Con la Procuraduría encima y la opinión pública atenta tras las denuncias de EL COLOMBIANO, a Emvarias no le quedó de otra que frenar el polémico proyecto de cargue lateral, con el que pensaba implementar un millonario piloto a siete años por $251.076 millones para cambiar parte del modelo de recolección de basuras solo en dos comunas y sin tener suficiente respaldo técnico ni financiero que soportara dicha inversión.
Así lo señalaron varias fuentes que precisaron que tras la solicitud de la Procuraduría para revisar la documentación y los soportes en los que se basó la Junta Directiva para dar el visto bueno a este proyecto, el equipo jurídico de Emvarias decidió finalmente recomendar “echarle tierra” al mismo en comité de gerencia.
Emvarias matizó el asunto y no habla de negocio caído. Responde que “en aras de la transparencia y atendiendo al requerimiento de la Procuraduría optamos por suspender el proceso de contratación del Cargue Lateral mientras este órgano de control revisa nuestra respuesta, la cual fue enviada el 19 de julio de 2023”. No obstante, se ratifican el que el proyecto cuenta con la “pertinencia y el respaldo técnico, jurídico y financiero, así como sus beneficios y eficiencias operativas en procura de mejorar el servicio público de aseo en la ciudad”.
Con esto no solo se salvaguardan más de $250.000 millones cuya destinación en este proyecto golpearía seriamente la estabilidad financiera de Emvarias, sino el bolsillo de los ciudadanos que, de acuerdo con las alertas, habrían tenido que incurrir en gastos adicionales para asumir cobros de recolección de basuras pues el cargue lateral, tal como lo conoció la Procuraduría, no tenía claro un modelo tarifario, lo que incumplía con la ley de suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos.
Sin embargo, hay nuevas las alertas por las decisiones de Emvarias que podrían impactar la calidad de vida de los ciudadanos.
EL COLOMBIANO conoció esta semana que Corantioquia decidió negarle a Emvarias un nuevo ajuste para cumplir con el cronograma de construcción del nuevo vaso Piñuela para ampliar el relleno sanitario La Pradera. La empresa le había solicitado ya dos ajustes, pero desde la autoridad ambiental dicen no estar dispuestos a darles más largas, sobre todo después de inspeccionar la situación del actual vaso llamado Altaír que presenta riesgos geológicos que podrían incluso desencadenar en un colapso.
Ya este medio había advertido en marzo de este año que Emvarias no cumpliría con la ampliación del relleno al finalizar 2023 y ni siquiera alcanzaría a ser construido, a pesar de que en el primer cronograma que incumplió constaba que la construcción debía comenzar en enero de 2022.
Si bien al principio los tropiezos para avanzar en la construcción del nuevo vaso se debieron a conflictos entre Emvarias y las comunidades en zona de influencia del relleno por denuncias de incumplimientos sociales y ambientales, en este momento el gran atranque es el proceso de contratación para la construcción y operación del vaso Piñuela.
Emvarias reconoce que “debido a la complejidad del proceso y a las múltiples consultas y solicitudes de los oferentes, ha sido necesario ajustar las fechas y cronogramas con los nuevos plazos”.
Fuentes en la entidad señalan que el problema de fondo es que habría un interés por direccionar el proceso de contratación para favorecer a una empresa. De hecho, las versiones indican que para tal fin habrían elaborado unos pliegos que no recibieron el aval del propio equipo jurídico de la entidad. Eso habría generado un caos al interior de la empresa pues, al parecer, hay órdenes expresas de que ese contrato que supera los $400.000 millones tenga nombre propio.
Lo que responde Emvarias sobre las demoras para definir la contratación es que “debido a la magnitud, complejidad, costos, la modalidad de contratación y la ejecución del proyecto, se han tenido que resolver múltiples observaciones generadas por los oferentes interesados en participar en la ejecución del proyecto. Por ende, se han generado varias adendas, que han motivado a ampliar los tiempos de algunas etapas de dicho proceso”, dijo la empresa al precisar que el cronograma va en la etapa contractual y de calificación de propuestas.
Es pertinente recordar que Emvarias recibió la licencia ambiental para el vaso Piñuela desde hace 16 meses, tiempo suficiente para que a esta altura estuviera definido el proceso de construcción y operación del mismo.
Emvarias, además, no ha logrado responder de manera clara por qué tomó la determinación de entregar a un privado una operación que históricamente se encargó de manejar directamente, con eficientes resultados, más allá de algunas problemáticas técnicas que Corantioquia considera normales.
La operación del relleno sanitario en cabeza de la propia Emvarias contrasta con experiencias evidentemente nefastas que ha visto el país con rellenos sanitarios operados por privados, tal como es el caso de Bogotá, que incluso derivó en un desgastante y multimillonario pleito que perjudicó a la ciudadanía con un servicio sanitaria y ambientalmente deficiente y afectó las arcas.
Pero incluso sacando de la ecuación el presunto direccionamiento del contrato, lo realmente grave que afecta a la ciudadanía es que Medellín y el área metropolitana están a ocho meses de quedarse sin dónde enviar sus residuos sólidos pues el actual vaso Altaír no solo está en tiempo extra y quedará obsoleto en marzo de 2024, sino que presenta riesgos de colapso por fallas.
Incluso varios aspirantes a la Alcaldía como César Hernández, Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez han planteado que es urgente que la latente crisis sanitaria y ambiental que se aproxima sea tema prioritario en la campaña para que la ciudadanía dimensione la gravedad y las implicaciones de que una ciudad como Medellín se enfrente a una incertidumbre sanitaria semejante por cuenta de las decisiones de la propia Emvarias.
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Emvarias señala que trabaja para corregir riesgos del vaso Altaír
Frente a los riesgos que presenta el vaso Altaír, Emvarias respondió que no solo están atendiendo el problema desde las alertas que se hicieron públicas en junio sino desde el año pasado y que adelanta labores de remoción de residuos, extracción forzada de lixiviados, control al porcentaje de cobertura, para evitar la filtración de agua lluvia a la masa de residuos y el inicio de dos procesos de contratación fundamentales: la construcción de cinco pozos para extraer el lixiviado y reducir la presión de poros y evitar el desplazamiento de la masa de residuo y el reforzamiento del dique sur.
