Cargos por la presunta participación en narcotráfico, lavado de activos y conspiraciones para apoyar a terroristas de Colombia y el Medio Oriente, engrosan los expedientes que la justicia de Estados Unidos reúne contra 20 funcionarios y exservidores del Estado venezolano.
De este grupo, cuyo último reseñado fue el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cinco son civiles y 15 tienen presente y pasado en la Fuerza Pública. Lo que los une a todos es que son seguidores del socialismo impulsado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Fuentes del Gobierno estadounidense afirman que hay investigaciones preliminares contra 60 funcionarios, pero a los otros 40 aún no les abren expedientes judiciales.
Los procesos comenzaron en 2008, varios de ellos después de los hallazgos en el análisis al computador incautado tras el bombardeo en el que murió el jefe guerrillero “Raúl Reyes”, en Ecuador.
En septiembre de ese año, el Departamento del Tesoro sancionó al exministro Ramón Rodríguez Chacín y a los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel por, supuestamente, cooperar con el tráfico de armas y narcóticos, así como con la logística y documentación falsa para las Farc (ver la gráfica).
A los tres los incluyó en una presunta sociedad criminal con los cabecillas “Grannobles”, “Timochenko”, “Iván Márquez” y Rodrigo Granda; estos dos últimos son negociadores en La Habana actualmente. Por tales indicios, a los venezolanos los etiquetaron en la Lista Clinton y les restringieron las visas.
“Estas personas armaron y financiaron a las Farc, aun cuando estos aterrorizan y secuestran inocentes”, declaró Adam J. Szubin, jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El 08/9/11 la misma entidad sancionó a otros cuatro funcionarios por nexos con la insurgencia: el parlamentario latinoamericano Amílcar Figueroa, el congresista Freddy Bernal, el general Cliver Alcalá y el oficial de Inteligencia Ramón Madriz.
A raíz de las sindicaciones tomó fuerza la presunta existencia de un Cartel de los Soles, integrado por altos mandos de las Fuerzas Armadas y tentáculos en el bajo mundo.
La sombra del Medio Oriente
El 18/6/08, el Tesoro incluyó en la Lista Clinton a Ghazi Nasr al Din, de origen libanés y nacionalizado en Venezuela, por su presunto apoyo a las redes financieras del grupo Hezbolá. Según el FBI, para hacerlo se valió de su estatus de diplomático, pues fungió como delegado de Venezuela en las embajadas de Siria y Líbano.
El mismo año, el ente congeló las transacciones del Banco Internacional de Desarrollo, ubicado en Caracas, por ser filial del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán, sancionado a su vez en el marco de las acciones contra ese país por sus programas de energía nuclear (Orden Ejecutiva N° 13382).
El Departamento de Estado castigó en 2011 a la estatal petrolera PDVSA, por haber enviado al menos tres cargamentos de combustible a Irán, entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. Le negó contratos y licencias de exportación a E.U., uno de sus principales mercados.
Las sanciones continuaron en 2013, cuando la cartera de Estado impuso penalidades a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dependiente del Ministerio de Defensa, dentro del paquete de medidas contra la proliferación de armas en Irán, Siria y Corea del Norte.
Droga y sobornos
La Corte del Distrito Este de Nueva York abrió cargos por narcotráfico (30/3/11) contra Vassyly Villarroel, capitán (r) de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo acusó de usar vehículos oficiales -durante su servicio activo de 2004 a 2009- para transportar cocaína y dólares por las rutas venezolanas, en asocio con el capo colombiano Daniel “el Loco” Barrera, la banda “los Rastrojos” y los carteles mexicanos de Sinaloa, “los Zetas” y la organización Beltrán Leyva.
Y la Corte del Distrito Sur de Nueva York generó el 06/5/13 un expediente por corrupción y lavado de activos contra María de los Ángeles González, vicepresidente financiera del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), dependiente del Ministerio de Economía.
Según el FBI, ella recibió US$5 millones en sobornos para beneficiar con contratos y bonos por US$60 millones a dos corredores de bolsa de E.U., entre 2009 y 2012. El dinero se movía en cuentas de Suiza y Miami, donde fue arrestada González (03/3/13). La ejecutiva aceptó la culpa en el estrado.
En un Reporte de la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado (2013), los estadounidenses se quejaron porque, a su parecer, “Venezuela no coopera en los esfuerzos contra el terrorismo”, “no tomó acciones contra los oficiales implicados en tráfico de armas y drogas con las Farc”, “mantiene relaciones diplomáticas y financieras con Irán” y “allá tienen presencia simpatizantes de las Farc, Eln y Hezbolá”.
Y el Reporte de Control Estratégico de Narcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Leyes (marzo 2015) aseveró que Venezuela es una importante ruta para el tráfico de cocaína al Caribe, Centroamérica, E.U., África y Europa; que “falló en sus obligaciones con los acuerdos internacionales”; y que “no persigue a los traficantes, debido en parte a la corrupción política”.
Ambos pueblos tenían un memorando de entendimiento bilateral contra las drogas vigente desde 1978, pero la cooperación cayó en desgracia cuando los bolivarianos rechazaron la adición de nuevos puntos al acuerdo en 2005.
Un episodio crítico sucedió en julio de 2014, cuando el general (r) Hugo Carvajal, en ese momento cónsul venezolano en Aruba, fue detenido por las autoridades de la isla a pedido de E.U.; sin embargo, no fue extraditado, sino que el gobierno holandés lo liberó aludiendo su inmunidad diplomática. En ese momento, Maduro calificó las acusaciones norteamericanas como “un expediente falso”.
