Tras varios llamados y solicitudes al secretario privado de la Alcaldía Juan David Duque para que entregara explicaciones detalladas sobre los gastos de la caja menor del despacho del hoy exalcalde Daniel Quintero, este viernes se llevó a cabo en el Concejo de Medellín la audiencia de descargos en el proceso de moción de censura que se adelanta en su contra.
El tema se volvió un escándalo hace unos meses porque, según las cuentas conocidas, el hoy exalcalde Daniel Quintero gastaba en almuerzos, comidas y mercados alrededor de $26,5 millones al mes, como se ha evidenciado en más de 1.200 facturas que se han conocido y que muestran consumos en restaurantes comunes, pero también en los más costosos, donde se pidieron platos sofisticados desde una carne rib eye de $155.900 hasta unos rollitos de salmón de $129.800, así como compra de mercados y domicilios.
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Este viernes, una vez aprobado el orden del día, el primero en tomar la palabra fue el funcionario Duque, quien aseguró que en las ocasiones pasadas en las que no asistió al Concejo para hablar del tema de los fondos fijos, en el cual es el ordenador del gasto, no fue por hacerle el quite a la citación al debate de control político, sino porque tuvo un problema médico.
Su discurso estuvo enfocado en “desmentir” lo que calificó de falsedades alrededor del fondo fijo o caja menor del alcalde, pero no dio las explicaciones concretas sobre las dudas que aún hay.
“El fondo fijo no es para gastos personales del alcalde”, sostuvo, y recordó que no fue en la actual administración que este se creó y que se ha usado para los gastos imprevisibles, que incluyen reuniones, delegaciones de trabajo y otras gestiones propias de la Alcaldía.
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Asimismo, dijo que el fondo fijo no se habría usado para comprar licor, contrario a lo que en su momento se evidenció en las facturas que se han conocido y que generaron polémica. Dijo el secretario que los gastos que se han hecho están bajo la norma vigente al respecto, para luego indicar que hubo supuestas falencias en el proceso que se ha llevado en el concejo para debatir el tema en cuestión y que ha sido liderado por el concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos.
Durante sus intervenciones, Ramos recordó que fueron 18 las comisiones accidentales a las que se convocó a Duque sin éxito (en 5 no presentó excusa), con el fin de que explicara el manejo de los fondos fijos. Ante la afirmación de Duque de que publicaron las facturas de los gastos de dicho fondo, Ramos recordó que se hizo por la presión política y la indignación social que ello generó. Para el corporado, no es suficiente publicar las facturas y se quejó de que han solicitado información más concreta, como quiénes son las personas que consumieron con recursos de la caja menor y en el marco de cuáles gestiones.
“Ustedes se han gastado los recursos públicos de Medellín como si fueran del bolsillo de ustedes”, expresó Ramos y planteó que no quieren dar a conocer la información solicitada “porque no tienen cómo sustentar los gastos”.
En una misma tónica se manifestó el concejal del Partido Verde Daniel Duque, quien lamentó que no sólo no hayan asistido a explicar el manejo de la caja menor, sino que tampoco respondieron aun con mecanismos como derechos de petición y acciones de tutela. Además, dijo que las facturas ya han sido conocidas por la ciudadanía, aunque no se sepa quiénes ni en qué circunstancias hicieron los consumos. Con base en la falta de explicaciones que no se han entregado, el concejal considera que hay motivos suficientes para apartar al secretario privado de su cargo e hizo un llamado a los organismos de control investigar si la administración, hasta hace un mes a cargo de Daniel Quintero, incurrió en mal uso de los fondos fijos.
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“Uno no se explica cómo puede haber facturas el mismo día, a la misma hora, en restaurantes de Medellín y de Bogotá”, señaló el corporado.
Por su lado, Sebastián López, también del CD, hizo un llamado a sus compañeros para sentar un precedente ante una alcaldía que ha estado rodeada de denuncias y escándalos, entre los que se cuentan la solicitud de la Fiscalía para imputar a siete exfuncionarios de Daniel Quintero por presunta corrupción en seis contratos que suman $67.586 millones. El mismo llamado hizo la concejala Claudia Ramírez, de la misma bancada.
La concejala del CD Leticia Orrego le reclamó al secretario privado que su defensa en la moción de censura se haya basado en mostrar normas sobre este procedimiento político y lo calificó como una falta de respeto porque los concejales conocen la reglamentación del tema. “Yo como usted, renunciaría, sería más digno”, le dijo Orrego al funcionario.
El concejal Simón Pérez, de Todos Juntos, reflexionó sobre la narrativa y actitud de la actual administración, de atacar y hasta insultar a quienes los contradicen o cuestionan, incluidos los concejales. “No es la actitud de un funcionario, es sistemático contra la democracia”, expresó y recordó que varias veces los representantes de la administración han dejado plantadas a las comunidades y han llegado tarde a sesiones del Concejo.
Lucas Cañas, concejal del Partido Conservador, pidió un concepto jurídico sobre si el Concejo tiene facultad de desatender una incapacidad de una EPS, en referencia a la desaprobación que se hizo en el recinto de la excusa médica que presentó Duque para no asistir a las citaciones. Otros corporados le dijeron que el proceso se ha hecho apegado a la normatividad y que hay sustento para adelantar una moción de censura.
Tras culminar la audiencia de descargos, se espera una nueva citación para que los concejales voten y decidan si avalar la moción de censura en contra del funcionario, lo que podría apartarlo de su cargo. Aunque la votación sea desfavorable para él, le quedan mecanismos jurídicos a los que puede acudir. Otros corporados le han pedido que renuncie.