Faltando 25 días para que finalice el actual gobierno local son varias las alertas y denuncias que han rodeado a instituciones públicas de gran importancia para la ciudad y que elevan la preocupación por el manejo que se les ha dado a los recursos para su operación.
Metrosalud, el Hospital General de Medellín (HGM), el Cuerpo Oficial de Bomberos, los colegios públicos y hasta el mercado artesanal San Alejo son algunas de las entidades que, en las dos últimas semanas, han estado en medio de quejas sobre problemas como retrasos en pagos al personal, escasez de insumos y demoras en trámites administrativos, entre otros, que han puesto en riesgo la continuidad de la atención a los ciudadanos.
La crisis del Hospital General
Una de las instituciones más importantes en el listado es el HGM, el hospital público de alto nivel de complejidad más relevante de Antioquia e, incluso, del país, que hoy sufre una crisis financiera reconocida por las mismas directivas, aunque sus causas sean materia de debate y dividan opiniones.
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Enfermeras y médicos de la entidad confirmaron que este martes, desde las 7:00 a.m., tienen preparada una marcha que saldrá desde las instalaciones del hospital hasta La Alpujarra, donde alzarán su voz ante las dificultades que tienen para prestar los servicios.
Desde distintas áreas del hospital se han hecho alertas en los últimos días por escasez de insumos, como pruebas de plaquetas, hemoglobina o sífilis, e insumos del área de microbiología y tarjetas de testeo.
Ayer, desde el HGM se convocó a la administración a una junta extraordinaria, para poner sobre la mesa el tema de la situación financiera del hospital y “conocer el plan para atender las obligaciones, principalmente el pago del personal en sus diferentes vinculaciones”.
Hace 4 días se conoció un comunicado de los pediatras del HGM (en un 77% contratados por prestación de servicios o tercerizados) en el que detallan las dificultades para atender a niños y niñas, en su mayoría del régimen contributivo. Indicaron que hace dos meses no cuentan con toma de radiografías portátiles y que deben remitir a los menores de edad a otra área, poniéndolos en riesgo por su ya delicado estado de salud. Afirmaron que les faltan suministros claves y que hay intermitencia en servicios de laboratorio y de disponibilidad de medicamentos para tratamientos de quimioterapia. Los pediatras sumaron el retraso en pago de honorarios desde octubre y el cierre de 15 camas de cuidados básicos e intensivos neonatales.
Al respecto, el gerente del HGM Mario Fernando Córdoba aseguró que el desabastecimiento en la entidad, “que no es generalizado”, se ha presentado porque los proveedores no han cumplido algunos despachos, ya sea porque el hospital les debe facturas pasadas o por problemas en las importaciones de algunos productos.
Sobre retrasos en pagos al personal, agregó que a ningún profesional oficial se le adeudan salarios y que están en los tiempos contractuales para pagarles a algunos contratistas los honorarios correspondientes a octubre; dicho pago sería la próxima semana.
Mientras que Córdoba se mantiene en el argumento de que la situación financiera adversa se debe a las deudas que las EPS tienen con la entidad, más de $260.000 millones, sus contradictores, entre los que hay concejales, sindicatos y profesionales, creen que deben tenerse en cuenta como causantes los presuntos malos manejos que se han hecho en la entidad, como que se habría dirigido la contratación de aspectos como alimentación, aseo y vigilancia a un mismo engranaje empresarial, o que se ha destinado el dinero para inversiones menos importantes que las que realmente se requieren para garantizar la atención a los pacientes.
Retrasos en Metrosalud
Continuando con problemas en la red pública de salud, desde el pasado 29 de noviembre se suspendieron los servicios de alrededor de 30 anestesiólogos y pediatras en las unidades intermedias de Metrosalud donde se hacen procedimientos quirúrgicos o se atienden partos, como las de Manrique y Belén, por los retrasos en los pagos a profesionales.
Desde Metrosalud, que también atiende a la población más vulnerable de la ciudad, reconocieron que la suspensión de estos servicios repercute en otros como ginecología, obstetricia, cirugía general, ortopedia, urología y medicina interna, pues requieren de los anestesiólogos o pediatras.
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Sobre la suspensión de servicios de anestesiólogos y pediatras en Metrosalud, Esteban Bustamante, director de Fedsalud, sindicato que agrupa a estos profesionales, explicó que se vieron obligados a hacerlo porque el último mes que les pagaron fue en junio y la deuda ya asciende a los $1.500 millones. Esta no es la primera vez que Metrosalud tiene quejas de ese tipo: la semana pasada se hizo otra denuncia por el retraso en pago de la quincena a por lo menos 2.000 trabajadores, pero lograron que les pagaran el 1 de diciembre.
Una vez más las versiones se encuentran. Mientras que los profesionales dijeron que no han logrado un acuerdo real para desembolsar los honorarios que deben desde hace casi cinco meses a los profesionales, las directivas de la entidad señalaron al respecto que se ha trabajado para estabilizar el comportamiento de los pagos.
“La entidad ha realizado pagos por más de 7.000 millones de pesos en lo corrido de 2023 a las diferentes agremiaciones sindicales de especialistas, disminuyendo así la edad de la cartera, la cual se encuentra al día de hoy a 1 y 2 meses de vencimiento”, aseguraron.
¿No pagaron el Soat a tiempo?
También en el centro de la indignación estuvo la situación reportada la semana pasada en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que se vio en apuros para sacar los vehículos con los que atienden emergencias y novedades reportadas en el 123, en vista de que tenían el Soat vencido, trámite que le corresponde a la administración distrital.
