A escasos metros de uno de los puestos de control instalados por la Policía sobre la carrera 40, un grupo de trabajadoras sexuales camina por los alrededores del cerramiento del Parque Lleras.
Ante la mirada de los uniformados, que ya ajustan dos meses de regular el ingreso a ese espacio público por orden de la Alcaldía de Medellín, la explotación sexual sigue siendo una de las múltiples problemáticas que están lejos de desaparecer en esa zona de El Poblado, pese a los estrictos controles policiales.
Luego de trabajar por más de 12 años en el costado sur de ese parque, Gloria Elena Rendón, propietaria de una distribuidora de alimentos y licores, explica que aquella estrategia ha generado profundos contrastes en la zona, tanto para los comerciantes como los transeúntes.
Aunque Rendón es una de las personas que considera que la sensación de seguridad ha mejorado desde mayo pasado, al mismo tiempo advierte que los problemas estructurales del sector se mantienen vigentes y ahora se suman a una reducción de ventas que tiene a más de uno asfixiado.
En cuanto al fenómeno de la explotación sexual, Rendón advierte por ejemplo que, aunque la promesa de las autoridades fue erradicarla, durante las últimas semanas los controles parecieran haber dejado de funcionar.
Luego de las cuatro de la tarde, según coinciden otros comerciantes, el parque se llena de trabajadoras sexuales en busca de turistas, que al mismo tiempo siguen acudiendo allí para pagar por sus servicios.
“De todas maneras siguen entrando. ¿Qué mecanismo utilizan? No sé. Tal vez antes de que cierren a las 4:00 de la tarde entran y se camuflan, porque ya uno en las noches las ve de aquí para allá”, advierte.
En un recorrido el pasado jueves, se pudo constatar que tanto fuera como dentro del dispositivo levantado por la Policía la explotación sexual sigue desbordada.
“Al principio, durante las primeras tres semanas, no estaban dejando entrar a las chicas, ni a los que venden drogas. Eso nos subió las ventas. Pero ahora las chicas están entrando, lo que ha reducido las ventas”, expresó por su parte Christos Fiouris, propietario de un negocio de comidas y quién es uno de los que considera que el cerramiento le vino bien al sector.
Por el lado de otros delitos como los hurtos y el tráfico de drogas, los comerciantes también advierten que los controles policiales lo único que hicieron fue redistribuir el fenómeno por los alrededores.
Aunque dentro del vallado prima una sensación de seguridad para muchos de los comerciantes consultados, el drama ahora es que al salir del mismo los delincuentes siguen merodeando en busca de víctimas.
Según expresan los comerciantes, luego de terminar su jornada, el solo hecho de tomar un transporte es motivo de zozobra.
A esos dos problemas, agrega Rendón, se suma que los estrictos controles también se han traducido en pérdidas económicas para muchos.
“Nosotros tenemos muchos clientes, porque surtimos a muchos establecimientos de acá y de Provenza. Sin embargo, los agentes de tránsito son muy intransigentes”, denuncia la comerciante, explicando que desde que empezó el cerco de las autoridades, estas muchas veces restringen la entrada de los vehículos de carga, ocasionando que la entrega de pedidos se represe.
“Eso nos ha reducido las ventas un 30%. Gracias a Dios se han hecho eventos que atraen a la gente y reactivan las ventas, pero la mayor parte del tiempo son más los problemas”, reprocha.
Una medida cuestionada
El cerramiento del Parque Lleras, que arrancó desde el pasado 3 de mayo, hace parte de una estrategia emprendida por la Alcaldía de Medellín este año en la que la circulación a varios espacios públicos de la ciudad empezó a ser controlada por la Policía.
Pasadas menos de dos semanas del inicio de esas restricciones, que en el Lleras se tradujeron en un dispositivo que abarca varias cuadras a la redonda y comprende seis accesos, además de la explotación sexual y los hurtos, el microtráfico y la mendicidad también se terminaron trasladando a zonas adyacentes como la calle 10.
