Tras no haberle podido desembolsar más de $40.000 millones como pago a dos empresas y una persona vinculados con un aliado y amigo del exgobernador Luis Pérez, la administración de Daniel Quintero terminará su periodo devolviéndoles a los antiguos propietarios un lote valioso que ya figuraba a nombre del Distrito.
Se trata de la finca Aguas Vivas, un terreno inmenso ubicado entre El Poblado y Las Palmas, con una extensión de 147.000 m2. Este había sido traspasado por los dueños -IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas- al Municipio en calidad de compensación urbanística. Esa es una figura creada por el POT que obliga a quienes construyen edificios a entregarle espacio público a la ciudad. En este caso el negocio podía ser redondo en teoría para IDC, TC y Villegas, pues el terreno es sinuoso y está en un área de riesgo geológico, de manera que negociarlo con los urbanizadores para que estos le cumplieran a la ciudad era una buena manera de crearle valor a la vez que se libraban de un predial oneroso.
Por eso, emprendieron el proceso para que fuera aceptado en esa categoría y luego de pasar los filtros respectivos, lo escrituraron el 27 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de terminar la alcaldía de Federico Gutiérrez.
No obstante, al subir la administración Quintero algo debió cambiar porque los propietarios demoraron el registro de la escritura, a la vez que interpusieron recursos para cambiar los términos de la misma de manera que no les exigieran las inversiones de adecuación y les garantizaran que si en un año no lo podían transar, el Municipio se los pagara en plata.
Al final, registraron la tierra a nombre del Municipio a principios de mayo de 2020 pero curiosamente eso coincidió con dos cosas: que el terreno fuera calificado en el Plan de Desarrollo, a pesar de sus limitaciones geológicas, como el más pertinente para instalar allí el Valle del Software, y que comenzara a ganar fuerza una corriente en la administración que defendía contra viento y marea la posibilidad de que se firmara una conciliación para pagarles a los expropietarios de Aguas Vivas más de $40.000 millones.
También, de forma extraña, era “coincidente” que los funcionarios que ponían algún inconveniente terminaban reasignados a otras funciones y quienes facilitaban las cosas resultaban ascendidos.
Es importante aclarar que detrás de IDC ha estado Felipe Agudelo, reconocido como gran amigo de Luis Pérez y participante en sus campañas, y que en ese momento el secretario de Gestión y Control Territorial, una entidad clave para las decisiones en este caso, era Carlos Mario Montoya, quien ha sido ficha burocrática de Pérez.
En su momento EL COLOMBIANO denunció los presuntos intereses creados al respecto, pues hubo testimonios de que el propio Agudelo habría estado patinando en La Alpujarra una solución a favor de los suyos, y finalmente se frenó la intentona, pues ni la Procuraduría ni el Consejo de Estado admitieron que se hiciera el cuantioso pago.
El 10 de octubre de 2022 salió Montoya de su puesto. Dos semanas después, el 26 del mismo mes, Fabio Andrés García, subsecretario de Ejecución Contractual, que dependía de la Secretaría de Suministros y Servicios y hoy es Secretario General de la Alcaldía, firmó la resolución 202250110923 mediante la cual ordenaba “terminar unilateralmente el contrato de cesión gratuita de suelo receptor de obligaciones urbanísticas autorizado en la escritura número 5762 del 27 de diciembre de 2019”. En términos sencillos, con esto se anulaba la escritura y se devolvió la tierra a IDC, TC y Villegas. El certificado de tradición indica que el acto quedó asentado en la Oficina de Registro el 17 de febrero de 2023.
Es extraño pero, tras no haber podido hacer el pago millonario, de un plumazo entregaron sin chistar un terreno que supuestamente era tan importante como para que en el propio Plan de Desarrollo se manifestara el interés en él.
El argumento de García fue que desde el inicio, el negocio estuvo viciado por supuestamente violar normas de la Ley 80 de contratación pública y, de paso, solicitó compulsar copias a las autoridades para que investiguen a los funcionarios de la administración del alcalde Fico (2016-2019) que actuaron alrededor de la firma de la escritura 5762.
No obstante, la Personería no le “compró” los argumentos y en noviembre de 2022 ordenó indagar si las actuaciones de los funcionarios de la administración Quintero alrededor de Aguas Vivas se ajustaron a la ley, mencionando de manera expresa a García y a Alethia Arango, que como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público era la encargada de cuidar los intereses del Distrito. También, a los miembros del comité de Conciliación y la parte jurídica de la secretaría de Suministros y Servicios.
Fuera de eso, planteó que se estudie si es pertinente interponer algún recurso contra la resolución que le quitó ese predio al Distrito para devolverlo a los particulares. Ni de la indagación ni de las acciones contra el presunto “tumbis” se conocen aún resultados. El caso también está en Fiscalía.
Buscamos a los poseedores de Aguas Vivas, pero el abogado que llevó el caso ya no los representa y ellos no contestaron; tampoco pudimos contactar a García.
Una fuente que pidió anonimato manifestó el temor de que, tras la devolución del lote, la administración Quintero esté allanando el camino para comprarlo en los 20 días que le quedan de gobierno.
¿PRERROGATIVA HECHA A LA MEDIDA?
La veeduría Todos por Medellín, por la que la Fiscalía indaga el negocio de Aguas Vivas hace 3 años, calificó la anulación de la escritura como “una prerrogativa hecha casi a la medida para posiblemente beneficiar al cedente”. Secundó a la Personería en que la Ley 80 no era aplicable acá y recalcó que de haberlo sido también debieron aplicarla para sancionar a los propietarios por no hacer la entrega material del bien. Así, IDC no hubiera podido contratar la repotenciación de la Biblioteca de la Zona Nororiental (antes biblioteca España) ni el Parque de Artes y Oficios de Bello, obras que valen 28.000 millones y 76.000 millones, respectivamente.
