Las manifestantes denuncian que tras la agresión del ucraniano, que fue dejado en libertad, las autoridades no siguieron protocolos para garantizar acompañamiento debido y garantía de justicia en este caso.
Al menos 16 organizaciones, colectivos y corporaciones en defensa de la mujer denunciaron una presunta cadena de negligencias y revictimizaciones que habrían sufrido varias manifestantes en las movilizaciones del 8M.
Contexto: Denuncian agresión de un ucraniano a una mujer durante la movilización del 8-M en Medellín
Según relataron en el comunicado, durante las marchas del pasado sábado 8 de marzo, mientras miles de mujeres, jóvenes y niñas se manifestaban pacíficamente, un ciudadano ucraniano, cuya identidad no quiso ser difundida por las autoridades, hostigó y agredió a varias manifestantes lesbofeministas que adelantaban un acto de body art. Según la denuncia, al llegar la marcha a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot el extranjero agredió a una de ellas, según señalaron, ante la mirada indiferente del personal de la Personería de Medellín.
En el comunicado, los colectivos y organizaciones llamaron la atención sobre el dispositivo de seguridad que desplegó la alcaldía de Federico Gutiérrez, con helicóptero sobrevolando toda la manifestación, al tiempo que cerró varios tramos sensibles de la movilidad de la ciudad, todo esto bajo el supuesto, recalcaron, de “intervenir en caso de alteración del orden público”. Sin embargo, reclamaron que la presencia realmente no hizo lo pertinente para proteger la seguridad y bienestar de mujeres, jóvenes y niñas que se movilizaron.
Las firmantes insisten en que ni la Alcaldía de Medellín, ni la Personería, ni la Policía, que estaban al frente del Puesto de Mando Unificado, tuvieron una respuesta eficiente para proteger los derechos de las mujeres agredidas por el ciudadano ucraniano. Por eso, la pregunta directa que le elevaron a la alcaldía de Gutiérrez y a las demás autoridades si semejante agresión contra las manifestantes no representaba una alteración de orden público.
Ante la presunta negligencia denunciada, las firmantes señalaron que de la mano de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Colectiva Justicia Mujer tuvieron que ponerse al frente de la situación para lograr la individualización del agresor con fotos y evidencias; para incidir para que la Policía y la Fiscalía recibieran la denuncia por parte de una mujer testigo del hecho, pues la agredida se sentía en alto estado de vulnerabilidad al no haber recibido protección alguna por parte de las autoridades.
También denunciaron que tuvieron que sortear todo tipo de dificultades administrativas y burocráticas para que el sujeto fuera entregado por parte de la Policía a la Fiscalía, ante presuntas actitudes de minimización de la conducta que recibieron por parte de la Fuerza Pública. También señalaron que el personal de la Secretaría de las Mujeres pretendía “abandonar” el acompañamiento del caso en la estación de policía de Laureles, argumentando, según el relato, “que la víctima no estaba en el lugar”.
“Requerimos que la Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez, así como la secretaría Valeria Molina, rechace los hechos y exija resultados a las autoridades competentes, con la misma celeridad y vehemencia con la que estigmatizaron a las mujeres marchantes del movimiento feminista el pasado 8M de 2024, acciones que a la fecha no han sido reparadas”, expresó el comunicado.
Según expresó la secretaria Molina, a través de su cuenta de X, el Distrito sí ofreció acompañamiento en este caso. “Desde la @AlcaldiadeMed rechazamos la agresión ocurrida durante la movilización. A través del Mecanismo de Defensa Técnica y las rutas de atención, brindamos acompañamiento jurídico y orientación en este caso desde el primer momento y continuamos con labores administrativas”, aseveró.
Finalmente, le exigieron a Migración y a todas las autoridades competentes que surtan de manera diligente los trámites para la expulsión inmediata del agresor y se prohíba en adelante su ingreso a Colombia, evitando, según señalaron, que ocurra otro caso de impunidad como el de Timothy Alan Livingstone, quien después de ser encontrado con menores de edad en un hotel en El Poblado, en un flagrante caso de explotación sexual comercial infantil, huyó de Colombia sin que ninguna autoridad hiciera lo mínimo para evitarlo.
Siga leyendo: Día de la Mujer: las mujeres reciben un 28% menos de pensión que los hombres, una persistente brecha de género en Colombia
