Pasados menos de 15 días desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retomar el control del estratégico paso del canal de Panamá, una vez más el mandatario arreció en sus disputas con América Latina y ahora centró el foco en Honduras.
El republicano amenazó con ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero. Ante ello, la presidenta Xiomara Castro advirtió que, en caso tal, respondería echando las bases militares de Estados Unidos en Honduras.
“Frente a una actitud hostil de expulsión masiva” de hondureños “tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio”, expresó Castro en cadena nacional de radio y televisión.
“En este caso (las bases militares) perderían toda la razón de existir en Honduras”, añadió la presidenta izquierdista.
Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas.
“Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierto al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana”, abogó.
Anunció que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará en enero junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración.
Según el vicecanciller hondureño, Tony García, unos 250.000 hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos. En esa línea, advirtió que Honduras no está preparada para recibir una cantidad de personas como esa.
Otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones, según el funcionario y distintas fuentes.
Cerca de dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
La mandataria hondureña canceló en agosto pasado un tratado de extradición con Estados Unidos alegando que podría servir para preparar un “golpe de Estado” en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el expresidente Manuel Zelaya.
Con base en este tratado, vigente de 1912 y que caducará en febrero próximo, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar de ciudadanos acusados de narcotráfico.
Por otro lado, el pasado 23 de diciembre Trump criticó lo que describió como tarifas injustas a barcos estadounidenses para pasar por el canal de Panamá y amenazó con exigir que Washington retome el control del estratégico paso.
El mandatario electo también denunció una creciente influencia de China en el canal, una situación preocupante que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico.
El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial el 31 de diciembre de 1999.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó las amenazas de Trump: “El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquiera otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad”, señaló Mulino.