Con extraña rapidez reaccionó la campaña de Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia, luego de que EL COLOMBIANO publicó una seria anomalía en la lista de donantes que el candidato presentó al Consejo Nacional Electoral. En la lista aparecían contratistas de la Alcaldía de Medellín lo cual es prohibido por la ley y le daría cárcel de 4 a 8 años al candidato y al gerente de la campaña.
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Resulta que no pasaron ni 24 horas desde cuando publicamos el listado de 14 donantes a la campaña de Restrepo —caso que rastrearon la abogada tributarista Gloria Jaramillo y el contador público Daniel Salazar — para que en el portal de Cuentas Claras apareciera una drástica modificación, pues aparecieron nueve donantes nuevos y desaparecieron justo los ocho que habíamos denunciado porque han tenido en el último año o tienen aún vigentes contratos con la Alcaldía.
El quid del asunto es que los nombres que ahora no aparecen en el listado podrían constituir prueba de que desde La Alpujarra está saliendo plata para financiar de forma indebida esta campaña y esa movida tiene incluso sanción penal con cárcel de cuatro a ocho años para el candidato y su gerente de campaña —según el Código Penal de 2000—, además de una multa que puede alcanzar los $1.392 millones.
El cuento es este. Hasta este jueves en el portal de Cuentas Claras eran 14 los donantes a la campaña de Restrepo. De estos, ocho se han venido desempeñando como contratistas de la Alcaldía y todos tienen contratos activos con el Distrito. Es el caso de Alejandro Valencia Villa, Sebastián Osorio Alcaraz, Sara Isabel López Muñoz, Mónica Marcela Guzmán Ramírez, Juan Pablo Quintero Ramírez, Johan Sebastián Gutiérrez Díaz, Alejandra Giraldo Giraldo y Ana María Loaiza.
Pero, oh, sorpresa, de los ocho este viernes solo aparecieron Johan Sebastián Gutiérrez Díaz, mientras que los otros siete ya no figuran como aportantes a la campaña. La pregunta de fondo es si las campañas pueden modificar de manera tan olímpica la información que incluyen en el aplicativo Cuentas Claras o esto les puede acarrear nuevas sanciones.
Otro nombre también desapareció en comparación con el primer listado, el de Sara Alejandra Vargas García. Y la cosa no se queda aquí: ahora, de un día para otro, la suma de aportantes pasó de 14 a 23.
En el reporte que es de dominio público ahora aparecen como nuevos donates Sarita Escobar Palacio, Sergio Andrés López Muñoz, Juliana Andrea Pineda Villa, Gloria Cecilia García Escobar, Paula Andrea Sánchez Álvarez, Sebastián Gutiérrez Arango y Gloria Luz Restrepo Sepúlveda.
De cualquier manera no deja buen sabor que una campaña incluya a unas personas como donantes y al día siguiente las borre. Eso significaría un profundo desorden o que en efecto se trata de un manejo irregular de esos dineros.
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El otro cambio tiene que ver con el monto hasta ahora recibido por el candidato como recursos de apoyo. Además de desaparecer parte de los donantes que tienen comprobado vínculo con la Alcaldía, el total de donaciones pasó en un día de $87 millones a $140 millones.
El aumento en plata se relaciona con el aumento en donantes, pero lo que no deja de inquietar es que justo siete de los ocho personajes que hoy perciben su nómina como contratistas de la Alcaldía ahora ya dejaron de aparecer en el reporte.
Para entender mejor cómo funciona el modus operandi para desviar recursos del erario a la campaña contamos en nuestra edición de este viernes el caso de una de las contratistas donantes.
Hablamos de Mónica Marcela Guzmán Ramírez, quien firmó un contrato por casi $50 millones el 23 de mayo de este año —que se paga con plata de la Alcaldía— y en el listado de donantes de la campaña del candidato Restrepo aparecía, hasta ayer, con una donación de $5 millones.
Resulta curioso que la donación correspondía exactamente al 10% del valor total del contrato. Una pregunta que podría hacerse quien desde el Estado investigue el caso es si a quienes les daban contratos les exigían ese porcentaje como apoyo para la campaña.
Pero resulta que el contrato no lo firma directamente la Alcaldía sino que se hace a través de un convenio interadministrativo entre el Distrito y el Pascual Bravo. Esto no es otra cosa que una maroma que se ha vuelto costumbre en la que la Alcaldía le gira una millonada al Pascual Bravo (en el caso de este convenio fueron $6.198 millones) para que esta institución de educación superior, en teoría, se encargue de llevar a cabo determinado programa.
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Pero este escándalo no solo involucra a Restrepo, también salpica a Upegui, la carta directa del exalcalde Daniel Quintero. Al revisar el aplicativo Cuentas Claras, a la campaña de Upegui le han donado $155 millones en cabeza de 20 personas (una de ellas persona jurídica). Y de esas 20, al menos 15 son o han sido contratistas de la Alcaldía. En particular, 8 tienen contratos aún vigentes. Estos ocho le han dado a la campaña de Upegui $80,5 millones, lo cual equivale a cerca del 52% de las donaciones.
Y eso sin contar un caso que parece revestir mayor gravedad y es el hecho de que Juan Pablo Ramírez, quien hasta mayo de este año fue secretario de Gobierno de Medellín, y ahora es gerente de la campaña de Juan Carlos Upegui, aparece en el listado como donante de $21 millones en dos oportunidades.
Al parecer se trata del pago del arriendo de una enorme casa en la cual tienen instalada la sede de campaña de Upegui y sobre la cual este medio había planteado interrogantes sobre quién la estaba pagando. Sin duda, Ramírez no se habrá dado cuenta que la ley prohibe a quienes hayan estado vinculados en el último año al Estado ser donantes de campañas.
Consultada la campaña de Upegui sobre este particular la respuesta que dieron a EL COLOMBIANO fue la siguiente: “Todas las donaciones cumplen con los requisitos de ley. Son ataques infundados porque estamos creciendo”. Sin embargo, no quisieron profundizar en el detalle de los listados publicados, que muestran que estarían incurriendo en una ilegalidad.
Lo que es evidentes es que justo el exalcalde Quintero respaldó su renuncia a la Alcaldía en la necesidad de salir a mover la campaña de estos dos candidatos. Las movidas que ahora se conocen sobre el reporte de las finanzas de las campañas solo parecen confirmar las decenas de denuncias que señalan al exalcade y a su administración de malgastar el erario de los medellinenses en estas dos campañas cual piñata de interés particular.
