La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este martes, a través de la Seccional Medellín, que tiene abiertas dos investigaciones por casos relacionados con Ruta N, entidad del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que forma parte del conglomerado público de Medellín.
“Tenemos aperturadas dos noticias criminales en este momento”, indicó Ricardo Romero, director de Fiscalías de Medellín, pero señaló que no puede dar más información ni detalles de los presuntos delitos.
Por el momento, se sabe que estas investigaciones estarían relacionadas con el escándalo de los presuntos incumplimientos en el pago a los beneficiarios del proyecto de apoyo a emprendedores, en el que estallaron además denuncias sobre el presunto pago de coimas a funcionarios de Ruta N.
EL COLOMBIANO conoció, en septiembre pasado, el caso de emprendedores que ganaron el reñido concurso que prometía entregarles un capital semilla de $50 millones para impulsar sus ideas de negocio, pero que, en vez de ser beneficiados, quedaron atrapados en una red de mutuas acusaciones entre Ruta N y un contratista de la entidad.
Los jóvenes emprendedores ganadores del concurso se quejaron porque no recibieron los pagos prometidos tras ganar la convocatoria en la cual invirtieron todos sus esfuerzos y tiempo. Esto, sin contar que ya habían comprometido dinero con empresas con las cuales tenían proyectado hacer crecer sus ideas de negocio.
El asunto es que Ruta N y la contratista Fundación Ibser comenzaron un cruce de señalamientos y acusaciones, incluso en comunicados y oficios que fueron conocidos por este medio. También se conoció que los pagos del contrato, de $1.172 millones, fueron suspendidos abruptamente.
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“Las mentiras y obstáculos presentados por parte de la Corporación Ruta N en contra de la Fundación Ibser en varios procesos contractuales tienen su génesis en que la Fundación Ibser no accedió al pago de una coima exigida por funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Ruta N”, aparece en un oficio emitido por la misma fundación, en el que, además, amenaza con emprender “demandas civiles y denuncias penales”.
Es este uno de los puntos que investigará el ente acusador y deberá evaluar la respuesta de Ruta N ante estos señalamientos, pues en el mismo paquete de documentos que se enviaron las dos entidades, hay un oficio emitido en el que le echa el agua sucia al contratista y sostiene que la suspensión de los pagos del contrato en cuestión se produjo por su incumplimiento a varios requisitos pactados, relacionados con la entrega de informes de ejecución y el manejo de los recursos desembolsados.
La génesis de los problemas
El proyecto en cuestión es la ruta emprendedora de los Centros del Valle del Software, que se estructuró a través de una convocatoria pública en la que esa corporación escogió un operador privado para que se encargara de desarrollar un programa de acompañamiento empresarial.
Tal como puede leerse en los contratos, dicho operador tendría la responsabilidad de diseñar un concurso en el que varios emprendedores de la ciudad pudieran presentar sus ideas, mejorarlas y al final tener la posibilidad de acceder a un capital semilla de $50 millones, ofrecido como premio para los tres mejores.
Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, meses en los que se desarrolló el concurso, los emprendedores no notaron dificultades, pero las cosas cambiaron a partir del 29 de marzo, cuando tres proyectos fueron escogidos como ganadores del concurso y del capital semilla de $50 millones.
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Y ahí comenzó una cadena de trabas para recibir el dinero prometido. Fue cuando los jóvenes emprendedores buscaron respuestas que explotó el escándalo. A través de derechos de petición a Ruta N, se dieron cuenta de que había problemas para el pago prometido. Ruta N alegó en sus respuestas incumplimientos de Ibser. Entonces, los jóvenes enviaron peticiones también a esta fundación y se enteraron, con una de sus respuestas, del señalamiento más grave: la fundación aseguró que los problemas en la ejecución del contrato habrían aparecido cuando esa organización se habría negado a pagar un soborno exigido por funcionarios activos y exfuncionarios de Ruta N.
“Ibser ha tenido conocimiento de por lo menos tres redes de corrupción que confluyen hoy en la Corporación Ruta N y que permean el accionar de directivos y funcionarios de diferentes niveles en dicha corporación”, aseveró la fundación en su respuesta, en la que alegó que tras haberse negado a pagar dicha coima se habrían suspendido los pagos del contrato.
Ahora, esto y otros detalles que se encuentran en el expediente es lo que tendrá que confirmar la Fiscalía con la investigación que abrió.
