Encontrar dónde dar a luz en Medellín y Antioquia es apenas uno de los problemas. Después del nacimiento, a las familias les toca casi implorar por un milagro para que el bebé salga tan aliviado que no necesite casi nunca una atención médica para no tener que volver a toparse con la realidad del sistema: que la salud de los niños no es buen negocio y por eso los servicios pediátricos están cerrando de manera acelerada.
La cifra del último inventario que hizo Aesa apunta a que en los últimos 15 años desaparecieron 988 camas para atención materno-infantil y pediátrica, lo que equivale al 25% de las que estaban activas al finalizar la década pasada.
El pasado martes la IPS Universitaria anunció la “suspensión temporal” del servicio de Urgencias y Hospitalización pediátrica. La explicación que entregaron desde la institución es que “el hospital está muy enfocado en la atención de adultos mayores y el servicio de pediatría es muy pequeño, solo tenemos urgencias y hospitalización básica con muy poquitas camas, eso no permite brindar una respuesta integral a los pacientes que requieren alta complejidad cómo cirugías, UCE y UCI, entonces los pacientes siempre se deben trasladar”.
Y aunque las directivas aseguran que esperan “prestar en el futuro una oferta más completa que satisfaga la demanda de este servicio”, los especialistas y agremiaciones sentencian que lo más seguro en este caso es que siga el curso que tomaron otros cierres supuestamente temporales de otras instituciones que terminaron siendo definitivas.
La ciudad ya había recibido otros golpes recientes: el cierre de la unidad materno-neonatal de la Clínica del Rosario sede Villa Hermosa y la sumatoria de problemáticas como la amenaza de suspensión de servicios del Hospital Infantil y la saturación de instituciones como Hospital Infantil San Vicente Fundación, que a pesar de ser la IPS con mayor número de camas para atención pediátrica y neonatal con 94 camas básicas, 40 UCE, 26 de UCI y 14 cubículos de urgencia, se ve expuesta varias veces al año a una saturación de hasta el 300% cuando ocurren, por ejemplo, los picos de enfermedades respiratorias.
Las repercusiones son enormes. Al disminuir la oferta de servicios pediátricos en Medellín y el Valle de Aburrá la población infantil de todas las subregiones de Antioquia e incluso de otros departamentos que llegan para recibir atención especializada queda en el aire.
Y, de paso, agrava la carga asistencial con la que deben lidiar las instituciones que mantienen la oferta de estos servicios. Por ejemplo, la disponibilidad en entidades públicas en el Valle de Aburrá queda en manos de unas pocas como el General y el Marco Fidel Suárez. Esto golpea particularmente a la población más pobre, incluyendo aquella del régimen subsidiado, que en Antioquia son casi 2 millones de personas.
Salud de los niños no es negocio
Para el médico intensivista e integrante de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Juan Camilo Jaramillo, suena casi repulsivo hablarlo en esos términos pero la realidad es la lógica perversa de la rentabilidad que señala que la salud de las maternas, los neonatos y población infantil no resulta un “buen negocio”.
Para ilustrar: mientras los servicios de alta complejidad orientada a población adulta como cirugías, tratamientos y demás pueden dejar utilidades de entre 8% y 40%, el margen de utilidad de ginecología y obstetricia apenas deja un margen máximo del 2%, pero la mayoría de las veces arroja pérdidas. Es decir, son servicios que terminan siendo subsidiados por los demás, por lo que mantener camas pediátricas, de obstetricia y demás termina siendo visto casi como una decisión de caridad, señala el especialista.
El gran pecado, según el doctor Jaramillo, es que el sistema de salud mantenga el enfoque de rentabilidad monetaria en lugar de la rentabilidad social, es decir, entender cuánto puede beneficiar a la sociedad en términos sociales una atención digna desde el momento del parto.
Los gremios médicos y científicos dicen sentirse solos frente a un problema que, año a año, toma matices más preocupantes.
Un factor concreto que ayudaría a resolver el problema, explica Jaramillo, es la modificación del manual tarifario, un manual que entienda que la atención a menores de edad exige mayor cantidad de especialistas y subespecialistas disponibles, lo que implica que el costo en el que incurren los prestadores, hospitales e IPS, es mucho mayor y requiere que el valor que desembolsa la aseguradora debe cubrirlo completamente.
También es imperativo explorar los incentivos para que los prestadores mantengan los servicios activos. Tal cual ocurrió en pandemia con las camas UCI para atención covid, cuando el Gobierno Nacional destinó recursos con desembolsos directos y libres de tanta tramitología, lo que motivó a los hospitales no solo a mantener las camas UCI sino incluso a aumentar la disponibilidad de las mismas. “¿Por qué no hacer esto mismo para garantizar la atención de maternas y población infantil?”, cuestiona el especialista.
Pero lo elemental es que a esta discusión cuya gravedad apenas empieza a tomar su verdadera dimensión se sumen las secretarías distrital, departamental y Gobierno Nacional que hasta ahora han brillado por su ausencia, a tal punto, señala Jaramillo, que ni siquiera ha sido posible que las secretarías y el Ministerio se pongan de acuerdo para entregar las cifras que permitan conocer con total certeza el panorama.
“Al final, la cifra de camas desmanteladas no es tan importante, sino conocer la tasa de servicios habilitados respecto al número de la población menor de 18 años. Esos datos no los tenemos”, explica.
Por ahora, lo que seguirá ocurriendo es que las maternas y menores de edad que lleguen en busca de atención médica tendrán que pasar las duras y las maduras para recibir atención. Y eso, si alcanzan a conseguirla.
