En una junta directiva extraordinaria encabezada por el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, el Metro de Medellín aprobó este viernes una modificación en sus estatutos y otros documentos normativos claves para el funcionamiento de la compañía.
En medio de las tensiones que desde finales del año pasado se vienen viviendo al interior de esa empresa, que cerró el 2023 con una batalla en suspenso por el control, a raíz de la posible salida del gerente Tomás Elejalde, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón impulsaron varios cambios sensibles en la entidad.
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El más importante de todos, según trascendió en un comunicado firmado por ambos, consiste en extremar los requisitos para quien en un futuro ocupe la silla de gerente.
Si bien la entidad no entregó mayores detalles, para el caso de ese cargo se aumentaron los requisitos en cuanto a experiencia de años y en actividades afines a los negocios en los que tiene presencia el Metro.
De igual forma, la junta también le metió mano a los requisitos para la nominación de los miembros independientes de la junta directiva.
“Entre los cambios incluidos en la actualización de los estatutos están la incorporación de criterios de independencia para cumplir con la Ley 964 de 2005 para emisores de valores y código país, la definición de un proceso de nominación y designación de los miembros independientes, nuevas funciones estratégicas para la Junta de Socios, como la definición de políticas y el nombramiento del gerente general”, señalaron Rendón y Gutiérrez en su comunicado, y precisaron que con estos cambios es la vez número 58 en la que se modifican los estatutos, vigentes desde 1979.
Además de los estatutos, en la sesión de hoy también se aprobaron cambios en otras normas clave como la política de riesgos y los códigos de gobierno e integridad.
“Lo anterior se hace basado en un análisis técnico y legal que inició en el año 2022 cuando la empresa tomó la decisión de emitir bonos sostenibles. Esta modificación se realiza con el fin de incorporar las obligaciones legales para empresas Industriales y Comerciales del Estado que pretenden ser emisores de valores. Adicionalmente, con esto se quiere mantener buenas prácticas tales como los lineamientos de la OCDE y CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) para entidades con participación estatal”, añadieron Gutiérrez y Rendón, aclarando que si bien el Gobierno Nacional mantiene su facultad para nominar miembros de la junta directiva, deberá cumplir con los requisitos de experiencia laboral que fueron determinados.
Estas modificaciones aparecen a pocos días de cumplirse un año del enfrentamiento que protagonizó el exgobernador Aníbal Gaviria con el Gobierno Nacional y la administración saliente del exalcalde Daniel Quintero, entonces encabezada por el exsecretario de Hacienda Óscar Hurtado, por cuenta de una citación a una junta directiva extraordinaria en la que se había incluido en el orden del día la “remoción del gerente general y sus suplentes”, así como la “postulación y votación para proveer” esos mismos cargos.
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En aquel entonces, el gobernador Gaviria denunció lo que sería un intento de politizar la entidad, que apenas unos dos meses atrás también ya había sufrido un remezón en su junta directiva por cuenta del nombramiento de tres miembros independientes con lazos con la administración Quintero, entre ellos Juan Carlos Tafur (entonces contratista activo de la Secretaría Privada), Sebastián Hinestroza (representante legal de una empresa con múltiples contratos con la EDU) y Mary Luz Escobar (también integrante de la junta directiva de Ruta N). Todos tres se mantiene en dicho órgano.
Luego de una fuerte controversia, en la que ese intento se desarmó, terminó aplazándose el pulso para cuando se posesionaran los entrantes gobiernos de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez.
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