Sin importar si los motivos expresados por Daniel Quintero para renunciar a la Alcaldía de Medellín el 30 de septiembre pasado, a solo tres meses de concluir su mandato, eran ciertos, o si lo que lo movió fueron otras razones que se rumoraron, como dice el adagio popular, se le fue el tiro por la culata.
Una semana antes de la fecha señalada, la revista Semana puso en expectativa a la ciudad con la “chiva” de la posible dimisión, y aunque muchos no le daban crédito, circularon especies de que se trataría de una estrategia para producir un golpe mediático en favor de su exigua popularidad, antes de que se produjera una noticia en su contra, porque, según versiones, la Procuraduría lo separaría del cargo por un proceso de presunta participación en política.
Fuentes cercanas a la Alpujarra mencionan que Quintero habría hecho un derecho de petición a la Fiscalía sobre los casos penales que lo comprometen y habría recibido una mala noticia al respecto. En ambos escenarios, la renuncia mitigaría el impacto de una mala nueva, pues una cosa es suspender a un mandatario de la importancia de una ciudad como Medellín en ejercicio que hacerlo si ya no estaba en funciones.
Él mismo quiso disuadir los interrogantes el domingo 1 de octubre, en la estación Tricentenario del metro, donde hizo oficial su determinación y dijo que desde ese momento sería “un soldado más” de la campaña de su ahijado político, Juan Carlos Upegui, que aspiraba a sucederlo a nombre del movimiento Independientes.
Luego, el expresidente del Congreso y entonces candidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez, sostuvo que la movida se había gestado desde la Casa de Nariño, porque el presidente Petro necesitaba sacar toda la caballería para evitar una derrota electoral que ya se daba casi por segura para el Pacto Histórico el 29 de octubre. Y fue una hipótesis que luego tuvo asidero por la premura con la que el Gobierno Nacional le aceptó la renuncia y nombró reemplazo, en cuestión de horas, cuando es un paso que suele durar hasta semanas. Con la distancia de los 92 días que han transcurrido, hay motivos para pensar que con ese paso se quedó con el pecado y sin el género.
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Vamos por partes. Si su intención era salir para actuar sin limitaciones y poner el capital político que creía tener —su popularidad rondaba solo el 28%— al servicio de Upegui, los casi 2.900 candidatos que avaló su movimiento, más los del Pacto, la estrategia no surtió efecto: el Pacto perdió en las principales ciudades, incluida Medellín, que eligió a Federico Gutiérrez por una aplastante mayoría. Independientes se quedó con solo 14 de las 135 alcaldías que pretendía, perdiendo en su propia casa, en Cali y en Cartagena, que eran sus mayores apuestas.
La influencer en X Gloria Jaramillo Tyche opina por otra parte que si la intención era evadir el cerco de las denuncias, cometió un gran error porque perdió cierto “blindaje” que no tiene asidero en ningún fuero legal pero actúa de hecho a favor de funcionarios de alto nivel en cargos de elección popular y en ejercicio.
“Uno ve que desde que renuncia, los procesos en Fiscalía, Personería y Procuraduría se aceleran”, dijo Tyche. A principios de noviembre, la Fiscalía anunció que imputará a seis funcionarios de la administración Quintero por presunta corrupción en contratos que suman más de $67.500 millones y conformó un equipo especial para evacuar 66 procesos donde figura Quintero.
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Y apenas el 14 de diciembre pasado, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exmandatario por el ya mencionado caso de presunta participación en política en favor de la campaña del Pacto Histórico en 2022, un asunto que ya le mereció una suspensión temporal de 42 días en el primer semestre de 2022.
Si de congraciarse con Petro y el Pacto se tratara, tampoco habría sido exitoso porque hasta ahora no se concreta un rumorado nombramiento nacional. Y si fuera por el impacto propagandístico, tampoco podría cantar victoria porque tras el guayabo de la derrota electoral, Quintero lleva varias semanas que apenas suena por cosas negativas.
42
días suspendió la Procuraduría a Quintero en 2022 como medida cautelar por actuar en política.
66
son los procesos penales que lleva la Fiscalía por presunta corrupción durante la administración saliente.
Tras la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín y de Carlos Caicedo a la Gobernación de Magdalena, los congresistas del Centro Democrático Paola Holguín y Juan Espinal anunciaron que radicarían un proyecto para evitar que se repitan casos como esos, donde mandatarios regionales y locales dimiten para irse a hacer política. Eso envía un mal mensaje. “No es posible que un alcalde o un gobernador renuncie para irse a hacer política”, dijo Espinal.
Quintero llegó a la Alcaldía mostrándose como un habitante de barriada popular que ascendió por mérito propio en la escala social. Según él representaba una opción independiente, “sin jefes políticos”. Sin embargo, pronto se conocieron los respaldos de dirigentes tradicionales, como el expresidente César Gaviria o el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y con caciques regionales cuestionados como el exgobernador Luis Pérez, entre otros.
Miguel Andrés fue el personaje que, según versiones, tras bambalinas habría manejado muchos hilos del poder en la administración de su hermano. Denuncias recibidas por EL COLOMBIANO dan cuenta de su influencia en la contratación en varias dependencias del Distrito y de presuntas movidas para el cobro de coimas por contratos.
