El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, declaró este jueves el estado de excepción en Quito y seis provincias más, en respuesta a la creciente violencia de grupos narcotraficantes.
El decreto, que estará vigente por 60 días, afecta a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez.
La medida incluye un toque de queda nocturno en algunas de estas regiones, comenzando a las 22:00 horas, para combatir lo que el gobierno denomina “una grave conmoción interna y conflicto armado interno”. Según el decreto, las zonas afectadas han visto un aumento en la actividad de grupos armados organizados que buscan controlar el territorio y las rutas del narcotráfico.
Ecuador, geográficamente ubicado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo, ha sido un campo de batalla en la lucha contra el narcotráfico.
En los últimos años, bandas locales con vínculos con carteles internacionales de México y Albania pelean ferozmente por el control de las rutas y el mercado de drogas, generando una ola de violencia que ha sacudido al país.
La tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado dramáticamente, pasando de 6 por cada 100,000 habitantes en 2018 a 47 en 2023, una de las cifras más altas en América Latina. Los enfrentamientos entre bandas rivales no solo han invadido las calles, sino también las cárceles, donde más de 460 reclusos han sido asesinados desde 2021 en sangrientas masacres.
El gobierno sostiene que las medidas tomadas hasta ahora han dado resultados. Según el Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2024, Ecuador registró 4,236 asesinatos, una cifra más baja que los 5,112 del mismo período en 2023.
A su vez, las autoridades han incautado un récord de 307 toneladas de drogas en lo que va del año, superando las 219 toneladas decomisadas en 2023.
El presidente Noboa ha declarado de manera continua el estado de excepción desde que asumió el poder, lo que permite la movilización de militares en las calles y la suspensión de ciertos derechos civiles.
A pesar de las críticas por el uso prolongado de estas medidas, el Gobierno ha defendido su necesidad ante la creciente amenaza del crimen organizado.
Aunque el Gobierno asegura que los grupos armados han perdido control territorial en algunas zonas del país, la violencia se sigue extendiendo a otras áreas.
Los recientes ataques armados y matanzas, como los ocurridos en septiembre en Quito, demuestran que el narcotráfico sigue siendo una fuerza dominante que no será fácilmente derrotada.
Ecuador enfrenta un desafío monumental en su lucha por restaurar la seguridad. Con las fuerzas del orden desplegadas por todo el país, el Gobierno de Noboa busca frenar el caos antes de que se extienda más. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto, y los ciudadanos esperan que estas medidas sean suficientes para detener el avance del crimen organizado.
