Uno a uno se fueron juntando todos los males hasta formar una tormenta perfecta que tiene a los principales hospitales de Medellín al borde de cruzar el punto de no retorno con 13 servicios de urgencias colapsados y una cartera que cada vez crece más.
Es que con la incertidumbre que desde el año pasado ha despertado la intervención de dos de las tres EPS con más afiliados en Antioquia, la solicitud de retiro voluntario de la más grande (Sura) y un proyecto de reforma a la salud que todavía está en el aire, la red hospitalaria empezó a pagar los platos rotos.
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En un problema a varios frentes, al tiempo que las salas de urgencias de las instituciones más grandes están atestadas de pacientes, los hospitales se han visto forzados a hacer maniobras financieras para sortear millonarios huecos.
Aunque la situación es transversal a toda la red, dos de las situaciones más críticas salieron a flote durante las últimas semanas en dos de las instituciones más tradicionales de Medellín: el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Soma.
Mientras el primero busca salidas ante un incremento del 50% en la cartera de las intervenidas Savia Salud y Nueva EPS y tiene su servicio de urgencias colapsado —con una ocupación que el pasado 9 de julio sobrepasó el 234%—, Soma tuvo que suspender en junio el pago de los salarios y primas a sus médicos y empleados, tras un desplome en sus recaudos.
De acuerdo con los datos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, otros hospitales que han visto sus servicios de urgencias desbordados son La María, que alcanzó una ocupación del 230% el 9 de julio; el Pablo Tobón Uribe, con una del 175%; la Clínica el Rosario, con una del 175% en su sede El Tesoro y 150% en su sede centro; la Clínica Las Vegas, con un 110%; y múltiples sedes de Metrosalud, que tan solo en su Unidad Hospitalaria de San Javier alcanzó una ocupación del 250%.
Malas señales
Aunque en años anteriores la red hospitalaria de Medellín ya ha encendido sus alarmas por la alta presión en sus salas de urgencias, esta vez la situación es diferente y está estrechamente ligada a la incertidumbre que embarga a todo el sistema de salud. Y es que en poco más de un año, ocho de cada diez antioqueños quedaron atrapados en EPS cuyo futuro está pendiendo de un hilo.
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De un universo de 6,8 millones de afiliados, el primer golpe fue para los 1,6 millones de pacientes de Savia Salud, que el 16 de junio de 2023 vieron como la Supersalud intervino su EPS. Luego el turno de la intervención fue el 2 de abril para los afiliados de Sanitas, que en Antioquia suma 146.490 pacientes, y luego para los de la Nueva EPS, la más grande de todo el país y que en Antioquia tiene unas 993.356 personas.
A este grupo inicial de 2,8 millones de desconcertados, que equivalen al 40% del sistema en el departamento, se sumaron otros 3 millones de pacientes de la EPS Sura, que solicitó retirarse voluntariamente del sistema el pasado 3 mayo. Así las cosas, ya es el 85% de los antioqueños los que no saben qué pasará con su salud.
Todo este revolcón administrativo, que en el caso de las EPS intervenidas ha implicado un remezón en su personal directivo, ha dejado sus coletazos especialmente en los hospitales.
Aunque en teoría todos los pacientes siguen estando cubiertos, el entorpecimiento de muchas autorizaciones y trámites internos, así como el nerviosismo generalizado por lo que pasará con el sistema de salud, disparó la demanda de servicios y sobreocupó los centros de atención, sobre todo los de mayor nivel de complejidad, como el Hospital San Vicente, el Pablo Tobón Uribe y la León XIII.
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Si bien estas instituciones ya han vivido congestiones en el pasado, la presión de ahora es tal que incluso se ha expandido a otros centros que no solían sufrirlas, como es el caso de la Clínica Medellín de Occidente y la Clínica Las Vegas.
En el caso de EPS como Sanitas, que tenía sus urgencias en la Clínica Soma, cerradas recientemente por unos trabajos de adecuación, sus afiliados se han visto forzados a deambular por la ciudad llevando en su frente el rótulo de estar en una institución intervenida.
Juan David Berrío Vanegas, director de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Antioquia, plantea que esa sobreocupación de las urgencias es una conjunción de dos problemas: el mal uso de los niveles de atención y un incremento en la demanda de servicios asociada a la preocupación por la reforma a la salud.
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“El tema de la ocupación de la mediana y alta complejidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá es histórico, porque en el modelo de atención en salud tenemos una baja resolutividad en los primeros niveles, entonces es lógico que todo se concentre. Sin embargo, hay un aumento en la demanda en algunas aseguradoras intervenidas. Pacientes que tienen procedimientos programados están entrando a los servicios de urgencias para que se los puedan realizar más rápido. Ahí hay una demanda inducida por el temor que tienen los pacientes sobre el futuro de lo que pueda pasar con sus aseguradoras y sus procedimientos” apunta Berrío.
En medio del monitoreo diario que desde la Dirección Seccional de Salud se hace a la red, Berrío señala que esa congestión en los servicios de urgencias viene agravándose por lo menos desde noviembre del año pasado, en una dinámica que también se ha visto influida por el cierre de camas en varias instituciones, principalmente en la Clínica Soma por sus trabajos de reacondicionamiento y por el cierre de servicios en otros centros como la Clínica Conquistadores, que no pasó una inspección reciente.
