En medio de la cadena de errores por los que se investiga a la Policía tras la atención del caso de explotación sexual en contra de dos niñas en el hotel Gotham de El Poblado, está latente el debate frente al decreto emitido por la Alcaldía para prohibir por seis meses la oferta y demanda de servicios sexuales en el Lleras, Provenza, la calle 10 y el parque de El Poblado. Mientras que algunos celebran la decisión, otros consideran que no es una solución eficaz y que estigmatiza a trabajadoras sexuales y las deja sin opciones.
El alcalde Federico Gutiérrez explicó que en estas zonas hay injerencia de una red de trata de personas en la que hay estructuras delincuenciales que están detrás de los delitos de explotación sexual de menores de edad y otros que afectan también a adultos que ejercen la prostitución.
Por ello, dijo que esta medida fue concebida como una forma de proteger a esa población que es vulnerable a caer en estas redes de trata, a sufrir violencias y a ser explotadas. “Tenemos que recuperar estos espacios que la criminalidad fue tomando, desconfigurando estas zonas de la ciudad y poniendo en riesgo a nuestras mujeres y especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes”, agregó el alcalde.
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Sin embargo, el Sindicato de Trabajadoras (es) Sexuales de Antioquia (Sintrasexa), que agrupa a 51 personas, pidió a la administración replantear la prohibición, pues consideran que vulnera a las personas que prestan servicios sexuales y “aumenta la estigmatización y discriminación en su contra”.
En su consideración, esta medida es meramente punitiva, pero no es efectiva ni garantista para erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna) o la explotación y la trata de mujeres en la ciudad. Valery P. Ramírez, presidenta del sindicato, señaló que “existe una diferencia entre el ejercicio libre de la prostitución y la otra realidad que es prostitución forzada, la explotación de seres humanos, los delitos sexuales, la Escnna, la trata y el proxenetismo”.
Valery, una mujer trans que ejerce la prostitución desde hace casi dos décadas, expresó que dicho decreto se hace efectivo sin tener en cuenta la economía de los trabajadores sexuales y sus familias, da pie a que aumenten los riesgos para quienes los ejercen y también a que problemas como la Escnna se trasladen a otras zonas.
De hecho, uno de los aspectos que han resaltado varias fuentes conocedoras de estos temas es que la explotación sexual de los menores de edad no se da solo en zonas públicas de El Poblado, sino que se trata de un modus operandi más complejo que ha trascendido fronteras y se ve incluso en las comunas periféricas, donde niños, niñas y adolescentes son recogidas en camionetas u otros vehículos, citadas en zonas diversas de la ciudad o trasladadas a apartamentos, hoteles y fincas en otras regiones de Antioquia. Y las redes delincuenciales también están detrás de esto.
Melissa Toro, directora de Putamente Poderosas, organización social que define su misión como la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades sexuales y de género que ejercen el trabajo sexual por supervivencia y se enfoca en su dignidad y bienestar, manifestó que en su labor rechazan la Escnna y la trata de personas, pero que el decreto de la alcaldía “criminaliza el trabajo sexual, desconoce la capacidad de agencia sobre el cuerpo de las mujeres y confunde el trabajo sexual con la explotación sexual”, pese a que su fin es loable: proteger a los menores de edad y a las mujeres.
“¿Cuáles son las estrategias concretas por parte de la Alcaldía de Medellín para la prevención de la explotación sexual, la trata de personas y las violencias sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y diversidades? ¿Cuáles son las estrategias para acompañar, atender y proteger a las mujeres y diversidades sexuales y de género que ejercen el trabajo sexual en la ciudad, especialmente en el Parque Lleras?”, se preguntan desde la organización.
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Toro instó también a la alcaldía a dialogar con las personas que ejercen el trabajo sexual y las organizaciones sociales para conocer sus necesidades y realidades, con el fin de que se puedan formular estrategias conjuntas integrales, a largo plazo y que traigan soluciones de fondo.
Entre tanto, para Sintrasexa esta restricción es similar a los polémicos “abrazos” que hizo la alcaldía de Daniel Quintero en la Plaza Botero y el Lleras, justamente la razón por la que se creó este sindicato, a finales de 2022. Y desde su perspectiva, esas medidas no contemplan las aristas que hay detrás de las mujeres, personas LGBTIQ+ y hombres heterosexuales que se dedican a prestar estos servicios y que tienen un historial de exclusión, pobreza y falta de oportunidades.
“Aquí están en función de prohibir, penalizar, juzgar y criminalizar, pero tampoco hay acciones afirmativas para vincular a una nueva vida laboral (...) Pero ahí también puede haber chicas universitarias que quieren pagar su universidad porque no tienen los medios adecuados, chicas migrantes, mujeres trans, hombres gais o heterosexuales”, dijo Valery.
Lo afirmó en un contexto en el que cuestiona que la solución sea ocultar la prostitución, pero no buscar medidas integrales de fondo para erradicar los delitos que la rodean, como la Escnna.
No obstante, otras organizaciones promueven la abolición de cualquier forma de servicios sexuales en la ciudad y consideran que se deben ofrecer oportunidades de acceso a educación, cultura, trabajo, deporte y medios de subsistencia para que las mujeres que ejercen la prostitución tengan otra opción.
Y en consideración de estas posturas, no es posible separar la prostitución de la explotación sexual de mujeres y menores de edad, a lo que se suma que tras estos delitos están redes delincuenciales y de crimen organizado que complejizan la situación.
Al fin y al cabo, en algo que coinciden distintas posturas es en la necesidad de planes contundentes que castiguen a los delincuentes que se aprovechan de menores de edad y mujeres y que se consoliden planes de fondo para hacer frente a la situación con enfoque de derechos.
Por ejemplo, Valery criticó el programa Por mis Derechos, que funciona en la alcaldía hace años para atender a la población en ejercicio de prostitución y al que ella perteneció en la alcaldía pasada para ser enlace con las trabajadoras sexuales.
Dijo que en ese periodo el programa estuvo marcado por una política más “abolicionista” de la prostitución que de acciones afirmativas para quienes la ejercen, que hubo escándalos por presuntos malos manejos de recursos y que muchas veces solo se ejecutaba para cumplir indicadores.
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Y fue enfática en decir que se deben mirar con lupa los casos. “Nosotras no somos responsables ni inducimos a los niños y niñas a la explotación sexual; nosotras también pasamos a ser víctimas de estas cadenas de trata y proxenetismo”, sostuvo la presidenta, quien agregó que en busca de aportar al problema pertenecen a la Mesa Intersectorial contra la Escnna, en la que convergen actores de la sociedad civil.
Una de las críticas que hacen tanto las abolicionistas como el sindicato de trabajadoras sexuales y organizaciones sociales como Putamente Poderosas es la falta de formación de las autoridades para abordar estos temas.
Contó Valery que en días pasados cuando a una menor de edad la aprehendieron tras encontrarla con un extranjero en un hotel, un policía dijo en una reunión que “tenía 17 años y no era tan santa”. Y con lo que sucedió en el más reciente caso con el hotel Gotham quedó en evidencia que falta capacitación y articulación para combatir estos delitos aberrantes.