El pasado 1 de diciembre, los conductores de la dependencia recibieron la novedad de que los carros aparecían con el seguro sin renovar, por lo cual decidieron no sacarlos de los parqueaderos por el temor de estar incumpliendo la ley. Aunque ese día, algunas directivas aseguraron que se había hecho la renovación, en el sistema del Runt los vehículos aparecían sin Soat vigente.
Fue un día de incertidumbre, pues los conductores y profesionales que temían hacer uso de los vehículos ante una evidente violación a las normas de tránsito fueron amenazados hasta con sanciones disciplinarias para que salieran a prestar los servicios, tal como lo conoció este medio en audios internos.
De hecho, ese 1 de diciembre, hacia las 3:30 p.m., la líder de proyecto Paula Marcela Álvarez, de la Subdirección de Manejo de Desastres del Dagrd, envió un comunicado a las estaciones asegurando que los carros podían usarse.
“El inconveniente que se generó fue por parte del corredor de seguros al momento del cargue de la información al Runt”, les informó. Contrario a ello, muchos en el Cuerpo de Bomberos aún creen que se trató de un parte de tranquilidad que no correspondía con la realidad.
Muchos creen que desde la madrugada del 1 de diciembre se sacaron varios carros sin Soat para atender los llamados de la ciudadanía. Lo creen porque el seguro vigente empezó a verse reflejado hacia las 10:30 a.m. del 2 de diciembre. Y lo creen aún más porque este lunes 4 de diciembre, en el Runt, el vehículo contra incendios de la estación Libertadores aparecía sin Soat.
Aunque el Dagrd se ha mantenido en el argumento de que sí se hizo el trámite a tiempo y que fue un error de carga de los datos, muchos bomberos consideran que fue uno más de los hechos de presunto desorden que se han denunciado en la entidad, también plagada de múltiples reportes por presuntas irregularidades como los recordados contratos corbata que, presuntamente, beneficiaban a fichas del hoy senador Álex Flórez, uno de los aliados de Daniel Quintero.
¿La plata de los colegios?
Otra de las denuncias que han visibilizado por estos días tienen que ver con los colegios públicos de la ciudad, que dependen de la Secretaría de Educación, una de las entidades con mayores escándalos en la administración de Daniel Quintero, con una exsecretaria, inclusive, imputada por presunta corrupción.
Ha sido el alcalde electo Federico Gutiérrez quien dijo que desde el jueves pasado los colegios de Medellín tampoco poseen conexión a internet. Aunque los estudiantes ya no están en las sedes educativas, se avanza en procesos como las matrículas para 2024, lo que ha levantado ampolla en varios sectores que han denunciado la precaria gestión que ha tenido la Secretaría de Educación que, más bien, se convirtió en un fortín político al servicio de los intereses del excandidato Albert Corredor, otro de los aliados de Quintero en el cuatrienio.
Otra alerta que hizo hace unos días el alcalde electo Federico Gutiérrez fue que los colegios públicos se quedarían sin aseo, vigilancia y conectividad. Dijo que la Secretaría de Educación estaría sin recursos para contratar personal de apoyo, alrededor de 200 profesionales y técnicos. Minutos después, la Alcaldía lo desmintió. Pero lo cierto es que, tal como lo advirtió días después Fico, la secretaría tuvo que hacer maromas para firmar los contratos y no dejar sin los servicios los colegios, donde se adelantan procesos como los de matrículas.
Desorden afecta el tradicional San Alejo
Los comerciantes del tradicional mercado de San Alejo, que se realiza desde hace 51 años los primeros sábados de cada mes en el Centro, también resultaron afectados por la falta de coordinación y orden. Recientemente, estos eventos de ciudad han recibido críticas por parte de venteros a raíz de problemáticas como el orden del espacio, pues tanto ellos como organizadores dicen estar desprotegidos al no tener acompañamiento de Espacio Público ni de la Policía, hecho que aprovechan vendedores extranjeros que se adueñan de los espacios tradicionalmente destinados a los comerciantes del San Alejo; esto ha generado riñas, incluso a cuchillo.
El incidente más cercano se dio el pasado sábado, cuando para los cerca de 360 vendedores convocados apenas había 25 toldos. Personal de la alcaldía trató de paliar el asunto con mesas plásticas y carpas, hecho que resultó insuficiente convirtiendo el San Alejo más esperado del año en todo un fiasco. Ante la problemática, ni el secretario de Cultura ni la encargada del San Alejo le dieron la cara a los vendedores afectados.
¿Dónde está la plata?
Lo grave es que, de acuerdo con la información preliminar que ha entregado el equipo de Fico sobre el proceso de empalme que adelanta, para el 2024 habrá un hueco de $2,2 billones para programas e inversión social, todo por cuenta de los pendientes que deja la saliente alcaldía.
Esto, sustentado en hechos señalados por Gutiérrez, como que la administración de Quintero le quedó debiendo $97.000 millones al Fondo de Estabilización o que, en un hecho inédito, EPM tuvo que interponer demanda contra el Distrito para que le pague $130.000 millones de alumbrado público.
“¿Dónde está la plata?”, se han preguntado Fico y otras personas como concejales, veedores, líderes sociales y organizaciones de distintos sectores, ante los escándalos que brillaron en casi todas las dependencias en la actual administración, que tuvo casi $8 billones más que la pasada.