El camino parece estrechársele cada vez más al exsecretario Juan Pablo Ramírez. Pese a que por más de dos años los procesos en contra de uno de los hombres de confianza del exalcalde Daniel Quintero parecían dormir el sueño de los justos en los órganos de control, este fin de semana se conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos en su contra.
La decisión tiene que ver con un escándalo que emergió en noviembre de 2021, cuando vieron la luz las primeras pistas y testimonios que apuntaban que Ramírez habría sido una de las cabezas detrás de una operación para financiar el proyecto político de Quintero, a costa de los bolsillos de contratistas y funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social.
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Según se denunció entonces, tras llegar a liderar esa dependencia, Ramírez presuntamente habría convocado a funcionarios en un apartamento en El Poblado para presionarlos a donar un porcentaje de sus salarios a una organización no gubernamental conocida como El futuro se parece a nosotros.
Desde dicha ONG, que ofrecía supuestas membresías y beneficios a funcionarios y contratistas, se habrían recaudado recursos para financiar la aspiración presidencial del exalcalde Quintero.
Pese a que este caso se muestra cómo uno de los que más ha avanzado, derivando incluso en una investigación que cursa en la Fiscalía, el mismo está lejos de ser el único lastre en las espaldas de Ramírez, quien sin importar sus antecedentes aterrizó en abril pasado en un cargo en el gobierno de Gustavo Petro, en condición de subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
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Otro de dichos casos se trata de las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del Presupuesto Participativo, uno de los hallazgos más sensibles que se conocieron cuando la Alcaldía de Medellín reveló los primeros resultados del proceso de auditoría forense que allí se adelanta.
Según denunció en marzo pasado el alcalde Federico Gutiérrez, durante el proceso de empalme se encontraron pistas y denuncias de que los recursos de dicho presupuesto se habrían concentrado en un grupo de por lo menos 18 corporaciones, que a través de un sofisticado sistema se coordinarían para repartirse los contratos.
“Esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar”, dijo Gutiérrez.
De acuerdo con denunciantes de ese caso, esta última operación habría tenido su origen en una “Mesa estratégica de eventos del distrito” en la que participaban funcionarios como la exsecretaria de Suministros, Karen Bibiana Delgado; el exsecretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado; y Juan Pablo Ramírez, entonces en calidad de secretario de Gobierno.
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Por este mismo caso se conoció que la Procuraduría también estaba realizando una indagación, a la que a nivel local también se sumó la Personería de Medellín.
Este último ente en meses recientes también decidió revivir las pesquisas por las presiones a funcionarios en la Secretaría de Inclusión Social, que estuvieron a punto de ser archivadas en febrero de 2024 durante los últimos días del periodo del expersonero William Yeffer Vivas Lloreda.
De igual forma, la Personería le sigue la pista a otras denuncias sobre Ramírez que se remontan a su paso por la Secretaría de Participación Ciudadana, por cuenta de un contrato interadministrativo firmado entre esa entidad y Plaza Mayor por un valor de $12.000 millones en 2021 y en el que presuntamente se habrían pasado por alto requisitos y parámetros.
En meses recientes, otro lío que salpicó a Ramírez, se vincula a una serie de audios en los que quedaron captadas conversaciones de funcionarios de la Secretaría de Inclusión en el periodo de Ramírez, en los que estos aludían a maniobras presupuestales para recortar los recursos de varios programas sociales, por cuenta de un desorden administrativo que embargaba a todo el Distrito.
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En dichas conversaciones se mencionaban además maniobras para hacer esos recortes por fuera del radar ciudadano y sin despertar la atención de los medios de comunicación.
Este caso también motivó la apertura de una indagación preliminar en la Personería de Medellín, que aún establece a qué funcionarios podría formularles un pliego de cargos.
Aunque en medio de todos estos casos Ramírez ha insistido en no ser responsable de irregularidad alguna, tras su llegada al Gobierno Nacional los mismos han sido fuertemente criticados por dar cuenta de una puerta giratoria en la que cuestionados exfuncionarios de la administración Quintero se están reenganchando al sector público con la bendición del gobierno central.