En el marco de otras investigaciones por narcotráfico contra Carvajal, diferentes a sus supuestos nexos con las Farc, E.U. procesó a dos presuntos asociados del exmilitar: el exjuez Benny Palmeri y el comisario (r) Rodolfo McTurk, quien fue director de Interpol en Venezuela.
Palmeri, detenido en Miami en 2014, fue condenado el pasado 9 de febrero en una corte de La Florida, a 6 años y 8 meses de prisión. Aceptó haber colaborado con narcos colombianos, en especial con el extraditado “Beto Marín”, del cartel del Norte del Valle.
En un discurso ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental, del Senado (17/3/15), el delegado de la OFAC, John Smith, señaló que su oficina abrió una investigación contra la Banca Privada de Andorra.
Sus indicios apuntan a que esa institución financiera estaría implicada en una red de dinero lavado en Venezuela, “producto de la corrupción pública”. “Esta red está conectada con funcionarios del gobierno venezolano y facilitó el movimiento de unos $50 millones de dólares a través de E.U., entre 2011 y 2013”, dijo Smith.
Decretos antichavismo
El 18/12/14, el Congreso de E.U. aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, para “imponer sanciones a personas responsables de violaciones a los DD.HH. de los opositores al Gobierno, para fortalecer a la sociedad civil y otros propósitos”.
Esa norma, propuesta por el senador demócrata Robert Menéndez, se convirtió en la base legal para las subsiguientes acciones de la Casa Blanca contra el régimen bolivariano.
El pasado 8 de marzo, el presidente Barack Obama expidió la Orden Ejecutiva N°13692 declarando una emergencia nacional por la situación en el país petrolero, que a su juicio amenazaba la seguridad y la política externa de E.U. Asociadas al anuncio, hubo sanciones económicas y supresión de visas para siete personas y sus familias: los generales activos y retirados Antonio Benavides, Gustavo González, Justo Noguera, Manuel Pérez, Miguel Vivas y Manuel Bernal; y la fiscal Katherine Haringhton.
Estos funcionarios fueron protagonistas, con sus órdenes y diligencias penales, de la represión a las protestas opositoras de febrero de 2014, que dejaron 50 muertos y arrestados a varios líderes antigobiernistas, como Leopoldo López.
El Palacio de Miraflores calificó lo sucedido como el fracaso de un golpe de Estado, mientras que Washington se quejó por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y “detenciones arbitrarias”.
El movimiento chavista recolectó más de 10’480.000 firmas para anexar a una carta de rechazo al decreto de Obama, la cual fue entregada en la VII Cumbre de las Américas en Panamá. “No somos antiestadounidenses, pero sí antiimperialistas”, proclamó Cabello.
Diplomacia deteriorada
Las relaciones entre Washington y Caracas comenzaron a deteriorarse en el segundo mandato de Chávez (2002) y alcanzaron el punto crítico en 2010, cuando sus respectivos embajadores fueron expulsados.
Hasta entonces, E.U. fue el principal socio comercial de los venezolanos, con 500 compañías instaladas en su suelo y fuertes lazos en importaciones y exportaciones de maquinaria, petróleo, químicos, instrumentos médicos, manufacturas, vehículos y autopartes.
Maduro acusa a los norteamericanos de instigar un golpe de Estado, y la contraparte responde que eso es falso y que “deje de distraer la atención sobre los problemas económicos y políticos”, tal cual dijo el 19 de febrero Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado.
El choque más reciente vino por cuenta de una publicación del The Wall Street Journal (mayo 18) que, citando fuentes gubernamentales con identidad reservada, reveló que la Fiscalía estadounidense tenía investigaciones adelantadas contra Cabello y su círculo de confianza, al parecer por narcotráfico y lavado de activos. La acusación, sin embargo, no ha sido formalizada en un estrado.
La diputada oficialista Tania Díaz opinó el miércoles pasado que “el imperio pretende montar una telenovela para justificar acciones contra funcionarios venezolanos de alto nivel”.
Al día siguiente José Ávila, diputado del PSUV, contó que en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) permanece detenida una persona, a quien describió como “un típico agente de la CIA”. Narró que es un experto en informática, al que le hallaron una agenda “para desestabilizar al pueblo venezolano”.
En respuesta a las sindicaciones, Cabello demandó a 23 directivos y periodistas de los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, señalándolos de atentar contra su buen nombre.
La brecha diplomática entre las dos naciones se abre cada vez más y el vacío que se forma amenaza con tragar a las fichas clave del chavismo.
Diputados chavistas apoyan a cabello
Elvis Amoroso
Vicepresidente de la Asamblea
“Diosdado, un héroe del pueblo, el camarada de siempre, ha demostrado en los momentos más difíciles su compromiso con el país, no podemos dudar en defenderlo porque hoy es él, mañana nosotros”.
José Ávila
Diputado de la Asamblea Nacional
“La derecha busca la desaparición física del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, y la primera etapa es lincharlo moralmente para que cuando lo liquiden físicamente no le duela a nadie”.
60
funcionarios venezolanos tienen investigaciones preliminares en E.U., pero solo hay 20 con expedientes abiertos.
30
es la máxima pena que contempla la justicia de Estados Unidos por el delito de lavado de activos.
