Un proyecto de ley sobre el uso del velo en Irán desató un duro debate en el círculo del poder de esta república islámica, donde los más conservadores se radicalizan en contra del creciente número de mujeres que ya no quiere cubrirse la cabeza.
Y si bien desde la revolución islámica de 1979, la ley iraní impone a todas las mujeres el uso de un hiyab que cubre la cabeza y el cuello en los lugares públicos, son cada vez más las que salen a las calles sin ese atuendo.
Además, esto ha tomado fuerza gracias al movimiento de protesta desencadenado por la muerte de Mahsa Amini –en septiembre de 2022–, una joven arrestada por infracción del estricto código de vestimenta.
Los conservadores defienden apasionadamente la obligación del velo y consideran que su desaparición iniciaría un proceso que modificaría en profundidad las “normas sociales”. En este contexto, el poder judicial y el gobierno propusieron en mayo un proyecto de ley denominado “apoyo a la cultura del hiyab y la castidad” para “proteger la sociedad” y “fortalecer la vida familiar”.
Este texto sugiere reforzar las sanciones, en particular financieras, contra “cualquier mujer que retire su velo en lugares públicos o en internet”.
“Este proyecto de ley propone tipificar como delito el no uso del hiyab, al igual que una infracción de tráfico, pero con multas más severas”, le explicó a la AFP el sociólogo Abbas Abdi.
No obstante, agregó que desde la muerte de Mahsa Amini la sociedad “no acepta que se encarcele a una mujer porque no lleva el velo”.
En los últimos meses, las autoridades tomaron una serie de iniciativas, que van desde el cierre de comercios, en particular restaurantes, hasta la instalación de cámaras en las calles para perseguir a las mujeres que desafían la prohibición.
En los últimos días, al menos tres funcionarios fueron destituidos o detenidos por haber autorizado el acceso de mujeres sin velo a sitios históricos.
El proyecto de ley, que se publicó en medios proclives al Gobierno islámico, prevé que las infractoras reciban primero un mensaje de advertencia de la policía.
En caso de reincidencia, se enfrentan a una multa de 500.000 a 6 millones de tomanes (unos 11 a 129 dólares), una suma importante para muchos iraníes.
A esto se añade la privación de los derechos sociales y la confiscación del coche durante diez días para las mujeres que conducen.
El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, defendió el texto, subrayando la necesidad de no polarizar a la sociedad pese a que comprendía las “preocupaciones de los creyentes” por el incumplimiento del uso del velo.
A la espera de que el Parlamento lo examine, el proyecto de ley suscita la ira de los ultraconservadores, muy activos en el gobierno actual, para quienes no es “suficientemente disuasivo”.
El diario Kayhan consideró que va a fomentar “la expansión de un fenómeno repugnante. Los promotores de la ley “no saben que el enemigo” busca, suprimiendo el velo, “destruir la institución familiar y atacar los fundamentos del sistema islámico”, advirtió el periódico.
Para algunos ultraconservadores, estos llamados a la “desobediencia social” son lanzados por las redes sociales y los medios de comunicación extranjeros, en particular las cadenas de televisión difundidas en persa.
En el seno del poder, “no hay consenso sobre el hiyab” entre los que privilegian la vía de la represión y los que “piensan que hay que probar otros medios”, precisó Abdi.
En este contexto, “el proyecto de ley no satisface ni a los partidarios del hiyab obligatorio ni a los partidarios de la libertad de las mujeres de cubrirse o no la cabeza”, destaca.
En medio de esta polémica por la libertad de decidir de las mujeres sobre cómo vestir, algo que en pleno siglo XXI ni si quiera debería ser una discusión sino un derecho, se han presentado otros disturbios en ese país.
Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon recientemente contra una manifestación convocada por la muerte de un estudiante recientemente liberado, causando varios heridos.
La protesta tuvo lugar en Abdanan, provincia occidental de Ilam poblada por kurdos y fue convocada por la muerte en mayo de Bamshad Soleimankhani, de 21 años, pocos días después de ser liberado de prisión.
