La promesa de no cobrar extorsiones en la comuna 4 (Aranjuez) y en algunos sectores de Bello durante el fin de año se cumplió. A falta de una semana para terminar el plazo, la medida ha sido bien recibida por los vecinos y por la mesa de diálogos de la Paz Urbana en Medellín. Sin embargo, en las áreas mencionadas permanece la zozobra por saber qué pasará cuando finalice esta prueba piloto que cubrió apenas 25 barrios del Valle de Aburrá, si habrá “retroactivo” o qué pasará con este flagelo que afecta a más de 150.000 hogares y locales comerciales y les deja a las bandas criminales más de $100.000 millones al año.
Esta decisión, acordada desde la cárcel de Itagüí, comenzó a regir el pasado 19 de diciembre y se determinó que sería por un mes, como muestra de voluntad por parte de las estructuras criminales en medio de las negociaciones para consolidar la paz urbana. Se implementó en los 14 barrios de la comuna 4, lo que representa solo el 5% de los barrios y veredas que tiene Medellín, además de 11 de los 82 que posee Bello, lo que representa el 13% del segundo municipio más poblado del Valle de Aburrá.
“Hasta ahora, muy bien la experiencia. Hay una comisión de seguimiento y verificación que rendirá un informe, pero la percepción ha sido positiva”, manifestó Jorge Mejía, uno de los líderes de esta mesa de negociación.
EL COLOMBIANO también habló con líderes comunitarios y habitantes de las zonas, quienes aseguraron que después de que se hiciera el acuerdo por parte de los jefes criminales que negocian la paz urbana “no se han visto a los muchachos cobrar vacunas en los barrios”.
El fenómeno de la extorsión
Tan solo en Medellín, la extorsión afecta a 150.000 hogares y establecimientos comerciales a los cuales las diferentes estructuras criminales les hacen cobros que pueden empezar desde los $2.000 semanales para las residencias hasta los $50.000 diarios para los establecimientos comerciales. En la comuna 4 el tema más crítico se presenta con los establecimientos comerciales, donde se estima, de acuerdo con el estudio realizado por las universidades Eafit y de Chicago, que el 60% son intimidados por estructuras criminales para garantizarles la “seguridad”.
Los 14 barrios de esta comuna son duramente afectados por los cobros ilegales, aunque los que lo padecen de manera más crónica son, en cuanto a los negocios, Sevilla con el 61,1% de los establecimientos, Miranda con el 47,6%, Palermo con el 45,8%, Manrique Central #1 con el 41,6% y La Piñuela y Berlín, ambos con el 37,5%.
Para el caso de las residencias, donde más “vacunan” son Sevilla con el 38,9% de las propiedades, seguido por Miranda con el 38,1%, San Pedro con el 33,3% y Palermo con el 27,5%. En el resto de los barrios no se supera el 12% de las casas afectadas por este cobro criminal.
De acuerdo con Santiago Tobón, investigador de las dos universidades y uno de los abanderados de este estudio, estas estructuras manejan modalidades para evadir la visibilidad de las autoridades.
“Generalmente estos cobros se hacen los viernes, y en ocasiones usan algunos mecanismos de protección –como talonarios de rifas o boletas– que mitigan el riesgo de una captura en flagrancia durante el cobro”, explicó el investigador sobre el comportamiento de las estructuras a la hora de hacer estos cobros, tanto en Aranjuez como en el resto del Valle de Aburrá.
Esa situación contrasta notoriamente con la cantidad de denuncias realizadas, puesto que durante el 2024, en la comuna de Aranjuez se denunciaron apenas 47 casos de extorsiones, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Esto representa un porcentaje ínfimo contra la cantidad de casos que la investigación de esta universidad arroja.
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Los barrios donde más se denunciaron casos de extorsión el año pasado fueron Aranjuez (9 casos), Berlín y Campo Valdés #1 (6 cada uno), Moravia (4), Bermejal-Los Álamos y Brasilia (3 cada uno), al igual que San Pedro y Sevilla.
La extorsión es uno de los mayores ingresos de las estructuras criminales de todo el Valle de Aburrá, ya que, de acuerdo con el estudio, esto les puede dejar hasta $100.000 millones cada año, tanto si se cobra a los negocios como a las viviendas.
“Lo que se está haciendo con este plan piloto es mostrar que si bien hay una voluntad, esta es insuficiente y hasta insignificante porque se está haciendo solamente en un sector y no en toda la ciudad, con lo que esto representa”, explicó un experto en el conflicto urbano, quien prefirió la reserva de su nombre.
Si bien desde la mesa de diálogos aseguraron que este piloto, que concluye el próximo domingo, ha sido exitoso y las propias comunidades se sienten satisfechas, hasta el momento no se ha hablado de hacer una prórroga ni tampoco de extenderlo, todavía, a otras áreas.
“No se ha considerado inicialmente su prolongación, pero sí ejecutar luego más pilotos”, explicó Mejía sobre una posibilidad de que el 20 de enero no se reinicien el cobro de las extorsiones en los 14 barrios de Aranjuez y los nueve de Bello.
Los 14 barrios de la comuna 4 en los cuales se tomó esta determinación son Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique Central, Campo Valdés No 1, La Esmeralda, La Piñuela, San Cayetano, Brasilia y Miranda.
La lista se complementa con estos nueve barrios de Bello: Espíritu Santo, El Cairo, Hato Viejo, Riachuelos, Pachelly, El Tanque, Altos de Niquía y Altos de Quitasol. Sin embargo, en próximas conversaciones de la mesa de negociación se podría hablar de tomar medidas similares, bien sea extendidas a otros barrios de Medellín o de frenar otros delitos, porque si bien no se cobraron “vacunas” sí se vendieron drogas, se cometieron atracos y hasta se registró un homicidio.
