En los últimos años toparse de frente en el corredor del edificio con algún gringo cargado de maletas que llegaba o salía de algún apartamento se volvió algo cotidiano para los habitantes de edificios y urbanizaciones de todas las comunas de Medellín. Sin embargo, la explosión de la renta corta, la crisis de los arriendos y las problemáticas derivadas del aumento acelerado del turismo, como la explotación sexual y otros problemas de convivencia, terminaron por convertir esos episodios en alertas.
Hace unos días se conoció que el boom de la vivienda turística que aportó en la crisis de arriendos en la ciudad finalmente empezó a desinflarse y Medellín pasó de tener 12.200 inmuebles ofertados en plataformas de renta corta en diciembre de 2023 a 10.873 en el primer semestre de este año, una disminución del 11% que según se dijo en el Concejo ayuda a reducir la presión sobre la oferta de la renta tradicional.
Pero el otro gran desafío es la regulación. Formalizar la oferta de renta corta y combatir la piratería que desató una crisis de convivencia en toda la ciudad y facilitó el auge de delitos alrededor de la bonanza turística como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y comercialización de estupefacientes. En ese orden de ideas, la Alcaldía de Medellín aseguró que este año han realizado más de 20 operativos en urbanizaciones residenciales donde se estaban prestando el servicio de vivienda turística de manera pirata.
El gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Federico Estrada, señaló que estos operativos demostraron que sí era posible que la institucionalidad ejerciera un control y vigilancia activo para garantizar que estos servicios se presten de manera adecuada, organizada y legal.
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Lo que recalcó Estrada es relevante pues el año pasado, mientras este fenómeno explotaba como el gran problema en las propiedades horinzontales de la ciudad, la administración distrital sotenía que no tenía dientes para entrar a mediar.
Lo que ocurrió entonces desde el año pasado, apuntó Estrada, es que los propietarios empezaron a tomar medidas concretas en las asambleas, aferrados a la normativa vigente que, aunque tiene baches y zonas grises, les permitió poner freno al problema.
Hay que recordar que bajo la normativa vigente en Medellín, para que un inmueble dentro de un edificio pueda ofrecer legalmente hospedaje en renta corta debe garantizar que el reglamento de propiedad horizontal apruebe el cambio de uso de vivienda tradicional a vivienda turística ya sea en parte de la edificación o en su totalidad. Y una vez la asamblea de copropietarios lo apruebe tienen que tramitar licencia para adecuación o cambio de uso a través de curaduría.
Lo que hicieron los propietarios de manera masiva, apuntó el gerente de la Lonja, no solo fue hacer más riguroso el cumplimiento de la normativa sino adelantarse al proyecto de ley que cursó en el Congreso el año buscando que cualquier vivienda residencial pudiera tener uso turístico.
Lo que pretendió el proyecto de ley, explicó Estrada, fue cambiar la interpretación de la normativa que indica que, salvo aprobación expresa en asamblea de copropietarios, ningún inmueble puede ser ofertado como vivienda turística.
Así que lo que hicieron desde el año pasado en cientos de edificios y unidades residenciales de la ciudad fue prohibir expresamente la prestación de servicios turísticos en los inmuebles. Y entonces arreciaron las sanciones y multas contra los propietarios y arrendatarios.
La administradora de una de las unidades residenciales más grandes de la ciudad relató que desde el año pasado impusieron 20 sanciones y multas a propietarios y arrendatarios por ofrecer apartamentos en renta corta o subarrendarlos para dicha actividad. Multas que no solo pueden superar el pago equivalente a 10 expensas comunes sino que llegan hasta la Superintenencia y se exponen a sanciones de hasta 50 salarios mínimos legales.
Dice que fue la forma de frenar las problemáticas de convivencia que había desatado esta actividad irregular en la copropiedad y que había arrojado ya denuncias por explotación sexual de menores, comercialización de estupefacientes, cientos de quejas por ruido y hasta hurtos y deterioro de las áreas comunes. Lo cierto es que la vigilancia activa de residentes y propietarios ha sido clave para endurecer el control a esta actividad. La Alcaldía ha dado cuenta de la existencia de más de 2.000 inmuebles prestando servicios turísticos de manera ilegal. A estos controles, según señaló Lina Méndez, integrante de la Unidad de Planificación Territorial de la Alcaldía, se suman estrategias de fondo que buscan garantizar que la oferta de vivienda turística deje de estar diseminada por la ciudad sin control alguno y se concentre en las zonas de media y, sobre todo, en las de alta mixtura.
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Hostales también bajo la lupa
La Secretaría de Seguridad y Convivencia señaló que este año han adelantado 35 intervenciones a hoteles, moteles y hostales en las comunas 5, 10, 11, 12 y 14, en las que impusieron 36 comparendos, suspendieron la actividad en 22 establecimientos y empapelaron con informes técnicos por diversos procesos de gestión y control territorial a otros 13.
