Ser mujer en la República Islámica de Irán significa tener encima a la policía de la moral, dependiente del Ministerio del Interior, vigilándolas para que cumplan a rajatabla la ley islámica.
Esta norma les exige usar la hiyab (un velo que cubre la cabeza y el pecho) y ropas largas, y prohibe el uso de prendas consideradas impúdicas, para los ayatolás (Gobierno), como los pantalones rotos o cortos.
Esta legislación, sin embargo, se encuentra bajo la mirada del mundo, luego de las masivas protestas que protagonizaron, en su mayoría, las mujeres en la calles, quienes realizaron actos revolucionarios para ese país, como cortarse el cabello (una tradición que muestra tristeza por la muerte de un ser querido) y quemar la hiyab.
¿La razón? Todo comenzó en septiembre pasado con la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, quien había sido detenida tres días antes por la policía de la moral por, presuntamente, no cumplir la ley de vestimenta. Las autoridades dicen que colapsó en el centro de reeducación al que había sido trasladada, pero sus familiares aseguran que allí la asesinaron a golpes.
Desde entonces, las calles del país han sido escenarios de masivas y sangrientas protestas contra el régimen de Irán que han dejado centenares de personas muertas. Según cifras oficiales, 200; según organizaciones de derechos humanos, 400 (incluidas menores de edad).
Ante este escenario, han surgido debates sobre la ley islámica, así como una serie de declaraciones contradictorias de altos funcionarios del régimen.
Entre ellos, el del fiscal general, Mohammad Jafar Montazeri, quien dijo que el parlamento y el poder judicial revisan la ley del hiyab del país. Incluso, algunos medios locales citaron al funcionario dando por cierto que la policía moral había sido abolida.
Ante esto, medios cercanos al poder matizaron estas afirmaciones y explicaron que las declaraciones del fiscal eran para ratificar que esa fuerza policial no estaba relacionada con el poder judicial, que está a su cargo.
“La policía moral no tiene nada que ver con el poder judicial. Fue abolida desde el mismo lugar en que fue lanzado. Por supuesto, el poder judicial seguirá vigilando el comportamiento de la sociedad”, dijo.
El coordinador del programa de política internacional del laboratorio de políticas públicas de Buenos Aires (Argentina), Gabriel Puricelli, le explicó a EL COLOMBIANO que, en medio de las declaraciones ambiguas del fiscal, “es evidente que el régimen considera que está frente a un problema difícil y que las protestas son un problema serio en el que se da un debate sobre qué se debería hacer con esa policía”, pero no hay forma de determinar que ya se tomó una decisión en ese sentido.
Sin ir más lejos, a pesar de que las protestas pusieron el ojo mediático sobre Irán, lo cierto es que la situación de derechos humanos en la república islámica siempre ha estado bajo presión diplomática.
Como dijo Puricelli, “es habitual que Irán esté en la agenda y, de hecho, tienen un relator especial de derechos humanos en las Naciones Unidas mucho antes de que empezaran las protestas”.
