Un informe de la Contraloría Distrital de Medellín pone en evidencia que la administración de Daniel Quintero no se gastó la totalidad del presupuesto en años anteriores y no ha gestionado de manera correcta los recursos del Distrito.
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Dicha alerta promete calentar el debate sobre la aprobación de transferencias adicionales de EPM por $330.000 millones que está programado para la tarde de este martes en el Concejo de Medellín.
Se trata de una carta en la cual el contralor distrital, Pablo Andrés Garcés, le revela al propio alcalde Daniel Quintero los hallazgos de una auditoría a la gestión presupuestal y a los estados financieros de 2022. En ella se evidencia una “deficiencia en la gestión presupuestal” de 21 proyectos durante esa vigencia que en total suman $71.272 millones, pero que solo se ejecutaron en un 50% y cuyos fondos provenían de años previos.
Incluso, uno llamado Fortalecimiento de cadenas productivas y de valor de los productores rurales, representa por sí solo $9.874 millones y arrastra una falta de ejecución del 60% con recursos que provienen de 2014, además de un rezago sobre dineros aprobados en el presupuesto de la misma administración Quintero.
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En varios de los proyectos la inversión es nula o casi nula.
Con todo ello, aunque no lo manifiesta el informe, se estaría poniendo en entredicho la necesidad de recursos adicionales a los que ya fueron aprobados por la Corporación Distrital en el presupuesto ordinario.
Al referirse a la información consignada, el documento indica que “lo anterior obedece a deficiencias en los controles y en la gestión por parte de las correspondientes secretarías y dependencias responsables de la aplicación de los recursos apropiados para los proyectos de inversión a que están destinados”.
Por otra parte, la auditoría destaca la falta de claridad frente al valor real de los bienes del Distrito. Por ejemplo, se tiene un sistema vial tasado en 1,3 billones de pesos, en el que se sabe que hay deterioro en un 9%, pero en otro 28% es imposible verificar la información debido a que la Secretaría de Infraestructura y la de Suministros y Servicios cuentan con sistemas de registro que no conversan.
Ello, además, en concepto de la Contraloría, genera la imposibilidad para que la Secretaría de Infraestructura tase el costo de reemplazar las partes dañadas. Y algo similar ocurre con los parques y plazas.
En cuanto a la Secretaría de Cultura Ciudadana, el ente de control pidió información sobre el deterioro de seis bibliotecas; sin embargo, esta dependencia no hizo reporte argumentando que ni siquiera cuenta con las matrículas inmobiliarias de las mismas. Hizo lo mismo con la Secretaría de Bienes y Suministros, acerca del estado de 205 inmuebles de propiedad del Distrito, tasados en 4,7 billones, pero tampoco dio una respuesta satisfactoria.
De la misma manera, la Contraloría Distrital encontró deficiencias en la manera como se efectúa el cálculo de las multas de tránsito de difícil recaudo, correspondientes al periodo de 2002 a 2018, cuantificadas en 309 mil millones de pesos.
