Seguramente National Geographic encontraría en los centros transitorios de Medellín bastante material para las pavorosas historias que relata en su serie “Presos en el extranjero”.
De las 2.084 personas retenidas en los centros de detención transitoria de la ciudad, 228 son extranjeros, lo que en sí ya es un problema grande para muchos de ellos por la imposibilidad de tener familiares como apoyo ante la situación o desconocimiento para solicitar un debido proceso.
Pero para 161 de ellos el panorama es todavía más oscuro porque no tienen los documentos de migración necesarios para que puedan ser trasladados a centros carcelarios. El catolicismo tiene una definición que les calza perfectamente: están en el limbo.
Los centros de detención transitoria no están diseñados para la reclusión por largos periodos de tiempo y fueron creados para detener a las personas por un término no mayor a 36 horas. Pero entre estos 161 detenidos hay quienes han pasado semanas y seguirán por un largo rato a menos que definan los líos con sus documentos de migración, necesarios para que puedan ser trasladados a centros carcelarios.
El problema es cómo van a lograrlo, pues 121 de ellos no arrojan ningún resultado de la búsqueda de una identificación biométrica en las bases de datos de la Registraduría, y tampoco cuentan con un documento migratorio. Son fantasmas atrapados en el limbo del sistema penal colombiano.
Lo que explicó Angélica Patricia Angulo López, líder del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario de la Personería, es que cuando la policía presenta a la persona detenida a los centros carcelarios, el Inpec inmeditamente frena el proceso por la falta del documento “no hit”, que es el documento que registra las huellas de la persona y la web service en los nacionales, mejor dicho, la cédula original. Por eso el Inpec no los registra en su sistema y se niega a ingresarlos a un centro carcelario a pesar de tener ya orden de traslado.
Después de eso, el proceso siempre es el mismo: de regreso a una estación de policía o algún otro centro transitorio, muchos de los cuales no tienen ni siquiera agua potable para las necesidades más básicas de cualquier ser humano, por lo que a las personas que se mantienen allí les toca hacer vaca para pagar baldes de agua, en el caso de los extranjeros que no tengan ni una moneda ni respaldo de algún familiar ya se puede imaginar cómo son sus días en estos sitios.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Alcaldía de Medellín, entre otras instituciones, aseguran que están investigando la situación y haciendo todo lo posible para que a estos venezolanos, mexicanos, ecuatorianos, así como un español y un japonés, embalados tras las rejas sin papeles, no se les vulneren sus derechos y puedan finalmente ser trasladados.
“Se hace el llamado a entidades como Migración Colombia y a la Seccional de Investigación Judicial – SIJIN - para que emprendan las acciones y estrategias encaminadas a reducir los tiempos de expedición de la documentación requerida por el Inpec y se logre prontamente la recepción de personas extranjeras detenidas en estaciones de policía y centros de detención transitorios del Distrito de Medellín, a los diferentes establecimientos de reclusión a cargo del Inpec”, fue el pedido enfático de la Personería.
Lo que padecen estos 161 extranjeros privados de su libertad es apenas una de las aristas de un problema mucho más grande que apenas empieza a asomar a la superficie.
La llegada masiva de extranjeros, ya sea en búsqueda de residencia permanente (como gran parte de los venezolanos), tránsito parcial como el caso de los ecuatorianos y haitianos o los turistas ocasionales que aterrizan por miles cada mes en la ciudad está generando una presión adicional al colapsado sistema penal.
Caer tras las rejas en Medellín se ha convertido en una posibilidad cada vez más factible para muchos extranjeros. Solo en el llamado Bronx, ese sector de Cúcuta con La Paz, en el Centro que terminó convertido en el infierno más visible de consumo de drogas y degradación humana en la ciudad, hay cerca de 40 extranjeros atrapados en los laberintos del vicio y las amenazas de la calle.
Hace dos meses contamos la historia de Jordan, un canadiense de 43 años proveniente de una familia adinerada quien llegó a Medellín a gastar dólares en rumbas duras y lujosas en El Poblado y terminó rápidamente atrapado por el bazuco y viviendo en la calle. Un hombre que, a través de un pobre español y de sus delirios, reveló una compleja historia de dolor familiar que hoy lo tiene viviendo en soledad.
Es una historia que recuerda que esos 228 extranjeros privados de su libertad y particularmente esos 161 cuya identidad está completamente borrada del mapa también merecen un trato digno y afrontar los procesos penales por las faltas o delitos que cometan en territorio colombiano con las garantías mínimas.
