No hay una explicación certera de cómo sucedió, pero un incendio afectó el fin de semana la sede del Consejo Electoral de Venezuela (CNE) y el fuego se llevó 44.408 máquinas de votación, 582 computadoras de registro civil y más de 49.000 aparatos de identificación biométrica: la infraestructura para voto electrónico del país que comenzó a implementarse en el ámbito nacional en 2004.
Nada está claro. La primera reacción de la rectora del CNE, Tibisay Lucena, fue politizar la conflagración que ocurrió en el municipio Sucre, estado Miranda, y asegurar que se trató de un sabotaje. Y los mensajes que envía el organismo son incoherentes. Al principio, Lucena aseguro que “fue poco lo que se pudo rescatar”: 562 máquinas de votación, 724 captahuellas y 24 servidores. Luego, que se dañó, mas no se destruyó, el sistema electoral.
Pero la gravedad de una falla en la infraestructura electoral va más allá del incendio. Este año, según el calendario, deben realizarse elecciones parlamentarias para designar a los integrantes de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó y estas serían en el tercer trimestre del año. Además, la oposición está reclamando comicios presidenciales ante el reiterado cuestionamiento a las de mayo de 2018 en los que Nicolás Maduro habría sido reelegido.
Smartmatic es la empresa que provee la infraestructura para voto electrónico al país. Es una multinacional con 25 sedes en cuatro continentes, pero la reparación o renovación de equipos con ellos se hace compleja a causa de las sanciones en curso contra el régimen de Maduro que impiden a las organizaciones con sede en Estados Unidos tener intercambios con su administración.
Un CNE cooptado
Súmate es una organización no gubernamental para el control ciudadano de asuntos electorales. Su director, Francisco Castro, relata que en los últimos procesos se evidenció una disminución considerable en la cantidad de mesas de votación que habilita el CNE sin que este haya dado información técnica al respecto. “Presumimos que esto puede obedecer al deterioro del material electoral y el daño que sufrieron las máquinas en el incendio puede afectar más esto”, considera.
Tener información clara sobre la situación del sistema de Venezuela es complejo ante el silencio característico de las entidades de ese país y las dudas sobre la cercanía de estas con la administración de Maduro. Sin ir muy lejos, desde 2013 venció el periodo de los rectores principales del CNE –algo así como los magistrados en Colombia– pero estos no han sido retirados de los cargos.
Lucena, su presidenta, está en ese rol desde 2006 y su membresía fue renovada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el máximo órgano del sistema judicial con magistrados elegidos por el régimen, cuando la designación de una rectora del CNE debería estar a cargo de la Asamblea Nacional según la Constitución. Otro caso es el del ahora vicepresidente de comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, quien también estuvo a cargo del organismo.
Caminos para Venezuela
Dimas Ibarra es consultor en comunicación, trabajó con organizaciones de la sociedad civil investigando sobre condiciones electorales y visitó doce estados para evaluar ese ámbito. Su conclusión es que “la información en Venezuela se da con opacidad y no hay confianza de la ciudadanía en el organismo electoral ni en sus rectores”. Por eso el debate sobre el incendio también está mediado por el reiterado llamado de la oposición de cambiar a las cabezas del CNE porque, así se adopte un nuevo formato electrónico, el escepticismo impera.
Ibarra no descarta la posibilidad de que, si se cumple con el calendario electoral, el mecanismo de voto sea manual, tal como se aplica en Colombia. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno y de la U. Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, también traza esa salida o la opción de que se invierta en una nueva plataforma electrónica, pero esto tomaría un lapso que aún no está determinado porque habría que adaptarla, implementarla y auditarla. Al final, “la responsabilidad recae sobre el CNE porque esos materiales estaban bajo su custodia y el incendio es una situación aún sin justificación”, concluye Alarcón.
6.000
metros cuadrados de área tenía la sede del CNE que se incendió: CNE.