“La posibilidad de extender estos pilotos a otras zonas sería una cuestión de conversar y concertar con los voceros de las estructuras para implementarlos, pero este es un primer paso, una demostración del potencial de la paz urbana en Medellín”, señaló el vocero Mejía y quien hasta finales del año pasado era el coordinador del proceso.
Otra de las voluntades establecidas dentro de esta mesa de negociación en la comuna 4 (Aranjuez) tiene que ver con la venta de drogas como heroína y fentanilo, así como evitar la venta de cualquier estupefaciente en los entornos educativos. Durante el acto del pasado 19 de diciembre, voceros de las estructuras de Aranjuez señalaron que gracias a ellos estaba prohibida la comercialización de 2CB (Tusibí).
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Los acuerdos que les dieron un mes de oxígeno a estos 25 barrios se debió, en parte, a la llegada al equipo de negociación de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los máximos cabecillas de La Terraza, una de las estructuras que delinque en esta comuna del nororiente de la capital antioqueña. A esto se sumó que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el máximo líder criminal de Medellín a comienzos de este siglo, fuera nombrado como gestor de paz.
“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Estas dos incorporaciones harán del diálogo y de los avances del espacio, acuerdos y acciones seguros e irreversibles”, señaló en diciembre pasado Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, otro de los negociadores de esta mesa de la Paz Urbana.
El lunes 20 de enero es una fecha que las comunidades de Aranjuez tienen marcada en su calendario, en medio de la expectativa y el temor por volver a ver a los “muchachos” cobrando las extorsiones. Pero más que preocuparles que deban sacar un porcentaje del dinero ganado con su esfuerzo, les inquieta todavía más no tener claridad si lo que no se pagó en diciembre será cobrado cuando vuelvan estas extorsiones o, por el contrario, se reiniciarán con los valores que se venían cobrando, sin mayores variaciones.
“A todo el mundo en Aranjuez le cobran ‘vacunas’ y esa es una de las rentas más grandes de las bandas de este sector. Nada más imagínese que a los buses les cobran $35.000 diarios y son 180 los que prestan servicio por acá, entonces imagínese lo que dejaron de percibir en todo un mes”, contó un vecino del sector. Además, los otros delitos en este territorio, controlado por 20 estructuras criminales, no se eliminaron. “Se siguieron viendo a los que venden la marihuana, el bazuco, el licor adulterado a los alcohólicos. Solo se controló un delito, pero los demás seguían pasando como si nada”, agregó. Entre la lista de delitos cometidos dentro de este territorio se encuentra el ocurrido el pasado 30 de diciembre en Campo Valdés, cuando encontraron muerta dentro de bolsas y una caja a Luisa María Ramírez Díaz, de 31 años, en un hecho del cual, hasta el momento, se investigan los móviles. Este ha sido el único asesinato registrado desde el 19 de diciembre en toda la comuna 4.
Sin embargo, las extorsiones en el resto de Medellín se siguen cobrando sin contratiempos e incluso estos hechos ya cobraron una vida esta semana, de acuerdo con la información de las autoridades.
En la madrugada del pasado jueves, en el sector Altos de la Torre, en el barrio Llanaditas, de Medellín, dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Trece de Noviembre entraron hasta la vivienda donde residían dos hermanos recicladores y mataron a Jeison Fernando Chanci, de 29 años. Le dispararon con un arma traumática porque se había negado a pagar $80.000 semanales a cambio de que les dejaran continuar realizando su labor. En este ataque, su hermano resultó lesionado.
Así mismo se habla del panorama en otros sectores de la ciudad, siendo los más afectados por este fenómeno, además de Aranjuez, las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 12 (La América) y el corregimiento San Cristóbal donde hay zonas que superan el 60% de los negocios extorsionados.
Una torta de 20 estructuras
La particularidad que tiene Aranjuez es que en sus 14 barrios hay 20 estructuras, apoyadas en su mayoría por Grupos Delincuenciales Organizados que se encargan de manejar el cobro criminal, dependiendo del territorio que les corresponda.
De acuerdo con expertos del conflicto armado de Medellín, una de las estructuras dominantes es el grupo delincuencial Los Triana, pero también está el grupo delincuencial El Mesa dando apoyo al combo del barrio Palermo, mientras que el Clan del Golfo hace lo propio con Altos de Aranjuez.
La Terraza también tiene representación con la banda Los Gomelos y el grupo delincuencial Robledo les brinda todo el apoyo logístico y económico a los integrantes de la banda de Moravia, como las alianzas más significativas y temidas en esta parte de la ciudad y sobre la cual se hizo una primera muestra de los alcances que puede lograr un acuerdo de paz en la ciudad.
Todas estas estructuras, además de la financiación desde la ilegalidad, también con el paso del tiempo han captado el manejo de algunas rentas legales, como la propiedad de parqueaderos, panaderías y hasta puestos ambulantes desde los cuales, en muchos casos, controlan otros negocios criminales.
Aunque todavía falta una semana para que termine este plan piloto pactado entre las bandas en la mesa de negociación de la Paz Urbana, para los representantes del Gobierno Nacional en este proceso, este es el único camino para buscar una pacificación del territorio, teniendo en cuenta que durante 45 años se ha intentado combatir la criminalidad con apoyo de la fuerza pública, solo obteniendo algunos logros parciales.
“Este es un primer paso para lograr lo que queremos, porque sería esto, mediante la negociación, o seguir con las mismas fórmulas que se han tenido toda la vida, obteniendo los mismos resultados nulos”, concluyó Mejía.
