Las denuncias que señalan que durante la administración de Daniel Quintero a los funcionarios y contratistas les pedían plata de sus salarios para financiar el proyecto político del exalcalde so pena de quedarse sin trabajo, son cada vez más.
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El pasado domingo una investigación de Noticias Caracol reveló el testimonio de una exfuncionaria que contó cómo en una reunión dirigida por el exsecretario de Participación Ciudadana, Inclusión social y Gobierno, Juan Pablo Ramírez, a los asistentes les quitaron los celulares y les dieron indicaciones de cómo, de acuerdo a su salario, debían hacer donaciones para una fundación llamada “El futuro se parece a nosotros”, liderada por Daniel Quintero, con el supuesto objetivo de financiar su proyecto político a mediano plazo.
En una carta que les entregaron en esa reunión, y que estuvo rotando por grupos de Whatsapp de funcionarios de la alcaldía, había un manual tarifario con los aportes que cada uno debía hacer de acuerdo a su rango salarial: si recibía honorarios de bachiller, debía aportar un día de salario al mes; si era técnico o tecnólogo, dos días; para los profesionales la “donación” debía ser de tres días. Esto sumado al pago de una membresía única de $800.000.
Pues bien, luego de que se conociera ese testimonio, apareció el de la exsecretaria de las Mujeres y quien encabezó la lista del partido Independientes al Concejo, Ana María Valle, quien hasta ahora es la funcionaria de más alto nivel de la pasada administración en denunciar públicamente presuntas irregularidades.
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Valle, que hasta hace seis meses era acérrima defensora del movimiento del exalcalde Quintero, le dijo a Noticias Telemedellín que ella también recibió la carta con el tarifario en mención e hizo un aporte de $2.000.000, pero agregó que no fue la única vez que los alfiles del exmandatario les pidieron “donaciones”.
“Durante la administración, en los cargos directivos se daba mucho este escenario de pedirnos donaciones para cosas distintas, en su momento esta carta específicamente que pide la donación para la fundación el Futuro se parece a nosotros, fue una carta que estuvo rotando en grupos de Whatsapp de funcionarios y funcionarias de la Alcaldía de Medellín, sobre todo en los grupos directivos”, dijo Valle en los micrófonos de Noticias Telemedellín.
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De acuerdo con sus explicaciones, el motivo por el cual hizo el aporte fue porque “El futuro se parece a nosotros es una frase que se usaba mucho en el contexto del movimiento Independientes”. Hay que recordar que ese ha sido uno de los principales eslóganes políticos de Quintero.
Valle además reconoció que quienes donaron no tenían conocimiento específico del destino de los recursos. “Al momento de recibir la carta es que muchos voluntariamente hicimos la donación sin saber si eventualmente esos recursos iban a ser destinados a fines distintos a los que se estipulaba en la carta, pero cuando yo realicé la donación y escribí al número de Whatsapp que decía la carta a mí nadie me respondió nada”, aseguró.
Este proceso de presuntas presiones a funcionarios y contratistas para recaudar fondos para financiar la causa política de Daniel Quintero, que aspira a ser candidato presidencial en 2026, ya está en manos de la Fiscalía, quien tiene evidencia de que solo entre agosto y noviembre del 2021, la “fundación” recibió aportes de funcionarios por más de $20 millones. Además de Valle, también hay evidencias de aportes de la exsecretaria de Salud, Andree Uribe, y de Sergio López, ex director de la oficina de planeación de Medellín y exgerente del Metro de la 80.
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Hasta ahora, Juan Pablo Ramírez, quien ha sido el señalado de coordinar esta campaña de recaudación de fondos, solo ha respondido a través de sus abogados, quienes indican que no se realizó nada por fuera de la ley, y que prueba de ello es que la recepción del dinero de las donaciones se hizo a través de cuentas bancarias para dejar rastro de todos los movimientos del dinero.
Pero esa no es la única explicación que le debe Ramírez a la justicia, pues este también tiene abierto un proceso en el que las autoridades están recopilando pruebas para determinar si durante su paso por la secretaría de Participación Ciudadana se direccionaron los recursos hacia 18 corporaciones a las que, según lo denunciado por el alcalde Federico Gutiérrez tras el proceso de empalme, les habrían pedido coimas para entregarles los contratos.
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A sabiendas de que Ramírez tiene explicaciones por dar en la justicia, el gobierno del presidente Gustavo Petro lo premió este mes nombrándolo como subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), una unidad adscrita al ministerio de Hacienda.
