Uno de los episodios más evidentes de esta represión se ha desarrollado en el barrio 23 de Enero, una zona popular y emblemática de la capital venezolana.
Este barrio, conocido por su fuerte vínculo con la historia del chavismo, es ahora escenario de una campaña de intimidación que recuerda los tiempos más oscuros de las dictaduras en América Latina. Según informes del diario venezolano El Nacional, colectivos chavistas patrocinados por el régimen han marcado con una “X” negra las casas de quienes han salido a protestar contra el Gobierno.
El barrio 23 de Enero no es cualquier lugar. Aquí se encuentran los restos del fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue considerado en su momento como líder de la Revolución Bolivariana y contó con una gran popularidad en el país.
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Pero desde la muerte de Chávez y la posterior llegada de Nicolás Maduro al poder, el descontento ha crecido en este antiguo bastión del chavismo y hoy son muchos los que han salido desde allí a protestar en contra del régimen.
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Sin embargo, para Eugenio Martínez, periodista venezolano, este hecho ya sucede en todo el país. “Es una práctica que tiene varios años. Se marcan con una X las casas, viviendas de personas críticas al Gobierno. No es algo exclusivo del 23 de Enero, es una práctica que se realiza en todo el país para identificar a los críticos, disidentes del chavismo, opositores”, afirma el experto.
Las marcas en las casas son hechas por miembros de la agrupación La Piedrita, un colectivo conocido por ser bastante violento y afín a la doctrina bolivariana. Este grupo, uno de los más grandes y con más poder en el 23 de Enero, ha sido vinculado con actos de represión contra quienes se oponen al Gobierno de Maduro.
La “X” negra en las puertas de las casas es un símbolo de advertencia, una señal de que quienes allí viven han sido identificados como opositores y podrían enfrentar represalias si continúan protestando.
El uso de la intimidación como herramienta de control social no es nuevo en Venezuela, pero la situación ha escalado tras las últimas elecciones. Recientemente, desde el balcón del Palacio de Gobierno, Nicolás Maduro ha intensificado su discurso de confrontación y amenaza. “¡Háganme la denuncia de los delincuentes fascistas para irlos a buscar! ¡Voy a proteger al pueblo calle por calle, barrio por barrio!”, clamó el presidente ante una multitud, en un mensaje claro de que no tolerará la disidencia.
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Maduro ha instado a sus seguidores a delatar a los “terroristas” que participan en las manifestaciones, utilizando una retórica que busca justificar la violencia estatal y la persecución de opositores.
Además, ha habilitado una aplicación móvil y una línea telefónica de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para que los ciudadanos puedan hacer denuncias anónimas contra aquellos que consideren sospechosos de “actos violentos”.
Se trata de la aplicación VenApp, utilizada por el régimen para interceptar planes de protesta; allí los ciudadanos pueden denunciar a los manifestantes. Aunque la aplicación fue bloqueada en las tiendas de Google y Apple, Maduro aseguró que más de 5.000 amenazas reportadas por esta vía han sido “atendidas”.
Esta estrategia ha sido criticada por activistas de Derechos Humanos, quienes advierten que se está instaurando un clima de miedo y desconfianza en la sociedad venezolana.
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En el barrio 23 de Enero, las cacerolas han resonado con fuerza en rechazo desde la auto proclamación de Maduro como presidente. Las protestas han sido particularmente intensas allí, donde la población cuestiona el rumbo del país bajo el liderazgo de Maduro.
Según datos oficiales, más de 2.200 personas han sido detenidas en el marco de las protestas que estallaron tras el anuncio de su reelección, una cifra alarmante que refleja el grado de represión que el Gobierno está dispuesto a ejercer para mantenerse en el poder.
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La represión no se limita a las calles. En los calabozos de la Policía Nacional en Caracas, cientos de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas jóvenes que participaron en las manifestaciones.
“Mi hermano se quedó con unos amigos en una panadería después de una marcha, y llegó la policía y se los llevó”, contó a AFP una mujer que pidió mantener su identidad en reserva por temor a ser llevada presa.
La situación es tan crítica que los agentes policiales han comenzado a ir casa por casa tocando la puerta, buscando a personas que puedan tener información en contra del Gobierno. “Ya nos da miedo hacer declaraciones, nos da miedo que nos paren en la calle”, confesó la mujer.
La ONG Foro Penal, que vela por los derechos de los presos políticos en Venezuela, ha denunciado la existencia de detenciones arbitrarias masivas, incluyendo el arresto de más de un centenar de menores de edad. Muchas de estas detenciones no se estarían produciendo durante las manifestaciones, sino en la noche, en las casas de los opositores.
El Gobierno de Maduro, por su parte, defiende sus acciones como necesarias para mantener el orden y la seguridad en el país. Mientras la comunidad internacional denuncia fraude y violaciones a los Derechos Humanos, el Gobierno intensifica su control sobre la sociedad venezolana, utilizando el miedo como su herramienta principal.
