El inicio de la etapa del juicio contra el excongresista Julián Bedoya por las presuntas irregularidades que rodearon la obtención de su título de abogado en la Universidad de Medellín fue accidentado. La audiencia de imputación de cargos que se realizó este miércoles solo alcanzó a avanzar durante media hora y luego fue aplazada.
La diligencia se inició hacia las nueve de la mañana; sin embargo, se presentaron dos contingencias que impidieron que continuara su curso normal: la renuncia del defensor de Bedoya, el exfiscal Jorge Fernando Perdomo, y la solicitud de que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación se hagan parte dentro del proceso como presuntas víctimas de las conductas por las que es investigado el político antioqueño.
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Perdomo mostró una carta dirigida al Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín con función de Conocimiento en la que argumenta su dimisión en la postulación que hizo para el cargo de procurador General de la Nación, dentro de la convocatoria que abrió la Presidencia de la República, algo que el abogado que representa a la Universidad de Medellín, Juan Camilo Bolaños, calificó como una “maniobra dilatoria”.
Según explicó Bolaños, ya la defensa de Bedoya había acudido a otras argucias, por ejemplo, con aplazamientos de diligencias y, más recientemente, en julio pasado, al solicitar una audiencia en un juzgado de garantías de Bogotá, presumiblemente para solicitar la nulidad de la imputación de cargos.
No obstante, la contraparte argumentó que el proceso era de Medellín y que acá incluso ya se han dado varias condenas. En concepto del juez que conoció la petición fue que había un conflicto de competencias y que quien lo debe dirimir es la Corte Suprema de Justicia, no obstante, también decidió que es un asunto justamente a tratar en la etapa de juicio y, por tanto, remitió el expediente al Juzgado 19, el 9 de agosto pasado, para que prosiguiera con esta fase procesal.
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También en la audiencia, el representante de la Procuraduría pidió que se llame al MinJusticia y el MinEducación para que se hagan parte como posibles víctimas de las presuntas conductas ilegales de Bedoya.
En junio pasado, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra él, en el que habla de que habría incurrido en fraude procesal, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.
Según el expediente, Bedoya habría tramitado de manera irregular su título de abogado en un tiempo récord difícil de entender para cualquier estudiante de esa área y se habría valido de su influencia como legislador.
Por este caso ya fueron condenados el exrector de la U. de M., Néstor Hincapié, así como los profesores John Mario Ferrer Murillo, Julián Orlando Rendón Toro, Juan Carlos Hoyos Loaiza y Saúl Alonso Benítez Urrego.
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Según ha trascendido, Bedoya había dejado la universidad en 2009 y pidió reingreso en 2018 para iniciar una maratón de supuestos exámenes que le permitieron obtener el cartón como abogado en marzo de 2019.
En ese corto lapso habría presentado los exámenes de suficiencia de más de una decena de materias y casi igual número de preparatorios, pero como si fuera poco, también le certificaron el trabajo de grado. Una verdadera proeza de la que dudan los investigadores, teniendo en cuenta que mientras tanto cumplía con sus rutinas de congresista y hasta hizo viajes al exterior.
La Fiscalía ha dicho que detrás hubo un acuerdo para cambiar el diploma por el apoyo de Bedoya a las aspiraciones políticas de la exconcejal de Medellín, Aura Marleny Arcila, quien ha sido pareja del exrector Hincapié e integrante de la consiliatura de la U. de M.
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“El delito de fraude procesal tiene 9 años antes de que precluya y se cometió en 2019, por lo cual no se ve tan próximo a precluir, pero si se deja alargar, si puede llegar a ocurrir”, expresó el abogado Bolaños.
A la audiencia de este miércoles, que fue virtual, no se conectó Bedoya, como sí lo había hecho en otras ocasiones. La próxima cita está convenida para el próximo 7 de octubre.
