Por cuenta del uso irregular de las firmas electrónicas de tres magistrados del Tribunal Superior de Medellín, 32 acciones de tutela y desacatos perdieron toda validez. El inusual hecho llevó a que los magistrados interpusieran una denuncia ante la Fiscalía en contra la recién nombrada Juez 14 Penal Municipal, quien auspiciaba como asistente al momento de que se presentaran estos líos con las decisiones judiciales.
La acción legal fue interpuesta por los magistrados Óscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón Eraso y Ricardo de la Pava Marulanda, quienes trabajan para la sala penal de este tribunal y tienen a su cargo procesos penales y de adolescentes.
La señalada por estos hechos es la abogada Tatiana Alexandra Arroyave Baena, quien hasta el pasado 1 de septiembre trabajó apoyando la labor de del magistrado Bustamante y tenía a su cargo, entre otras funciones, revisar cada una de las acciones de tutela, derechos de petición y desacatos que llegaban.
Aunque en un comienzo se destacó como una funcionaria eficiente, al momento de abandonar el cargo y asumir como juez penal, se inició una revisión de 58 fallos y se encontraron con que 32 de ellos habrían sido firmados irregularmente por la asistente, haciendo uso de la firma escaneada, una modalidad que se implementó después de la pandemia.
“Un acto de torpeza”
Luego de conocerse esta demanda, EL COLOMBIANO contactó al magistrado Bustamante Hernández, el principal ponente de esta acción legal, según manifestaron sus compañeros. Explicó que las irregularidades en estas acciones judiciales se cometieron, principalmente, con fallos menores relacionadas con quejas contra constructoras, EPS y otras entidades a las que se les emiten procesos de este tipo por cantidades. Ninguno de los casos investigados serían con las tutelas graves.
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“El cuento es que tenía la obligación de tramitar o sustanciar las tutelas de primera y segunda instancia que llegaban al despacho mío. Entonces, cuando estaban a punto de vencerse los términos, ella en lugar de avisar, en lugar de decir las cosas como debían ser, le dio por poner mi firma y la de mis compañeros”, relató el magistrado Bustamante Hernández.
Esta situación ocurrió en medio de la gabela que dio el Consejo Superior de la Judicatura desde el 2020, cuando se le permitió usar la firma escaneada para estos procesos, pero si había alguna situación anómala debía dar informe a sus jefes para que se iniciaran las revisiones respectivas.
Pero desde finales de este año y durante todo el 2024 mientras estuvo en este tribunal, la abogada Arroyave Baena habría omitido este protocolo y más allá de cualquier irregularidad, optó por poner la firma de los magistrados, incluso, en procesos que no les corresponderían.
“En su angustia y su pulso puso a firmar por los de verdad a los jueces de penal en casos de adolescentes que no corresponderían. Puso la firma de los magistrados de la sala penal ordinaria (Cerón Erazo y de la Pava) en casos de adolescentes, que lo debían firmar dos funcionarios de la Sala de Familia, en la que ellos no estaban”, explicó Bustamante Hernández.
Golpe a la confianza
Estas anomalías, encontradas después de que la jueza Arroyave ya hubiera dejado su cargo como asistente del magistrado Bustamante Hernández, fue un golpe a la confianza, porque era una de las personas a la que más le delegaban funciones, pensando que las hacía sin fallas.
“Ella se angustió, hizo eso y le embarró. Era una persona muy amable, que genera mucha confianza y nosotros le entregamos nuestra confianza a ella, por lo que el mismo tribunal y la penal la postuló para ser juez”, explicó el magistrado.
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Incluso, durante una primera revisión a unos procesos judiciales de 2023, de acuerdo con la demanda, se solicitó un oficio en el que se le pedían explicaciones a la entonces asistente por problemas con algunas tutelas, pero ella manifestó que estos se sortearon de manera satisfactoria.
Pero después de la partida de Arroyave, se retomó el caso de estas tutelas y desacatos, encontrándose con que los 32 procesos en cuestión nunca fueron tramitados debidamente ni puestos a consideración para ser discutidos, pero todos contaron con la firma de los tres magistrados.
¿Qué pasa con las 32 tutelas?
Al encontrar las anomalías en estas acciones legales, los magistrados solicitaron que todos estos fallos se declaren espurios, es decir, carentes de toda legalidad para ser ejecutoriados, pese a que muchos de ellos ya se hicieron efectivos sin mayores problemas. “Nos encontramos con algunas decisiones que ella firmó sin darnos cuenta que ya se hicieron efectivos, razón por la cual menos nos íbamos a enterar que algo estaba pasando en este proceso”, dijo Bustamante Hernández.
Ante estos señalamientos, este medio se contactó con la jueza Arroyave, quien mediante un comunicado aseguró que no conoce “de manera formal la existencia de alguna indagación de carácter penal o disciplinaria en mi contra, pues hasta este momento no se me ha notificado por parte de los entes de control ninguna actuación en contra mía”.
Ahora queda pendiente el inicio del proceso judicial en la Fiscalía, pero mientras se surten todas las instancias judiciales, la jueza podrá continuar en su cargo y respondiendo a cada uno de los señalamientos en su contra.
“No se esperaría que ella renunciara a su cargo por este proceso. Lo que hay que esperar es que la Fiscalía puede pedir, en su debido momento con la investigación, que le dicten una medida de aseguramiento o que la Comisión Seccional Disciplinaria la suspenda en el cargo”, concluyó el magistrado Bustamante Hernández.
