Uno de los secretos mejor guardados que se llevó la administración de Daniel Quintero es por qué no se construyó el nuevo vaso para ampliar el relleno sanitario La Pradera, si la plata estaba lista para hacerlo y la licencia ambiental había sido otorgada en abril de 2022. Habrá que esperar a que el exgerente de Emvarias, Carlos Borja, lo explique o a que los organismo de control lo aclaren.
En todo caso, el problema le quedó a la actual administración y a los habitantes de Medellín, el área metropolitana y al menos 30 municipios que disponen sus residuos sólidos en La Pradera y que, por ahora, solo tienen margen de maniobra hasta marzo o abril, cuando la vida útil del relleno, tal cual están sus condiciones actuales, quede extinta.
Se esperaba que en la sesión de ayer en el Concejo de Medellín se abordara la problemática y se arrojaran algunas pistas sobre posibles soluciones. Sin embargo, el debate se enfrascó en redundar en el diagnóstico ya conocido desde el año pasado sobre los retrasos inexplicables para construir el nuevo vaso llamado Piñuela, así como la contingencia en el actual vaso Altaír por falta de manejo adecuado de los riesgos que arrastraba este de tiempo atrás.
Quien sí entregó anuncios sobre cómo piensan desactivar la crisis ambiental y sanitaria que viene cocinándose desde el año pasado por la incertidumbre en la operación del relleno fue la nueva directora de Corantioquia, Liliana Taborda, quien llegó a varias conclusiones con el gerente de EPM, John Maya, para encontrar una salida definitiva al problema.
Una noticia tranquilizadora, destacó Taborda, es que en los últimos días del año pasado por fin Emvarias logró estabilizar las condiciones que estaban generando un alto riesgo de colapso del relleno por la masa de residuos que estaba desplazándose, generando empuje sobre el dique de contención sur y en consecuencia un creciente riesgo de inestabilidad del vaso Altaír y a su vez el colapso de algunos de pozos de lixiviados, que de haber continuado pudo causar una tragedia ambiental sin precedentes.
Superada esta amenaza, que estuvo latente varios meses a finales del año pasado, Emvarias recibió vía libre para seguir depositando residuos en el último resquicio disponible que tienen actualmente en el relleno. El asunto es que solo habrá capacidad para operar por dos o tres meses más.
Por eso, uno de los puntos más importantes que surgió de la reunión entre Corantioquia y EPM, apuntó Taborda, es la posibilidad de radicar una modificación, un cambio menor a la licencia ambiental del vaso Altaír, que permita estirar su funcionamiento hasta septiembre de este año.
“Tenemos dispuesto un equipo técnico y la voluntad para hacer una evaluación rigurosa y diligente de esa solicitud de modificación menor, entendiendo que es un asunto prioritario para el Valle de Aburrá y buena parte del departamento. Esperamos que el equipo jurídico de Emvarias y EPM avancen pronto en la radicación de esa solicitud”, dijo Taborda.
Pero a la par de esta medida, que no deja de ser un paño de agua tibia, Corantioquia espera ahora sí con esta nueva administración poder destrabar el proceso de construcción del vaso Piñuela, responsable de garantizar la disposición de ocho millones de toneladas de residuos sólidos, que se traduciría en una vida útil de aproximadamente siete u ocho años.
Y es que la relación entre Corantioquia y Emvarias, por cuenta de las actuaciones de la pasada administración en cabeza de Carlos Borja, terminó completamente agotada, luego de que la empresa incumpliera uno tras otro los plazos que la autoridad ambiental le había otorgado para entregar el cronograma definitivo para la construcción y adecuación del nuevo vaso.
La conclusión que quedó tras la reunión entre el gerente de EPM y la directora de Corantioquia es que el nuevo cronograma se compromete a sacar adelante la licitación y construcción de Piñuela para que la primera etapa del vaso esté lista entre septiembre y octubre próximos, tiempo en el que finalmente entraría en operación. El desgastado vaso Altaír, que ha generado decenas de problemas, riesgos y ha tenido que soportar una peligrosa extensión de su vida útil, por fin podrá ser clausurado.
Lo que sí advierte Taborda es que, aún cuando al finalizar este año Piñuela entre a operar, es imperativo que los municipios de otras subregiones que envían los camiones de basura a La Pradera encuentren sus propias soluciones para disposición de residuos.
Sobre este tema es obligatorio que la Gobernación de Antioquia, históricamente alejada de la discusión, meta mano y plata para desenredar los proyectos de rellenos regionales que están frenados desde hace más de seis años por falta de recursos en el Oriente, Suroeste, Nordeste y Occidente.
En cuanto a la propuesta que tiene pensada la Alcaldía de Federico Gutiérrez, la secretaria de Medio Ambiente, Ana Ligia Mora, señaló en el Concejo que una de las prioridades de esta administración es aumentar drásticamente la capacidad de recuperación y aprovechamiento en la ciudad, que actualmente no supera el 15% del total de residuos sólidos que se generan, equivalentes a nueve piscinas olímpicas de basuras todos los días.
Pero el tema que brilló por su ausencia en el debate fue el de la planta de transferencias, una deuda que viene desde la primera administración de Gutiérrez y pasó en limpio en la de Quintero. La planta de transferencias, pensada para construirse cerca a la Terminal del Norte, ahorraría en parte los viajes de 50 kilómetros para disponer basuras en La Pradera todos los días. Además se esperaría que incluyera tecnología de punta para el manejo de residuos y que, siempre y cuando Gutiérrez le ponga acelerador, esté lista en año y medio.
