir en el mercado la referencia de computadores que había prometido en su oferta y le pidió a la Alcaldía revisar otras cinco nuevas referencias.
Además de la pandemia, la crisis de los contenedores y la escasez que en aquel momento había en el mercado de algunos componentes tecnológicos, otro de los argumentos que entregó Nes para pedir ese cambio fue que a finales de agosto, cuando pensó haber quedado en segundo lugar, supuestamente habría liberado unos equipos que precisamente tenía reservados para respaldar su propuesta.
Durante los últimos meses de 2021, la firma siguió pidiendo más cambios, como por ejemplo reajustar los valores de los equipos, señalando que no se habría contemplado el IVA que se derivaría del arrendamiento de una bodega. También pidió permiso para ceder los derechos económicos del contrato a favor de una fiducia y más adelante también empezó a pedir que se modificara el cronograma de entrega.
Toda esta cascada de pedidos comenzó a ser analizada por la Alcaldía, que al final terminó dando luz verde tanto para modificar el cronograma como para efectuar la cesión de los derechos económicos a la fiducia.
En el caso de la compra de nuevos equipos, el punto más sensible, en el expediente puede leerse que la solicitud fue escalada a varias dependencias.
El 7 de diciembre, la pelota llegó a la Secretaría General, desde donde la entonces secretaria encargada Natalia Andrea Jiménez Pérez dio luz verde para comprar una referencia diferente a la incluida en la oferta, precisando que los requerimientos mínimos incluidos en la ficha técnica debían ser respetados.
Durante los meses y años siguientes, la Alcaldía siguió dando su bendición para efectuar más y más cambios.
Tan solo en materia financiera, de los $80.000 millones iniciales, la Alcaldía luego efectuó una adición de $32.000 millones y luego una más por $6.365 millones, cifras que se traducen en un incremento del valor original de al menos un 42,57%.
Por otra parte, en términos del cronograma, la Alcaldía también dio su beneplácito para que la fecha de entrega se fuera moviendo.
Pese a que el contrato original tenía un plazo de siete meses contados a partir de la firma del acta de inicio, el mismo se amplió hasta el 31 de agosto de 2022, luego para el 31 de octubre de 2022, luego hasta el 31 de mayo de 2023, luego hasta el 31 de agosto de 2023 y finalmente hasta el pasado 31 de diciembre de 2023.
Alertas bajo la lupa
Con base en este panorama, las alertas enviadas por la nueva administración a los órganos de control van por varios frentes.
En primer lugar, uno de los interrogantes principales es por qué precisamente del expediente del contrato se esfumó el documento en el que Nueva Era Soluciones explicaba a la Alcaldía cómo los precios ofertados en la subasta y los detalles de su propuesta estaban probados, a pesar de que a escasos meses de ser seleccionada empezó a pedir comprar computadores distintos y más tiempo para entregarlos.
Por esa misma vía, otra duda para la Alcaldía es si la firma escogida sí cumplía con los requisitos para quedarse con el contrato, ya que no tendría sentido pedir cambios en los equipos a comprar escasas semanas después de ganar la subasta. Esta movida que abriría la duda de si en la subasta se presentaron precios artificialmente bajos, para presuntamente sacar del camino a los demás competidores.
En materia interna, un interrogante adicional se cierne sobre las dependencias que estaban a cargo de supervisar y acompañar dicho contrato, que en este caso fueron la Secretaría de Educación, entonces a cargo de la hoy imputada exsecretaria Martha Alexandra Agudelo Ruiz, y la Secretaría de Suministros y Servicios, entonces a cargo de Karen Bibiana Delgado Manjarrés.
A la luz de tantos problemas, la pregunta que pesa sobre ambas funcionarias y sus subalternos es por qué desde esas dependencias no se habría declarado el incumplimiento del contrato y sancionado la firma escogida por no cumplir con lo prometido en su propuesta original.
Pese al surgimiento de estos nuevos detalles, cabe recordar que esta no es la primera vez que el programa Computadores Futuros está en el ojo público por problemas.
Esta iniciativa, que fue una de las estrategias mediáticas más importantes del exalcalde Daniel Quintero para promocionar su gestión, fue objeto de críticas sobre todo por su atropellado proceso de entrega y denuncias de estudiantes que, tras advertir problemas técnicos, sufrían dificultades para recibir soporte ante un daño parcial o total.
En noviembre de 2022, por ejemplo, este diario reseñó que esa ausencia de soporte de la Alcaldía terminó generando que beneficiarios formatearan sus computadores por cuenta propia.
En aquel entonces, estudiantes y acudientes alegaban que ni la Alcaldía ni los centros de soporte asignados a las instituciones respondían con diligencia a los pedidos de usuario y contraseña, información indispensable para poder usar los equipos.
De igual forma, redes sociales como Instagram y TikTok, terminaron inundadas de testimonios y hasta tutoriales en los que los estudiantes narraban cómo habían devuelto por cuenta propia los equipos a sus estados de fábrica para poder usarlos; un lío que también terminó echando por la borda recursos que la Alcaldía se gastó para instalar software con fines educativos y que imponían algunas restricciones de navegación.
Así las cosas, quedará entonces en manos de los órganos de control revisar a fondo un caso que cada vez parece dejar dudas más oscuras.
