Nada de ordinaria tuvo la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín ayer domingo, pues desde las gradas del recinto un ciudadano de voz recia denunció a los gritos lo que sería un delicado hecho de estafa que tiene salpicado al saliente concejal conservador Lucas Cañas, al exconcejal Robert Bohorquez y al gerente del Hospital La María, Jaime Garro, y su director científico Santiago Arboleda. Por este hecho, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad le embargó el sueldo a Cañas.
Quien realizó la denuncia a voz en cuello fue el doctor Adolfo Uribe Mesa, un reconocido cirujano bariátrico de la ciudad con 32 años de experiencia. En diálogo con EL COLOMBIANO, su abogado —el penalista Ricardo Flórez— dio su versión de lo sucedido.
Según Flórez, dado que Bohorquez fue paciente del doctor Uribe, este aprovechó el vínculo para hablarle junto a Cañas de un negocio que le iba dar excelentes frutos. Fue así como en febrero de 2022, el doctor Uribe fue citado a la oficina de la presidencia del Concejo de Medellín, que en ese momento ostentaba Cañas. Allí, aparte de el corporado y Bohorquez estaban, presentes Garro y Arboleda.
“Le ofrecieron una participación en la construcción y el manejo de una Unidad Cardiovascular y de Hemodinamia que se construiría en La María bajo la figura de Alianza Público Privada (APP), y en la que el doctor sería el inversionista privado. Como el doctor está pensando en su retiro se ganaron su confianza para que invirtiera $1.000 millones a cambio de un 10% en el negocio, en el que el propietario sería Cañas y Bohorquez tendría el 5%”, explicó Flórez.
En la reunión, según el abogado y el doctor, Garrido y Arboleda le dieron garantías del supuesto negocio. “Tuvieron la osadía de llevar al doctor a La María, le señalaron el bloque donde estaría la Unidad. Tuvieron el descaro de enviarle una cotización de un equipo que estaría allí”, dijo Flórez. Según el penalista y el médico, Uribe entregó el dinero vía cheques y efectivo a Bohorquez y a las personas que Cañas señaló.
Para el abogado, una de las cosas que puso a dudar al médico fue que en ningún momento le fue entregado un documento de la Agencia APP de Medellín o de otra entidad pública, teniendo en cuenta el índole público del hospital que avalara el negocio. Ante su insistencia le dieron un contrato de cuentas en participación suscrito entre el doctor —como socio— y el sindicato Famysalud (ligado a Cañas y su familia) como gestora del capital.
“El doctor lo firmó pero una vez se dió cuenta que no estaba firmado por Cañas le reclamó. Cañas decía que él no podía firmarlo por ser funcionario público. Como a la tercera vez del doctor insistir, Cañas no volvió a mandar ese contrato. Pero el doctor alcanzó a tomarle fotos”, dijo Flórez.
Para galeno y abogado el asunto empezaba a oler mal teniendo en cuenta que una APP debe cumplir una serie de pasos que acá no se cumplieron, según el abogado. De hecho, el doctor indicó que en algún momento Cañas y el gerente Garro indicaron que ellos serían la parte contractual pública y que el galeno sería el inversionista privado, hecho a todas luces irregular.
Pero, la situación se volvió insostenible cuando luego de casi 10 meses y por lo menos tres fechas fallidas, nada que arrancaba la construcción de la Unidad. “En nuestras indagaciones hasta en los ministerios de Salud y de Hacienda, incluso en la misma La María, nos dijeron que dicha Unidad no existe ni ha existido. Nos dijeron que sí fue un plan a futuro que fue discutido en octubre de 2021, pero que no había pasado de ser una idea. Tras responder esto La María se desvinculó pero no han dicho por qué Cañas sabía del proyecto”, comentó el abogado.
En plena campaña electoral el médico le hizo el reclamo de lo que calificó como estafa a Cañas. Según Uribe y Flórez, el concejal —esperando no verse en un escándalo en medio de la contienda política— se comprometió a restituir el dinero y los rendimientos prometidos, sumando $1.300 millones. Para ello aportó un pagaré de $950 millones exigible el 15 de noviembre, así como $100 millones en efectivo y un vehículo de su propiedad.
Sin embargo, Cañas le quedó mal a Uribe, por lo que se inició un proceso legal ese mismo 15 de noviembre y en el que el Juzgado Séptimo de Oralidad de Medellín ordenó el pasado 5 de diciembre —como medida cautelar— embargar la plata de Lucas Cañas en dos cuentas de ahorro, su vehículo, así como una quinta parte de lo que exceda su salario mínimo, así como unos bienes en Medellín y Envigado.
A esto se suma la denuncia del doctor contra Cañas por estafa agravada, asociación en la comisión de un delito contra la administración pública, cohecho propio, abuso de la función pública, concusión y falsedad en documento público. Delitos en los que también podrían caer investigados Bohorquez, Garro y Arboleda.
EL COLOMBIANO contactó a Cañas y Garro para conocer su versión de los hechos. Garro dijo que estaba en proceso de verificación sobre la existencia o no de una denuncia en su contra por parte del médico.
“En todo caso, de conformidad con lo manifestado por mi abogado, el proceso penal en etapa de indagación goza de reserva legal, por tanto de conocer sobre la misma me sería imposible suministrar información. Así mismo debo indicar que no conozco al señor Adolfo Uribe y por tanto, tanto sus manifestaciones o cualquier publicación que afecte mi derecho al buen nombre y reputación conllevará las acciones legales a que haya lugar. Además, solicito amablemente que no se hagan publicaciones sobre el asunto hasta tanto se verifique ante las autoridades correspondientes”, dijo Garro.
De otro lado Cañas indicó que tenía todas las pruebas para defenderse y que al contrario estaba siendo víctima de un caso de constreñimiento.
“Conozco de la denuncia, incluso está en una etapa de indagación por la Fiscalía. Esta es una denuncia que está en una etapa de reserva. Es muy grave que el doctor vaya al Concejo buscando dañar mi honra y mi buen nombre. Pese a eso yo en ningún momento abandoné el recinto porque tengo todas las pruebas para demostrar mi inocencia. Tenemos claro que es una denuncia infundada, tenemos los elementos para demostrar que antes somos víctimas de constreñimiento. Yo estoy tranquilo porque este es un proceso que ya había sido archivado en una fase inicial, pero la misma parte volvió a denunciar por los mismos hechos”, dijo.
