En una discusión que duró aproximadamente dos horas, el apoderado de Quintero insistió en que ese órgano disciplinario no tendría la potestad para decidir sobre los derechos políticos de Quintero, en caso de inhabilitarlo para ejercer funciones públicas.
Aludiendo a que el exmandatario local ya habría manifestado su deseo de participar en las próximas elecciones presidenciales de 2026, la defensa consideró que en caso de restringirse esa participación presuntamente se estaría yendo en contra de la convención americana, que establece que los órganos administrativos no pueden decidir sobre los derechos políticos de los ciudadanos, en una potestad que solamente tendría la rama judicial.
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Como argumento de esa hipótesis, el apoderado de Quintero aludió al caso del hoy presidente Gustavo Petro, que cuando también fue suspendido por la Procuraduría luego logró revertir esa decisión acudiendo a argumentos parecidos.
Por otra parte, la defensa también sostuvo no encontrar dicho proceso saneado, considerando que el mismo primero estaba en manos del viceprocurador y luego pasó a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento.
Tras escuchar esos descargos, los integrantes de esa sala analizaron dichos argumentos y se mantuvieron no sólo en que la Procuraduría sigue siendo competente para avanzar con el juicio, sino que los pasos del proceso se han llevado conforme a la ley.
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Cabe recordar que el juicio disciplinario que hoy tiene en el banquillo a Quintero se remonta dos años atrás, cuando el exmandatario fue suspendido de su cargo tras publicar un video en sus redes sociales en el que, en plena época electoral, instó indirectamente a la ciudadanía de Medellín a votar por el entonces candidato Gustavo Petro.
En dicha grabación, captada al interior de un carro, el entonces mandatario profirió la frase “el cambio, en primera”, aludiendo a una de las frases empleadas por la campaña de Petro con la que se instaba a los votantes a apoyarlo masivamente para que venciera en primera vuelta.
Además de aquel video, el ente de control también ha investigado otros escándalos que rodearon al gobierno de Medellín en el cuatrienio pasado, que van desde contratos cuestionados firmados por Telemedellín y el presunto uso de vallas que, al tiempo que proyectaban propaganda de la alcaldía, también difundían material proselitista.
Pese a la discusión de este miércoles, la Procuraduría aún no toma una decisión de fondo y programó para el próximo miércoles 20 de marzo una nueva audiencia para continuar con el proceso.