Una pistola, dos disparos y un reclamo por justicia: así comenzó la tragedia que hoy mantiene a Carlota ‘N’ detenida. En la tarde del 1 de abril, la mujer de la tercera edad llegó a una casa en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, acompañada por dos personas. Según su versión, el inmueble le pertenecía y había sido invadido. De acuerdo con los familiares de las víctimas, (un adulto y un adolescente) ellos lo alquilaron legalmente a través de Facebook.
Los hechos quedaron grabados en un video de dos minutos que circula en redes sociales. En él se ve a Carlota descender de un vehículo, sacar un arma y disparar, primero contra un hombre de 51 años, presuntamente trabajador de herrería, y luego contra un joven de 19 que intentó intervenir. Ambos murieron en el lugar.
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Horas después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Carlota y a sus acompañantes, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, acusados del delito de homicidio calificado. La defensa de la mujer sostiene que actuó para recuperar su propiedad, luego de que las autoridades ignoraran su denuncia previa por despojo.
Una realidad que supera la ficción
El caso ha sido comparado con Mano de obra, una película mexicana de 2020 que aborda con crudeza los conflictos sociales y morales derivados de la lucha por la vivienda en contextos de desigualdad. Pero la historia de Carlota no es ficción: es un reflejo de una tensión latente entre el derecho a la propiedad y la desesperación ante la impunidad.
En México, el fenómeno de la ocupación ilegal —también conocido como “paracaidismo”— afecta especialmente a personas mayores o ausentes que no pueden defender físicamente sus propiedades. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen más de cinco millones de viviendas deshabitadas, muchas de ellas en zonas urbanas donde la especulación inmobiliaria y la precariedad se entrecruzan.
Un sistema legal rebasado
Aunque el Código Penal Federal contempla sanciones de hasta cinco años de prisión por ocupación ilegal, en la práctica los procesos judiciales son lentos, costosos y, en muchos casos, ineficaces. La inacción institucional ha alimentado el crecimiento de redes criminales que lucran con el despojo y la renta fraudulenta de viviendas.
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En el Estado de México, entre 2020 y 2023 se registraron más de 2.500 denuncias por invasión de propiedades, aunque expertos estiman que el subregistro es enorme debido a la baja confianza ciudadana en las autoridades. A esto se suman prácticas como la extorsión y el fraude inmobiliario, que afectan especialmente a adultos mayores como Carlota.
¿Justicia o venganza?
La historia de esta mujer ha polarizado la conversación pública. Para algunos, es una víctima del sistema que tomó en sus manos, lo que la ley no resolvió. Para otros, cruzó una línea irreversible al ejercer violencia letal.
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La justicia ahora deberá determinar si actuó en defensa de su propiedad o si, por el contrario, incurrió en un crimen doloso. Mientras tanto, el caso ha encendido las alarmas sobre un problema estructural que sigue sin respuesta: la ocupación ilegal de viviendas en un país donde la propiedad puede ser tan frágil como una chapa de puerta recién cambiada.
