Nueve meses tardaron las autoridades para judicializar a la mujer responsable de uno de los casos de maltrato animal más aberrantes que se han conocido en Medellín en los últimos años.
El caso se remonta al 23 de enero pasado y las imágenes que difundió entonces la Policía Ambiental seguramente están frescas en la memoria de mucha gente. Después de atender una denuncia ciudadana, la policía realizó un allanamiento a una casa en el barrio Juan XXIII y se encontraron con 55 perros hacinados y en las condiciones más deplorables posibles.
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Los perros, todos ellos de raza, de las razas pomerania, ShihTzu, yorkshire y en su mayoría bulldog francés, llevaban meses cautivos durmiendo entre sus propias heces, padeciendo hambre y con problemas graves de salud que ya habían causado en varios de ellos procesos de ceguera irreversible y patologías severas en la piel y otros órganos vitales.
El lugar resultó ser un criadero clandestino y a la mujer que resultó ser la encargada del lugar la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Gelma, especializado en delitos de maltrato animal, le inició una investigación que nueve meses después finalmente arrojó su judicialización.
La mujer deberá responder por el delito de maltrato animal agravado. Y según lo que dicta la Ley 1774 del 6 de enero de 2016 sobre el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, la mujer podría recibir sanciones administrativas de entre cinco y 50 salarios mínimos legales vigentes. Pero, además, se expone a una pena de prisión que podría ir de los 12 a los 36 meses y una inhabilidad para ocupar cargo profesional que implique el contacto con animales.
Este caso fue apenas el primero de la serie de que ha tenido que atender la policía y la alcaldía de Medellín este año en Medellín, lo que llevó a confirmar al Distrito hace un par de meses que la situación de los criaderos clandestinos en la capital antioqueña está completamente desbordada. Este año se han reportado al menos diez rescates masivos de perros en criaderos clandestinos de caninos de raza, que utilizan las redes sociales para vender estos cachorros, particularmente las razas que están “de moda”.
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La problemática ha puesto al límite la capacidad de las fundaciones y organizaciones que se encargan del rescate, protección y cuidado de animales abandonados. Y hasta del propio Centro de Bienestar La Perla.
Desde la Secretaría de Ambiente señalan que el tema de los criaderos es cada vez más complejo de abordar en Medellín por el aumento acelerado de sitios clandestinos detrás de este negocio, sin ningún tipo de representación legal, lo que dificulta su localización para las inspecciones que son competencia de la Policía de Protección Animal.
Lo que explican desde la Secretaría es que, generalmente, cuando logran acceder a estos lugares es porque a la policía ambiental llega un reporte o denuncia que casi siempre ocurre cuando ya los animales están en un alto grado de riesgo, ya sea por estar en los huesos por el hambre, o por haber contraído dermatitis, parásitos internos y externos, enfermedades de tipo respiratorio y/o digestivo y en la mayoría de los casos, alteraciones en el comportamiento intra e inter específico.
Son animales que, además, no tienen esquema de vacunación vigente y casi nunca las personas que son halladas como responsables de estos criaderos piratas cuentan con documentos como carnés de controles sanitarios de los animales ni historias clínicas de ellos. Según la Alcaldía, la ausencia de claridades normativas ha facilitado que muchas personas aprovechen los vacíos para montar criaderos y venta irregular de animales.
No obstante estos lugares se desarrollan incumpliendo lo reglado en la Ley 1801 de 2016 referente a establecimientos de comercio; la Ley 1774 de 2016 que determina cuáles son los cinco libertadores de los animales; y la Ley 9 de 1979 referente a Prevención y Control de Zoonosis junto a sus decretos 2257/1986 y 780/2016.
Además, estos lugares incumplen el Acuerdo 004 de 2015 que establece unos mínimos para el funcionamiento adecuado de los criaderos, ligado a lo que ordene en el Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín. Mejor dicho, el que compra un perro proveniente de estos lugares está apoyando múltiples violaciones de ley y alentando una de las actividades más crueles de comercio de vidas que existen actualmente. Y cuando a los criaderos se les sale de control su negocio, el problema le queda a la ciudad. Según la Alcaldía, este año se han rescatado 2.023 caninos y 1.471 felinos.
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