Solo 43 minutos duró el primer debate sobre las transferencias adicionales de EPM al Distrito. Ese tiempo bastó para que se manifiestaran tensiones y polémicas en el recinto del Concejo de Medellín.
Una de las polémicas tuvo que ver con la ausencia de Jorge Andrés Carrillo, el gerente de EPM; las graderías sirvieron de caja de resonancia y hubo aplausos y rechiflas. Al final la ciudad quedó en las mismas: mucha polémica, polarización, pero ninguna decisión.
Tampoco hubo decisión en la Junta Directiva que a la misma hora se realizaba en EPM para discutir el congelamiento de las tarifas. Será hasta la próxima semana que se resuelvan ambos debates. Y es que el acuerdo en trámite en el Concejo no es un asunto menor: se busca que la empresa desembolse $330.000 millones en una transferencia única que sería destinada a la financiación del plan de desarrollo. El alcalde Daniel Quintero ha metido presión diciendo que sin esa plata quedarían desfinanciados los proyectos sociales.
Para saber más: ¿Cuál maroma hará EPM para congelar los servicios públicos?
Por el lado de la Alcaldía, al recinto llegaron varios secretarios, como el de Hacienda, Óscar Hurtado; el de Cultura, Álvaro Narváez; el secretario encargado de Participación Ciudadana, Santiago Preciado Gallego; y la secretaria de Gestión y Servicio a la Ciudadanía, Vanessa González Montoya.
El ambiente estuvo caldeado desde el comienzo, propiciado por un público abundante y vehemente. “¡No más plata para Quintero! ¡No más plata para Quintero!”, gritaron varios de los detractores, que también colgaron pancartas. En el público, incluso, hubo insultos de un lado a otro y se acusó a un sector de “sabotear el debate”. Los ánimos se crisparon más cuando en el recinto apareció la concejala Aura Marleny Arcila, quien perdió recientemente su investidura por decisión del Consejo de Estado. Su presencia causó reacciones agrias en la oposición, especialmente en el concejal Julio González, que la recusó.
Pero lo que realmente dio pie al levantamiento de la sesión fue la queja de varios concejales sobre la falta de información del proyecto. Carlos Ríos, del Centro Democrático, dijo que no podían votar algo que no conocían. Formuló que era necesario esperar la decisión de la Junta Directiva de EPM, en la que se esperaban decisiones sobre el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.
La concejala Dora Saldarriaga planteó estar a la espera de información de la Alcaldía y exigió a la misma especificar de forma más clara a qué proyectos se destinarían los $330.000 millones.
En un sentido similar se expresaron los concejales Daniel Duque, Alfredo Ramos, Sebastián López y Simón Pérez, quienes consideraron que la presencia del gerente de EPM era crucial y que faltaba información para tomar una decisión. Justo cuando ese aplazamiento iba a ser votado, los ánimos se caldearon en las gradas y la concejala Lina García, quien presidía la comisión conjunta, decidió levantar la sesión de forma abrupta. Aún no hay claridad sobre la reanudación del debate.
Aura Marleny Arcila se aferra a su curul para votar
Otra de las polémicas en el Concejo ayer tuvo que ver con la presencia de Aura Marleny Arcila, concejal que perdió su investidura por una decisión del Consejo de Estado. Arcila, que ha sido cercana al gobierno de Daniel Quintero y que hace parte de su coalición, estuvo en el orden del día e incluso votó su aprobación. Eso generó sorpresa y rechazo, sin embargo, está amparada en que todavía no ha quedado en firme legalmente la pérdida de investidura.
Su abogado, Rodrigo Palacio, dijo que es como el caso de Roy Barreras en el Senado y que no dejará la curul hasta que no haya una respuesta a una solicitud de aclaración que le hicieron al Consejo de Estado. La defensa, en un documento de seis páginas, se aferra a la Sentencia Unificación SU207, del 9 de junio de 2022, que define la inhabilidad de un funcionario público por razones de parentesco con alguien que ejerce un cargo público, como sucedió en el caso de Arcila.
La defensa dice que el análisis de esa inhabilidad debe ser “una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, y pide que la pérdida de investidura no se dé hasta que el Consejo de Estado resuelva la solicitud. La estrategia se ha visto como una manera de dilatar la pérdida de investidura y que Arcila pueda votar a favor del proyecto del alcalde. Quien llegará a reemplazarla, el liberal Carlos Mario Mejía, podría votar en contra y dar al traste con el proyecto de la Alcaldía.
