En la audiencia de este lunes, también fueron imputados por esos mismos hechos la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata, y el representante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
Si bien desde mediados de este mes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ya había anticipado que el ente tenía más elementos relevantes en su investigación, fue en la diligencia de este 27 de noviembre que salieron a flote los nuevos detalles.
Lea también: El testimonio clave en el fallo de Procuraduría contra la exsecretaria de Educación de Daniel Quintero
Según expuso la fiscal al frente del caso, el peculado se habría perpetrado a través de dos formas principales.
La primera de ellas estaría asociada al manejo del talento humano de dicho contrato, en donde presuntamente se habría desconocido la relación técnica del mismo a la hora de efectuar pagos.
De acuerdo con la fiscal, aunque el programa tenía un máximo de 17.280 cupos, el personal que era requerido para la ejecución del contrato variaba precisamente conforme al total de personas atendidas en la realidad.
Le puede interesar: Procuraduría investiga contratos de la Alcaldía con la Universidad Nacional y Telemedellín
Si bien entre los meses de marzo y agosto el cupo estaba por debajo de su máximo, desde el Distrito se habrían reconocido pagos a personal como si este estuviera en 17.280, aseveró la Fiscalía.
Asimismo, complementó el ente, la segunda vía por la que se habría perpetrado el presunto peculado habría ocurrido en medio de la línea de hogares comunitarios o atención en malnutrición.
Según sostuvo el órgano, en los informes de interventoría que se revisaron, dicha actividad nunca se habría ejecutado, pero en varios meses de 2020 el Distrito de todas formas habría reconocido el pago de personal para esa tarea, en una modalidad que es conocida como el pago de personal por servicios no prestados.
Luego de la imputación realizada, Agudelo, Gil y Gómez insistieron en su inocencia y no se allanaron a los cargos.
