Francia, uno de los países que sufrió por los atentados del grupo yihadista Estado Islámico y que libró la guerra para derrotarlo, se encuentra ahora ante un dilema: entre los vencidos no hay solo enemigos extranjeros, también ciudadanos franceses que están siendo condenados a muerte.
Solo esta semana, 7 miembros del grupo yihadista provenientes de ese país fueron sentenciados a la pena capital en Irak. Otros 5, deportados desde Siria, esperan un juicio con pocas expectativas: la directriz de los tribunales iraquíes es la horca para todo militante islamista, sea o no combatiente.
Entretanto, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, respaldado por la opinión pública, insiste en no solicitar la extradición a su país. “Estos terroristas que nos atacaron, y también sembraron miedo en Irak deben ser juzgados donde cometieron sus crímenes”, afirmó a medios franceses el ministro de relaciones exteriores Jean Yves Le Drian.
Esa postura, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos de ese país, equivale a que la condena la dictara el propio gobierno francés; al desconocimiento de la prohibición de la pena de muerte que fue acogida 1981, tras más de un siglo de disputas y ejecuciones.
De la consciencia al terror
Los primeros en poner en duda la idea de que hay ofensas que solo pueden ser pagadas con la muerte fueron los franceses. Juan David Posada, experto en derecho penal de la Universidad de Antioquia, explica que la Constitución francesa de 1791 empezó una ruta que luego recorrerían otros países: la sustitución de la muerte por la prisión como castigo.
Ese camino, paradójicamente, fue abandonado muy pronto por la sociedad francesa, que en 1973, en nombre de de la revolución, entró en un periodo de muerte al que la historia dio una denominación precisa: Terror.
Uno de sus ejecutores, Maximilien Robespierre representó en sí mismo la transición de Francia desde las ideas liberales hacia el delirio de la guillotina.
Antes de ser el líder la facción más radical de los jacobinos; de defender que, contra los enemigos el terror era lo mismo que clemencia, Robespierre fue un acérrimo crítico de la pena de muerte.
En 1973, según cita el historiador Joan Tafalla Monferrer en su artículo “Robespierre o la derrota de la virtud”, el diputado salió en defensa de los asesinos de un revolucionario contra los que se pedía la guillotina: “¿Acaso en el momento en que vais a borrar de vuestro código la pena de muerte, la decretaríais para un caso particular? Los principios eternos de justicia se oponen a ello”.
El debate actual en Francia es, de alguna forma, el mismo que libraban las dos caras de Robespierre en el siglo XVIII; y que heredaron los partidarios y opositores del presidente Francois Mitterrand, quien lideró la abolición de la pena de muerte en 1981: la definición de la delgada línea entre justicia y venganza.
Desaparecer los monstruos
Según el Centro Internacional de Estudio sobre la Radicalización, unos 1.700 franceses viajaron a Siria e Irak para respaldar a Estado Islámico. Algunos, incluso, participaron en la logística de atentados como el del teatro Bataclán, en París, en el que fueron asesiandas 130 personas.
Por esa razón, como explica Aaron Tauss, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional, “una parte de la sociedad francesa considera que no deben ser tratados como ciudadanos de ese país”.
Son, bajo esa lectura, traidores a su nacionalidad. Esto, en parte, explica para José Ángel Hernández, director del departamento de historia de la U. Sergio Arboleda, la postura del gobierno de Macron: “quiere dar una decisión de dureza, pero también de ambigüedad y, en últimas, deshacerse de los yihadistas”.
Del otro lado, colectivos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, siguen pidiendo que sus victimarios vivan para pagar su pena. El inicio del fin de la guerra contra Estado Islámico puso a Francia, y a Europa entera, frente a ese debate: olvidar o mirar a la cara su propio terror
