El gerente saliente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que la entidad a su cargo le aprobó un millonario crédito de vivienda que estaría a punto de ser desembolsado a escasas semanas del cambio de gobierno.
El controvertido préstamo quedó expuesto en varios documentos internos de la compañía que fueron revelados por el concejal electo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien también hace parte del comité de empalme del alcalde electo Federico Gutiérrez que viene revisando a fondo la forma en que fue manejada EPM durante el último cuatrienio.
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Además del millonario monto, De Bedout denunció que a comienzos de este año la junta directiva de EPM, entonces presidida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, también aprobó varias modificaciones a las condiciones de esos créditos, que terminaron favoreciendo a Carrillo.
Luego de que estallara la controversia, desde el Sindicato de Trabajadores de EPM y UNE (Sinpro) también se advirtió que, al parecer, la vicepresidenta de Finanzas e Inversiones de la compañía, Martha Lucia Durán Ortiz, otra de las altas funcionarias puestas en EPM por el gobierno de Quintero, también se habría beneficiado, razón por la cual instauraron un derecho de petición pidiendo respuestas.
Según explicó Bedout en su denuncia, los polémicos cambios se remontan a comienzos de este año, cuando la junta directiva de EPM dio luz verde para que se cambiaran las reglas de juego del plan de financiación de vivienda de EPM, que estaban consagrados en un decreto expedido en febrero de 2003.
Dichos cambios quedaron formalizados en un decreto identificado como el 731 del 11 de mayo de 2023, que aparece firmado por el exalcalde Quintero, la secretaria María Cristina Toro Restrepo, y el visto bueno de la líder de la Unidad de Talento Humano de EPM, Margarita María López Segura y la directora de Soporte Legal Corporativo de EPM, María Isabel Correa Vargas.
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Dentro de las modificaciones más sensibles, sostuvo De Bedout, se destaca una que obligaba a los postulantes a llevar como mínimo dos años de experiencia en la empresa, que en este caso se rebajó solamente a uno.
De igual forma, se habría reducido la tasa de interés efectiva anual en dos puntos, pasando del 6% a un 4%.
“Mientras en Colombia las tasas de interés suben para todos, estos personajes buscan acomodar todo para sus intereses personales; pasando incluso por encima de todos los empleados de EPM que sí cumplían con los requisitos, pero a quienes no les han aprobado el crédito”, aseveró el concejal. “Son unos sinvergüenzas”.
Luego de la aprobación de estos cambios, según quedó plasmado en otro documento, el pasado 11 de septiembre el comité del Plan de Financiación de Vivienda de EPM emitió un acta, identificada como la 167, en la que aprobó para Carrillo un crédito por $348 millones.
Dicha aprobación quedó ratificada en otra comunicación con fecha del pasado 3 de octubre, en la que la jefe de la Unidad de Talento Humano, López Segura, le dio la bienvenida a Carrillo a ese programa de crédito.
Según sostuvo De Bedout, si bien el crédito aún no ha sido desembolsado, el avalúo del inmueble de Carrillo ya habría sido efectuado y se estaría esperando que el gerente anexe la escritura pública para la transferencia del dinero.
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Luego de que se conociera la denuncia de De Bedout, el sindicato Sinpro envió un derecho de petición e EPM en el que le pidió entregar una copia completa del acta de la junta directiva en la que se aprobaron esas modificaciones, sobre todo buscando aclarar las identidades de los funcionarios que las propusieron y presentaron.
Asimismo, el sindicato pidió a la compañía aclarar si la vicepresidenta de finanzas Martha Lucía Durán también se benefició del programa, detallando por qué monto se habría aprobado su crédito y si esta cumpliría los requisitos del mismo.
“Sírvase informarnos si después de expedido del Decreto 731 del 11 de mayo de 2023 se han aprobado por parte de la empresa créditos de vivienda a otros empleados públicos de EPM. En caso afirmativo, indicar los nombres completos de dichos empleados públicos, sus cargos, sus tiempos de antigüedad en la empresa y los montos de los préstamos aprobados a cada uno de ellos, anexando las respectivas actas del Comité Plan de Financiación de Vivienda de EPM en que fueron aprobados”, solicitó también el sindicato, buscando aclarar si los nuevos préstamos se habrían concentrado solamente en altos funcionarios de la compañía.
Sobre el caso de Carrillo, EL COLOMBIANO consultó con EPM, que en un pronunciamiento escrito confirmó que el gerente sí está en un proceso para recibir el desembolso de su crédito.
Sobre la reducción de las tasas de interés, la compañía argumentó que las mismas habrían sido niveladas conforme a las ofrecidas a los trabajadores oficiales de la compañía, que también estarían en un 4%.
“La actualización de este beneficio para los empleados públicos se hizo por parte de la Junta Directiva, mediante decreto 731 de 2023. Y respecto de los préstamos para vivienda, no se modificó la cuantía ni la amortización del préstamo a 15 años, se modificó la antigüedad no inferior a 1 año para poder acceder al préstamo y se estableció un interés igual al aplicado a los trabajadores oficiales del 4 % efectivo anual”, señaló la empresa.
En su respuesta, EPM confirmó que, en efecto, la compañía aprobó el 11 de septiembre un préstamo para el gerente general, pero consideró que la reducción del requisito de antigüedad no lo habría beneficiado, dado que al momento de pedirlo acumulaba una antigüedad de dos años y medio.
“Al 11 de septiembre de 2023, fecha en la cual el comité Plan Financiación aprobó la solicitud del préstamo de vivienda, el Gerente General contaba con una antigüedad de 2 años y 5 meses en EPM. Así mismo, se aclara que el Comité aprobó el inicio del proceso, sin embargo, para su desembolso, deberá cumplir y acreditar los demás requisitos”, añadió EPM.
Durante el último cuatrienio, esta no es la primera vez que se conoce que un programa de crédito de vivienda habría beneficiado altos funcionarios del Distrito de Medellín.
En el caso de la Alcaldía, la Secretaría de Gestión Humana también estuvo en el ojo del huracán por cuenta de la aprobación de millonarios empréstitos a varios alfiles del exalcalde Quintero, incluyendo la propia líder de esa dependencia Ingrid Vanessa González Montoya.
En esta polémica, esa dependencia también impulsó un cambio en las condiciones de los créditos, que luego de la aprobación del Concejo terminó bajando las tasas de interés de un 3% a un 1,5% anual, subiendo los montos máximos permitidos de 98 salarios mínimos mensuales municipales vigentes (SMMMV) hasta los 125, entre otros cambios.
