El decreto, contra el cual la justicia ya admitió un amparo colectivo de organizaciones civiles, debe ser refrendado en el Congreso.
El megadecreto de desregulación económica promulgado por el presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta a una avalancha de demandas que pretenden echar al traste las medidas, que siguen siendo rechazadas por la oposición, mientras que las centrales obreras piden a la justicia que lo declare inconstitucional.
Según sus promotores, el decreto 70/2023 debe ser declarado nulo debido a que no existe la emergencia que planteó el mandatario ultraliberal para justificar su promulgación.
Milei está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”, dijo a la agencia de noticias EFE el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En respuesta, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió que la iniciativa es “completamente legítima”.
“¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas”, declaró el funcionario al diario Clarín.
El Congreso argentino inicio este martes sesiones extraordinarias convocadas por el presidente para debatir leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica.
“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas, a la ley electoral y a las funciones del Estado.
Pero el foco está puesto en el decreto con más de 300 leyes que Milei firmó la semana pasada y cuyo contenido despertó protestas callejeras, reacciones de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras este miércoles para pedir que la justicia lo declare inconstitucional.
Este martes se oficializó además la anulación por decreto de los contratos de unos 7.000 empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira a llegar al equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%.
También quita topes a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, deja sin efecto la ley que establecía aumentos trimestrales a las jubilaciones y allana el camino a la privatización de empresas públicas y la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas.
El decreto, contra el cual la justicia ya admitió un amparo colectivo de organizaciones civiles, debe ser refrendado en el Congreso, pero no fue incluido en el temario de las extraordinarias.
Entrará en vigor el viernes, diez días después de su firma, independientemente de su análisis en el Congreso que solo puede aprobarlo o invalidarlo en su totalidad, sin modificar su contenido. Para rechazarlo es requisito que tanto la Cámara de Diputados como el Senado voten en contra.
El partido de Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha), tiene 40 de los 257 diputados y siete de 72 senadores, en tanto la oposición conserva la primera minoría en ambas cámaras.
Las demás fuerzas son tres partidos de centro y de derecha de la coalición Juntos por el Cambio, que tienen la segunda minoría, además de una pequeña representación de la izquierda y otras agrupaciones provinciales.
