A través del Estatuto de Roma, un tratado internacional, se estableció a la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, un tribunal permanente encargado de investigar y juzgar por los crímenes más graves de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
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Sin embargo, algunas de las grandes potencias del mundo no firmaron o retiraron su firma del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconocen su autoridad.
Estados Unidos, China y Rusia sostienen que la CPI es una amenaza a su soberanía y que no se someterán a la jurisdicción de un tribunal internacional. Además, Burundi y Filipinas se retiraron del Estatuto de Roma. Turquía, Catar, India, Ucrania e Israel tampoco reconocen a la CPI.
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Por el contrario, 124 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 18 son de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados.
Algunos de los miembros latinoamericanos son Colombia (desde 2002), Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
¿Qué ocurre con los países no miembros?
El pasado lunes el fiscal de la CPI dio un paso importante al pedir que se emitan órdenes de arresto contra altos cargos de Israel y de Hamás, pero ¿significa esto que los afectados serán juzgados en La Haya?
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El fiscal Karim Khan solicitó órdenes de detención contra los dirigentes israelíes y contra tres líderes de Hamás por sospechas de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la Franja de Gaza.
Khan imputó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, delitos como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato”.
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A partir de ahora, un equipo de tres jueces deberán decidir si las pruebas presentadas son válidas para emitir las órdenes de detención.
No hay ningún plazo para que este equipo tome una decisión pero, en general, el proceso suele durar por lo menos un mes, aunque podría llevar más tiempo, pues se trata de un caso altamente sensible.
¿Serán arrestados?
El tribunal no tiene ninguna policía propia que garantice la aplicación de sus órdenes de arresto, y depende de que los Estados miembros de la CPI las acaten.
Los 124 Estados miembros de la CPI están técnicamente obligados a cumplir con las órdenes de arresto si las personas afectadas viajan a sus territorios.
Esto podría complicarle los viajes a Netanyau y a Gallant, aunque el principal aliado de Israel, Estados Unidos, no es miembro de la CPI, por lo que no estaría obligado a arrestarlos.
Con todo, los Estados no siempre acatan las órdenes de arresto emitidas por la CPI.
El exdirigente sudanés Omar al Bashir ha logrado viajar a varios países miembros de la CPI, como Sudáfrica y Jordania, a pesar de que existe una orden de detención contra él.
El presidente ruso, Vladímir Putin, también es objeto de un mandato de arresto de la CPI y aun así ha viajado al extranjero, por ejemplo a Kirguistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, aunque se trata de países que no forman parte de la CPI.
Sin embargo, Putin eludió una reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Sudáfrica, que podría haber aplicado la orden.
Según Vukusic, si Netanyahu o Gallant fueran a alguno de los países de la Unión Europea, la situación sería delicada “porque están obligados a arrestarlos”.
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¿Hay algún precedente?
Varios dirigentes políticos y militares han sido juzgados por crímenes de guerra y por crímenes contra la Humanidad.
La CPI condenó en 2012 a Charles Taylor, exjefe de guerra liberiano, convertido en presidente, por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
El expresidente serbio Slobodan Milosevic murió en su celda, en La Haya, en 2006, mientras era juzgado por genocidio por el tribunal creado para la ex-Yugoslavia.
El exdirigente serbio de Bosnia Radovan Karadzic fue capturado en 2008 y declarado culpable de genocidio por ese mismo tribunal. Su jefe militar, Ratko Mladic, fue detenido en 2011 y condenado a cadena perpetua.
¿Qué otras opciones hay?
La CPI no puede juzgar a los sospechosos en ausencia, pero puede hacer avanzar el caso.
Esto fue así en el caso del ugandés Joseph Kony, fundador de la brutal rebelión ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), huido de la justicia desde hace casi 20 años.
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En marzo, la CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, anunció que en octubre celebraría una audiencia clave en ausencia del acusado, si este no hubiera aparecido antes, por primera vez en la historia del tribunal.
Con información de AFP*
