El exmandatario fue acusado de crear, financiar y armar a los “escuadrones de la muerte” en los suburbios de Filipinas.
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo asumir su “responsabilidad” en la conocida como guerra contra las drogas tras ser entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) en la ciudad neerlandesa de La Haya, después de que la corte emitiera una orden de detención en su contra por la comisión de presuntos crímenes contra la humanidad.
“Asumo la responsabilidad. Yo era el que dirigía a las fuerzas del orden y el Ejército. Dije que les protegería, y asumo mi responsabilidad por todo esto”, afirmó Duterte en un mensaje difundido después de ser puesto bajo custodia en Rotterdam, Países Bajos. “He estado diciéndole a la Policía y las Fuerzas Armadas que este era mi trabajo y que, por lo tanto, soy el responsable”, ha puntualizado.
Duterte, que se ha convertido en el primer expresidente de Asia de la historia en hacer frente a caros presentados por el CPI, fue acusado de crear, financiar y armar a los “escuadrones de la muerte” encargados de sacar adelante su dura política contra el consumo y el tráfico de drogas.
Aunque las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha bajo su mandato, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sitúan esta cifra en torno a los 30.000.
El CPI considera que existen “bases razonables” para imputarlo por asesinato y crímenes contra la humanidad en calidad de “cómplice” durante la campaña. No obstante, cientos de personas han salido a la calle en La Haya en señal de apoyo a Duterte y han pedido que sea “enviado de vuelta” a Filipinas.
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La entrega de Duterte al CPI por parte de las autoridades filipinas ha levantado la polémica en el país. A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el presidente, Ferdinand Marcos Jr., manifestaron recientemente que Manila está obligada a cooperar con la Organización Internacional de Policía -conocida como Interpol- una vez el CPI emite sus órdenes de arresto.
No obstante, el propio Tribunal Supremo rechazó este misma semana una petición de orden de restricción temporal que buscaba bloquear, precisamente, la cooperación entre el Gobierno filipino y el CPI e impedir el arresto y traslado de Duterte. Su hija y vicepresidenta del país, Sara Duterte, insistió en que se trata de un “secuestro”, consecuencia de la “persecución y opresión” del Gobierno.
Su detención pone de manifiesto las crecientes disputas entre las familias Marcos y Duterte –quienes fueron un día aliados–, unas diferencias que se han acrecentado desde 2022 por cuestiones electoralistas.
La propia Sara Duterte, que hace frente a un proceso de impeachment ante el Parlamento filipino por amenazar a Marcos y varios miembros de su familia, asegura que es víctima de un plan que busca acabar con su vida y que la ha obligado incluso a contratar a un supuesto sicario.
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