Las primeras condenas contra exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por corrupción parecen estar muy cerca. Este viernes 24 de enero la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco exfuncionarios y contratistas involucrados en presuntos actos de corrupción que tuvieron como epicentro el Parque de las Aguas.
Los acusados son Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La Fiscalía también presentó escrito de acusación contra los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo; representantes legales de las empresas contratistas.
Los nueve procesados deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $ 17.450 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Todos los procesos habrían estado viciados. Según la Fiscalía hubo subcontratación para apropiarse ilegalmente de $2.800 millones, se crearon empresas de papel para diversos fines y se violaron múltiples principios de contratación pública.
La condena que parece estar cerca es la continuación de la debacle de varios de estos exfuncionarios que jugaron roles protagónicos en el círculo de poder de Daniel Quintero. Ya en junio de 2024 la Fiscalía había incautado bienes por más de $3.000 millones a los implicados, particularmente a los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez.
En total, fueron 23 los bienes incautados en el operativo que eran propiedad de exfuncionarios y contratistas de Metroparques. Cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos, ocho vehículos y tres sociedades, los cuales se encontraban en Medellín, Girardota, Copacabana, Marinilla y Urrao.
El proceso, que cumplió ya un año desde que la Fiscalía comenzó imputaciones, se ha dilatado por diversas maniobras por parte de los implicados que ha tenido que sortear el ente acusador para garantizar justicia y reparación en la presunta malversación que cometieron. Por ejemplo, hace exactamente un año la Fiscalía tuvo que posponer la audiencia de imputación pues el ex subdirector del Área Metropolitana, Álvaro Villada, no acudió a la audiencia.
Villada, alfil de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, pidió que la audiencia fuera de carácter privado y que nadie, ni ciudadanos ni veedurías ni otras personas cercanas al proceso, pudieran acceder a la misma argumentando motivos familiares y personales, pero esta vez la maniobra no le salió y la juez negó la solicitud. Villada fue subdirector Financiero y Administrativo del Área y llegó al cargo en medio de decenas de denuncias y advertencias por nombramientos sin tener los perfiles idóneos.