Además de las urgencias, a la Seccional también le preocupa la reducción en el número de camas de obstetricia, que ha dejado al Hospital General de Medellín asumiendo una alta carga, así como camas de pediatría en muchas otras instituciones.
Sobre esa sobrecarga, Jilmar Rentería Delgado, coordinador del Observatorio de Salud de la Personería de Medellín, añade que desde ese ente también se ha detectado que muchos trámites internos, sobre todo en las EPS intervenidas, se han vuelto más caóticos para los pacientes, quienes también denuncian que han incrementado las barreras en el acceso a la atención.
Por el lado de muchos hospitales, Rentería apunta que en múltiples instituciones también se ha detectado que los trámites y la interlocución con Bogotá se han vuelto más difíciles.
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Para muchos pacientes de EPS intervenidas, Rentería también señala que se ha detectado un incremento en los casos en los que los vigilantes de algunas instituciones restringen el servicio según la EPS del usuario, aunque en este tema, advierte, hay un gran subregistro por cuenta de que muchos de los afectados prefieren no denunciar temiendo represalias posteriores.
“Este es un panorama de absoluta incertidumbre, que no permite una gestión armónica del sistema. Se está decidiendo día a día lo que se va a realizar en la prestación. Más de la mitad del sistema de aseguramiento está bajo medidas de la Supersalud, que aún no se saben en donde van a desembocar, si en liquidaciones o continuidad de las medidas”, dice por su parte Esteban Bustamante Estrada, uno de los líderes del gremio de especialistas médicos en Medellín y quien advierte que los líos que hoy afronta el sistema se explican en gran parte por el ruido que generó la discusión de la reforma la salud.
Bustamante señala que mientras el gobierno centró sus energías en ese proyecto de ley, dejó en un segundo plano el gerenciamiento del sistema.
“Tenemos también una situación crítica con el tema de insumos y medicamentos. Hay un desabastecimiento generalizado en el país que hace que la labor del médico especialista no se desarrolle como debería y que termina afectando la atención de los pacientes”, agrega Bustamante.
El especialista también recuerda que, más allá de opiniones o percepciones aisladas, una encuesta reciente realizada por un grupo de 20 asociaciones, organizaciones de talento humano en salud y academias reveló que el 76% de los trabajadores consideraba que el sistema se había deteriorado en el último año y el 80% sostenía que ese deterioro también había impactado negativamente en su salud mental.
A un nivel financiero, Bustamante también recordó que hasta que no se ajusten los valores de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), el sistema seguirá trabajando a pérdidas y deteriorándose.
Precisamente a nivel contable, más allá de los problemas en las EPS, los números muestran que los problemas contables ya están comenzando a profundizarse en varios hospitales.
Si bien desde hace más de una década la red hospitalaria local ha unido fuerzas para exigir que las EPS se pongan al día con su cartera y que el sistema también garantice los pasivos de las EPS que son liquidadas por el Gobierno Nacional, este mes salieron a flote dos nuevas señales de alerta en la Clínica Soma y en el Hospital San Vicente Fundación.
En la Clínica Soma el lío vino por cuenta de un desbarajuste financiero que la obligó a suspender el pago de nómina de junio y la prima de mitad de año a sus médicos y empleados.
El pasado 9 de julio, la institución sostuvo que el problema se produjo sobre todo por cuenta de una reducción del 30% en su recaudo, asociado a problemas administrativos con la Adres, que este año empezó a efectuar giros directos a las IPS.
Por el lado del Hospital San Vicente Fundación, desde el año pasado los problemas financieros vienen por cuenta de un incremento en la cartera con las dos EPS más grandes intervenidas en el departamento.
“Para San Vicente Fundación ha sido una situación absolutamente grave. Nosotros hemos tomado la decisión de no cerrar camas, de no cerrar servicios. El crecimiento de la cartera durante el último año ha sido del 50% y eso pone en unas condiciones muy complejas la operación de cualquier red hospitalaria. La cartera que tenemos con Nueva EPS ha crecido el 130% en el último año y ha crecido el 120% con Savia Salud, entonces la situación es muy compleja”, explica Mauricio Tamayo Palacio, presidente del Hospital San Vicente Fundación, quien destaca que, si bien han crecido las cifras de giro directo a los hospitales, los recaudos a través de esa figura todavía no logran seguirle el paso al incremento de la cartera.
Al ser consultado sobre esa situación, Julio Rincón, agente interventor para la administración de Nueva EPS, se defendió argumentando que el tema de la cartera con los hospitales ha sido histórico y que actualmente esa entidad viene en un plan de ajustes para que los pagos estén al día.
“Hoy de cada 100 pesos que recibe la EPS, 80 pesos se postulan para que haya giro directo por el Adres, buscando ser equilibrados”, dijo el directivo.
En medio de todo este panorama, tanto gremios médicos como el gobierno nacional ya advirtieron que en la nueva legislatura que arrancará este 20 de julio se presentarán al menos dos proyectos de reforma a la salud, uno elaborado por 21 organizaciones médicas y otro redactado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Mientras esta nueva discusión empieza a calentar motores, para médicos, directivas, especialistas y pacientes la preocupación es que mientras se debate el futuro del sistema los problemas financieros y operativos en los hospitales ganen más terreno y terminen detonándose una crisis que después ya no pueda echarse para atrás.