En este último corredor, sustancias como la marihuana, la cocaína y el tusi se vende a viva voz. Así mismo, el lugar se ha convertido en un punto en el que miembros de comunidades indígenas en condición de mendicidad se han asentado.
De igual forma, organizaciones como la fundación Un Segundo Camino ya habían advertido desde mayo pasado que el único resultado de los operativos policiales sería que las cerca de 1.000 trabajadoras sexuales que están asentadas en la zona se desplazaran, en una medida calificada como simples “paños de agua tibia”.
Debate por resultados
Según argumentan las autoridades, la estrategia en el Lleras sí se habría traducido en una reducción del hurto a personas, celulares y a comercios.
De acuerdo con la información más reciente de la Policía, mientras en el caso de los hurtos a personas se habían contado 15 casos este año en el Parque Lleras (en 2022 fueron 37); en el caso de los hurtos a celulares iban 7 (en comparación con 22 en 2022) y en los hurtos a establecimientos comerciales solo iba 1 caso (en comparación con 2 en 2022).
Por su parte, desde agremiaciones como Asobares el tema también genera interpretaciones cruzadas, tal como lo advierte Juan Pablo Valenzuela, líder del capítulo departamental de esa asociación.
Si bien Valenzuela es uno de los defensores del cierre, argumentando que ha mejorado las condiciones para ese gremio, también admite que tiene cosas por mejorar.
“Desde Asobares Antioquia extendemos un mensaje positivo frente a lo que ha venido ocurriendo en el Lleras. El impacto en el mejoramiento de la calidad de la oferta ha sido positivo y se han registrado incrementos de ventas. Sin embargo el camino todavía es largo. Aún falta avanzar para que hayan conclusiones definitivas frente al impacto de la medida y hay algunos temas que revisar, pero es algo que vemos con buenos ojos”, dijo Valenzuela.
En contraste, otras voces consideran que, más allá de la discusión por los impactos en el corto plazo, la zona sigue demandando políticas de fondo y largo aliento.
Así lo considera por ejemplo María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien plantea que la decadencia del Parque Lleras y toda su zona de influencia es un proceso de varios años, y ha sido ocasionada por el descuido de múltiples actores. A su juicio, aún sigue siendo preocupante la presencia de grupos ilegales que dominan el sector y en general el descuido oficial.
“El Poblado, precisamente el sector de la calle 10, el Parque Lleras y Provenza, son los que más turismo atraen y lo irradian para el resto de los municipios. Claramente son un atractivo muy importante, pero vemos con mucha preocupación su decadencia, la falta de cuidado que tienen los andenes, el espacio público, las basuras y la falta de articulación entre los mismos comercios para enfrentar la problemática”, dijo Bernal.
“Necesitamos que se tomen medidas realmente estructurales y prevenir que este fenómeno se repita en otros sectores de la ciudad que están presentando también dinámicas de turismo fuertes”, añadió la directora.
Desde el punto de vista jurídico, la estrategia también ha sido fuertemente cuestionada por ser considerada arbitraria y como una vulneración al derecho ciudadano a gozar de los bienes públicos, tal como lo argumentó a finales de mayo pasado el abogado Edier Esteban Manco Pineda, quien incluso interpuso una acción popular buscando tumbar la legalidad de esos cierres.
En dicho recurso, Pineda no solo le pidió a un juez administrativo revertir ese cierre en El Poblado, sino en la Plaza Botero, que también generó múltiples fricciones con las organizaciones culturales del Centro de Medellín.
“Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”, planteó entonces el litigante, quien también cuestionó que la Alcaldía emprendiera esas políticas sin mostrar estudios previos que soportaran los impactos que generarían.
Más allá de esta discusión, para comerciantes como Gloria Elena Rendón, el cierre sigue traduciéndose en un riesgo para la supervivencia de su negocio de más de 12 años de trayectoria, que al final pareciera ser la última de las prioridades del gobierno local.
