La veeduría Todos por Medellín denunció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaría incurriendo en interés indebido y a la vez, obstruyendo la justicia con sus últimas declaraciones en las que sugiere que se precluyan las investigaciones acerca de presuntas irregularidades en la contratación de $23.000 millones del programa Buen Comienzo.
Lea también: Quintero provocó con burla a los manifestantes que marcharon contra Petro en Medellín
Es importante recordar que por esta contratación del Distrito con la corporación Colombia Avanza la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, llegó a tener casa por cárcel y renunció al cargo, presumiblemente para soslayar esa medida. También están implicados en la investigación de la Fiscalía la exdirectora de Buen Comienzo Lina María Gil, así como Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de Colombia Avanza, la entidad con la que se hicieron los contratos señalados de presentar anomalías que incluyen hasta la eliminación de pruebas para ocultar presuntas irregularidades.
En las últimas horas, Quintero aseguró que su administración tiene cómo probar que en esa contratación no hubo sobrecostos como lo afirma la Fiscalía, sino un ahorro de $1.600 millones, lo que “debería permitir la preclusión, tanto de cualquier proceso de detrimento, como de cualquier proceso penal”.
Entérese: Hasta en los cines se ve la publicidad del alcalde Quintero que habla de congelamiento de tarifas que aún no se ve
A partir de eso, la directora de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Restrepo, reaccionó señalando al mandatario de tergiversar la información “como es usual” y de intentar que la Justicia no siga su curso.
Recordó que sobre la contratación de Colombia Avanza con el Distrito hay varios procesos. Por una parte, la Fiscalía ya imputó cargos por peculado por apropiación en tentativa, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado.
Además, ante la inoperancia de la Contraloría Distrital en el caso, la Contraloría General de la República hizo uso de sus facultades para ejercer un control preferente y abrió una indagación al respecto de un posible detrimento patrimonial. También, la Procuraduría acaba de formular pliego de cargos contra Agudelo por presuntamente haber “inosbservado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva” al haber contratado de manera directa con Colombia avanza el suministro de paquetes alimentarios para Buen Comienzo y el PAE (Programa de Alimentación Escolar).
Según Restrepo, el alcalde omite que las imputaciones no son solo por un presunto detrimento patrimonial sino por cuatro delitos. Fuera de eso, criticó que siempre Quintero y el resto de la administración han defendido a la secretaria Agudelo y ahora sacan este informe que busca apoyar ese propósito, incurriendo en un evidente conflicto de intereses.
Ya Todos por Medellín radicó un derecho de petición para acceder al informe de la liquidación de los contratos de Buen Comienzo con Colombia Avanza, con el fin de auscultar si el mencionado ahorro es real, o si obedece simplemente a una reducción de beneficiarios o del tamaño de los paquetes alimentarios que entregaron. La primera suspicacia al respecto es por qué se entregan informes de los contratos solo en junio de 2023, cuando estos se firmaron y ejecutaron en 2020.
“El alcalde ha insistido en demeritar que estas denuncias tengan sustento y dice que son de la oposición, pero resulta que las autoridades abren investigación solo cuando hallan mérito y en estos casos lo encontraron, porque las acusaciones están sustentadas y no obedecen a ninguna persecución”, puntualizó Restrepo al recalcar que Quintero no solo muestra un interés en obstruir la justicia sino en censurar la labor de la veeduría, atentando de paso contra el derecho de los ciudadanos a ejercer control.
Por su parte, el abogado de Agudelo, Santiago Trespalacios, quien se encuentra fuera del país, le confirmó a EL COLOMBIANO que la próxima semana el equipo de la defensa analizará, con base en el análisis de la información de la que habló el Alcalde, si tramita ante la Fiscalía la solicitud de preclusión del caso.
